Se espera que Farc y Gobierno firmen hoy crucial acuerdo sobre justicia transicional
Se espera para este miércoles el más importante acuerdo logrado en el proceso de paz desde su inicio. Se trata del punto de justicia que Caracol Radio pudo establecer que está a punto de firmarse entre el Gobierno y la guerrilla de Las Farc.Los jefes del equipo negociador de Gobierno viajaron hoy a Cuba, antes el próximo ciclo de negociaciones.
Los puntos sobre los cuales se establece el acuerdo incluyen un tribunal especial, la realización de juicios y condenas que no serían pagadas con cárcel. Incluso se prevé que podrían ser recluidos en colonias agrícolas en varios departamentos del país e incluso su participación en programas de desminado y participación activa en comisiones de la verdad.
Dentro del esquema de justicia restaurativa, que busca repara el daño causado, se establecerá una priorización de casos emblemáticos que permitan el juzgamiento para que eso procesos no queden en la impunidad.
Las víctimas son el eje central del acuerdo porque las Farc se comprometen a repáralas contando la verdad de lo sucedido. Para cubrir con el tema económico se evalúa que la guerrilla entregue tierras y dinero.
Los negociadores siguen analizando los puntos que tienen que ver con militares procesados y guerrilleros presos.
Santos: “Acuerdo sobre justicia no dejará contentos a todos”
De La Habana llegaría pronto la noticia de un nuevo acuerdo en la mesa de paz entre el Gobierno Nacional y las Farc. Sería el pacto sobre justicia transicional y el cuarto punto en que coincidirían las partes.
De acuerdo con las informaciones que se han filtrado a los medios de comunicación, se espera para hoy la firma de este inciso, luego de que los jefes del equipo negociador del Gobierno viajaran ayer de imprevisto a Cuba, en una fecha anterior al próximo ciclo de negociaciones, que no se iniciaría sino hasta el próximo 28 de septiembre.Según la información de Caracol, las partes se habrían puesto de acuerdo en “un tribunal especial, la realización de juicios y condenas que no serían pagadas con cárcel (…), reclusión en colonias agrícolas en varios departamentos del país e incluso su participación en programas de desminado y participación activa en comisiones de la verdad”.
Así mismo, se aplicaría un sistema de justicia restaurativa, cuyo fin primordial será el de reparar el daño causado, en el marco de un esquema de priorización de casos emblemáticos que permitieran un juzgamiento menos disperso pero, al mismo tiempo, que aseguraran que estos graves hechos no quedaran en la impunidad.
Los compromisos de la guerrilla
Las Farc, por su parte, se comprometerían a entregar sus tierras y dinero para reparar a sus víctimas, ante quienes, además, contarían la verdad de todo lo ocurrido en el marco de un conflicto de más de 50 años.
“Los negociadores siguen analizando los puntos que tienen que ver con militares procesados y guerrilleros presos”, se lee finalmente en el portal del medio radial.
El asunto de la justicia transicional, que pretende hallar responsables de los más de 220 mil muertos de la guerra y de los más de seis millones de desplazados, es, por supuesto, uno de los que más distancia al Gobierno y los partidos de izquierda con los de la oposición de derecha, pues supone ‘culpas’ repartidas de grupos armados ilegales, la fuerza pública y poderes políticos y económicos.
No todos estarán contentos
Al respecto, el presidente Juan Manuel Santos advirtió ayer que a pesar de los avances en el tema de justicia transicional, no todos van a estar de acuerdo con lo pactado.
En el seminario ‘Nuevas formas de conquistar mercados’, realizado en la Cámara de Comercio de Bogotá, el jefe de Estado señaló: “no todo el mundo va a quedar contento pero estoy seguro que a la larga será mucho mejor (…). Nadie puede quedar totalmente contento, pero el cambio va a ser muy positivo”.
En este mismo sentido manifestó: “rezo todos los días para que lleguemos a esa línea muy rápido en algún momento, porque entre más rápido, menos víctimas habrá hacia el futuro”.
El viaje imprevisto
Los negociadores de paz del Gobierno viajaron ayer a La Habana ya se sabía que para tratar el tema de la justicia transicional por fuera del ciclo normal de las negociaciones.
El anuncio lo había hecho en su cuenta de Twitter el presidente Santos, quien señaló que el “equipo negociador vuelve a La Habana con instrucciones precisas de continuar avanzando en el tema de justicia”.
Del equipo que viajó a la capital cubana hacen parte, entre otros, el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle; el alto comisionado de Paz, Sergio Jaramillo; y los negociadores Frank Pearl y Óscar Naranjo, este último general retirado de la Policía, según una fotografía tomada dentro de un avión y divulgada por Santos. Según fuentes oficiales, estas reuniones tienen carácter privado y son aparte del próximo ciclo de diálogos, que comenzará el 28 de septiembre y se prolongará hasta el 8 de octubre.
El pasado 17 de septiembre, cuando concluyó el ciclo anterior, los negociadores de las Farc afirmaron que esa guerrilla está lista para «abordar y discutir» los procedimientos para el «tránsito de organización alzada en armas a movimiento político abierto».
Y anunciaron entonces, en palabras del jefe negociador subversivo, alias Iván Márquez, que las partes estaban «a las puertas de un entendimiento» en el tema de justicia.
El proceso
Los avances llegan en un momento en que los diálogos atravesaban por la extendida tregua unilateral por parte del grupo rebelde, decretada desde el pasado 20 de julio, y el desescalamiento de las acciones por parte de la fuerza pública, luego de un par de meses de violencia que dejaron decenas de muertes de lado y lado y voladuras de oleoductos y torres de energía.
La mesa, dispuesta en la isla caribeña desde noviembre de 2012, cambió desde julio pasado su dinámica luego de que desde agosto de 2014 no se pudiera avanzar en el cuarto punto de las víctimas ni en el quinto del fin del conflicto. Inicialmente se habían pactado cinco temas, de los cuales se habían superado tres: desarrollo rural, participación política y narcotráfico.
Se dispuso entonces que durante estos cuatro meses, de julio a noviembre, que puso el presidente Santos de plazo para definir la viabilidad del proceso, se discutirían, por subcomités técnicos, los asuntos de la justicia transicional y el cese bilateral.
