Ecuador: a cinco años del intento de golpe contra Correa, anuncian la desclasificación de documentos
El fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga, ha anunciado la desclasificación de documentos en las investigaciones sobre la revuelta policial del 2010, una sublevación de la que hoy se cumplen cinco años y que el Gobierno considera un intento de golpe de Estado contra el presidente Rafael Correa.
El 30 de septiembre del 2010 se produjo una protesta de policías que derivó en un alzamiento de proporciones en el que Correa, que fue agredido, se refugió en un hospital de la Policía.
“La desclasificación de la información por parte del Consejo de Seguridad Pública (Cosepe) permitirá descubrir quién disparó contra los dos militares y dos policías fallecidos el 30 de septiembre del 2010”, aseguró Chiriboga esta semana, al apuntar que el próximo 12 de octubre se reunirá con los integrantes del Cosepe por este asunto. “El presidente ya dispuso la desclasificación de documentos que son claves para saber quiénes estuvieron en los diferentes lugares donde sucedieron esas muertes”, dijo Chiriboga.
179 personas han sido declaradas culpables por los hechos ocurridos el 30S
La desclasificación de información del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Consepe) permitirá conocer, 5 años después de la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010, de quién era el arma, las balas y quiénes dispararon y acabaron con la vida de los policías Froilán Jiménez y Efrén Calderón, y de los militares Darwin Panchi y Jacinto Cortez.
Así lo confirmó el fiscal General, Galo Chiriboga, al ser consultado sobre los 41 procesos abiertos en 17 provincias por esos hechos, para sancionar a los autores intelectuales y materiales de este episodio que habría buscado atentar contra la democracia en Ecuador.
De los 41 procesos abiertos: 20 fueron por el delito de suspensión de servicios públicos; 5 por atentado contra la seguridad del Estado; 4 por asesinato; 4 por incitación a la rebelión; 2 por insubordinación; 2 por no proteger las evidencias; 1 por detención ilegal de personas; 1 por sedición; 1 por tentativa de magnicidio y 1 por el presunto plagio al Presidente de la República.
Al cabo de 5 años del 30-S, en base a las investigaciones técnicas y científicas se lograron sentencias en 31 de los 41 procesos abiertos: 251 personas fueron procesadas, de ellas, a 179 se las declaró culpables y a 72 inocentes (ver gráfico).
Entre los declarados culpables consta el exmayor del Ejército, Fidel Araujo, sentenciado a 3 años de prisión por incitar a la rebelión.
Para evitar errores y que la oposición insista en que se trata de una persecución política -según Chiriboga-, la Fiscalía contó, incluso, con asistencia penal internacional de Colombia, Perú y Venezuela. Se solicitó esto en base a lo que dispone la “Convención Interamericana de Asistencia Mutua en Materia Penal”, aprobada en Nassau (Bahamas) el 29 de mayo de 1992, y en lo estipulado en el “Acuerdo para incentivar la cooperación y asistencia legal mutua entre los miembros de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos”, suscrito el 4 de diciembre de 2003 en Quito.
Falta establecer las tentativas de golpe de Estado y plagio al Presidente, así como a los autores de la muerte de los 4 uniformados. Aún no se dispone de pruebas y los casos siguen en indagación previa.
En lo referente a Panchi y Cortez, quienes eran parte del equipo militar de rescate al Presidente, la Fiscalía ya tiene toda la evidencia necesaria. Estos soldados murieron en el Regimiento Quito 1 de la Policía. Fueron enterrados sin practicarles la autopsia de ley, por lo que se debió hacer una ‘acción urgente’ para poder reactivar el proceso, exhumar los cadáveres y extraer las balas.
“Estos proyectiles los tenemos, fueron debidamente periciados en el exterior. Lo que buscamos ahora, a través del levantamiento de la reserva de información (del Consepe) es identificar a qué arma pertenecieron y a cargo de quién estaba esa arma y munición”, indicó Chiriboga.
El levantamiento del sigilo de esa información ya fue autorizado por el presidente Correa. Los trámites no han permitido concretar aún este punto, que será vital para determinar culpables.
Para descifrar esas muertes, la Fiscalía utilizará la misma metodología empleada en el caso de la muerte del estudiante Pablo Bolaños, aquel 30-S: se extrajo las balas del cuerpo, se las perició en el exterior y con la información obtenida se la comparó con más de 800 armas del rastrillo de la Policía Nacional. Todo esto permitió a la Fiscalía dotar a los jueces de elementos de convicción o pruebas. Gracias a ello, el expolicía Francisco Guzmán fue declarado culpable y sentenciado a 6 años de reclusión mayor y a pagar una indemnización de $30 mil.
Sobre al caso de los policías Froilán Jiménez y Efrén Calderón, la Fiscalía tiene las balas que los mató, las mismas que fueron enviadas a Colombia para ser periciadas y ya están de retorno al país.
“Una vez que podamos identificar a quién le correspondió la dotación de esa munición y el arma, sabremos quién disparó, por ejemplo, a Froilán. Eso lo obtendremos cuando se desclasifique la información sobre este tema específico. En la Fiscalía se encuentra esto en indagación previa”, dijo Chiriboga.
