“Vamos a ser su piedra en el zapato” – Revista SinEmbargo, México
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Desde que México y el mundo conocieron la tragedia de Iguala, Guerrero, hace ya casi un año y, luego, la lentitud e indiferencia con que el Gobierno federal, que preside Enrique Peña Nieto, respondió a esta crisis de Estado, se vislumbró que el asesinato de tres estudiantes y la desaparición forzada de otros 43 alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, sería una de las manchas más grandes del sexenio del priista mexiquense.
Después, a lo largo de 12 meses, esa idea se ha confirmado: hoy por hoy, el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa es ya la marca indeleble de una administración en la que la soberbia para no reconocer errores y la falta de voluntad para llevar a todos los culpables –por acción y omisión– a la cárcel ha sido una constante.
Ayotzinapa no sólo agravia a las familias, a los amigos, a los estudiantes de esa institución enclavada en Tixtla, una de las regiones más pobres de la ya de por sí pobre estado de Guerrero.
Ayotzinapa es un agravio para todos los mexicanos que buscan, desde diversas trincheras, un país justo y con mejores condiciones de bienestar en todos los sentidos.
El segundo encuentro entre el Presidente Peña Nieto y los padres de familia de Ayotzinapa fracasó, como el primero, por la misma razón: el Gobierno federal no acepta sus errores, no acepta que actuó tarde, mal y sin imparcialidad para, desde las primeras horas de aquella persecución infame en Iguala, llevar ante la justicia a todos los implicados, fueran funcionarios públicos –del ex Gobernador Ángel Aguirre Rivero hasta abajo–, elementos de la policías municipal y federal, o incluso del Ejército mexicano.
Ahora, enredado como está por una serie de conclusiones que involucran también la actuación de Jesús Murillo Karam, ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR) y muchos otros funcionarios de esa dependencia que aún operan en esa Fiscalía, y señalado por críticas de especialistas y medios de comunicación nacionales y extranjeros, el Gobierno de Peña no encuentra una salida, y prefiere sostener su estrategia de dilación haciendo compromisos que, lo demuestran los del encuentro de hace 11 meses en Los Pinos, no va a cumplir.
La primera condición habría sido aceptar que toda la investigación se hizo mal, que se sesgó por cuestiones políticas y compromisos ajenos a la justicia, y que el Estado mexicano le ha fallado no sólo a esas decenas de familias que viven desde hace un año en la angustia, sino a las cientos de miles que reclaman al Gobierno federal saber el paradero de sus seres queridos, en una país donde cunde por la desaparición forzada.
“Vamos a ser su piedra en el zapato”, dijo ayer una indignada madre de familia de los 43 de Ayotzinapa. “No nos vamos a ir, no nos vamos a cansar”, añadió en una cita con la prensa, tras la reunión celebrada en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad, en la Ciudad de México.
Y sí, Ayotzinapa se convirtió en “la piedra del zapato” del Presidente… Y sin voluntad política para resolver este desbarajuste en que el mismo Gobierno federal convirtió el caso, esa piedra se quedará ahí para siempre.
