Ayotzinapa: crecen protestas y reclamos a Peña Nieto a cuatro días del primer aniversario de la desaparición de los normalistas
Padres de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa desaparecidos hace casi un año y alumnos de dicho plantel irrumpieron ayer por la mañana en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde destruyeron equipo de cómputo, cámaras de vigilancia y papelería, además de dañar cuatro vehículos.
Los estudiantes y los padres de familia salieron antes de las nueve de la mañana de la normal de Ayotzinapa, y se trasladaron hasta las oficinas de la FGE –ubicadas al sur de la ciudad–, donde colocaron fotografías de los 43 desaparecidos en los ventanales de la dependencia. Minutos más tarde, entraron a varias oficinas de la fiscalía y causaron destrozos.
Luego de dañar cuatro vehículos que se encontraban afuera de la dependencia, se trasladaron a la Autopista del Sol, en el sentido México-Acapulco, donde realizaron un «boteo informativo» durante más de media hora, y regresaron a la normal de Ayotzinapa.
En entrevista, Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro Regional de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, explicó que «las protestas realizadas este día fueron con el objetivo de exigir al gobierno federal la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre (de 2014), porque el gobierno no ha resuelto ésta, que es la principal demanda del movimiento».
Agregó que padres y normalistas esperan «que nos digan el lugar y la hora en que nos vamos a reunir con el presidente Enrique Peña Nieto, pues sólo está confirmado el día de la reunión, que es el 24 de septiembre». Afirmó que el gobierno pretende “seguir impulsando la ruta de la «verdad histórica, que nunca existió».
En cuanto a las declaraciones de Gildardo López Astudillo, El Gil, dirigente del grupo criminal Guerreros unidos, dijo que “la declaración que nosotros conocemos de la PGR (Procuraduría General de la República), es que en ningún momento El Gil ratifica ni confirma esta tesis del basurero” de Cocula, donde se habría incinerado a los estudiantes.
Insistió en que El Gil nunca dijo que “él ordenó o entregó a los estudiantes a Guerreros unidos, y que ordenó su asesinato e incineración, puede ser que más tarde haya declarado otras cosas”.
Recordó que López Astudillo aceptó «haberse reunido con un personaje de nombre César Nava, un gallero, poco después de las dos de la madrugada (del 27 de septiembre). Dice que lo conoció como gallero y ganadero, y que tenía una amistad con él, y eso coincide con lo señalado por la PGR, según dice, después de haber entregado a los estudiantes, pero eso es la declaración oficial».
Destacó que El Gil niega «que entregó a los estudiantes, y sólo reconoce que se reunió con César Nava, quien le dijo que hubo un incidente con estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, en donde hubo disparos». Eso significa, agregó Rosales Sierra, «que el caso Ayotzinapa está en cero, porque (López Astudillo) no aportó nada en su declaración y tampoco está confirmando la línea del basurero de Cocula, como insiste la PGR».
Consideró que estos “son movimientos calculados por la PGR, en una coyuntura propicia, ellos hacen la detención (de El Gil), a pesar de que los padres de familia dieron datos de dónde se le podía ubicar. Se le dieron datos a la Policía Federal, pero no lo detuvieron”.
Por la tarde, el fiscal de Guerrero, Miguel Ángel Godínez, manifestó en conferencia de prensa que por los daños que causaron padres de familia y normalistas se interpuso la averiguación previa DGCAP/0253/2015, en contra de quien resulte responsable por los daños.
Exigen a EPN aclarar “inconsistencias y engaños” sobre caso Ayotzinapa
Académicos e investigadores de 16 instituciones de nivel superior en México exigieron al presidente Enrique Peña Nieto el esclarecimiento de todas las “inconsistencias y engaños” contenidos en la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala Guerrero, con saldo de seis muertos y 43 normalistas desaparecidos.
En una carta enviada al Ejecutivo, solicitaron que se amplíe de manera indefinida el plazo de estancia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), hasta que se aclaren los sucesos, y que se les garantice el acceso a “toda la documentación, personas e instituciones públicas como privadas” que estuvieron vinculadas con los hechos.
“Reprobamos la actitud de las autoridades de procuración de justicia federal y del estado de Guerrero por la creación de una historia revictimizante y su insistencia de reconocerla como la verdad histórica. El Estado mexicano debe cumplir con las recomendaciones del informe (del GIEI-CIDH) e investigar a las y los servidores públicos que obstruyeron la justicia”, puntualiza la misiva firmada por 87 académicos e investigadores de las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM) e Iberoamericana (UIA), entre otras instituciones.
El texto, enviado también al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; a la procuradora general de la República, Arely Gómez, y a las cámaras de Diputados y Senadores, destaca que en el informe del GIEI que se hizo público el pasado domingo 6, se informó de diversas “inconsistencias y engaños contenidos en la investigación penal contra las personas responsables de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014”.
Añade: “Resulta una ofensa para las víctimas y la sociedad en general, que a un día de la presentación del Informe del GIEI, servidores públicos del más alto nivel en la Procuraduría General de la República se pronunciaran en contra del mismo”.
En ese sentido, los firmantes coinciden en que el Estado mexicano debe refrendar su compromiso con las víctimas y el respaldo al GIEI, “con la inmediata destitución de servidores públicos que continuarán obstaculizando la acción de la justicia”.
Y consideran que aunque el mandato del GIEI se amplió por un par de meses, ante “la magnitud del trabajo que realizan debe considerarse un plazo indefinido, hasta el esclarecimiento de los hechos”.
Además, el Estado mexicano, a través de todas sus autoridades, “debe respaldar públicamente al GIEI, quienes gozan de una alta calidad moral, amplio conocimiento en materia de derechos humanos y experiencias en hechos de igual o mayor magnitud de violaciones de derechos humanos ocurridas en países como Colombia, Perú, Paraguay, Ecuador y Guatemala”, apunta la misiva.
En ese contexto, los académicos e investigadores exigen al gobierno mexicano “el cumplimiento de las recomendaciones” hechas por el Grupo de Expertos de la CIDH y que se individualice la responsabilidad de quienes “actuaron con dolo, mala fe o negligencia, para obstruir la persecución penal de las ejecuciones arbitrarias, tortura y desaparición” ocurridas en Iguala.
También piden la participación del GIEI en todas las actuaciones ministeriales que se realicen y su conformidad con la elección de peritos independientes, así como su presencia en la ejecución de las periciales correspondientes.
Finalmente, exigen “no criminalizar las manifestaciones públicas que se realicen, las cuales derivan de la ineficiencia e ineficacia de las instituciones del Estado mexicano para garantizar un acceso a la justicia”.
111 detenidos por el ataque a los normalistas, ¿quiénes son?
La investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ha llevado a prisión, según el balance oficial, a 111 exfuncionarios y delincuentes. Sin embargo, entre ellos no hay hasta ahora ningún servidor público, policía estatal o federal, ni algún criminal considerado como prioritario por el gabinete de seguridad.
Animal Político hizo una revisión de todas las detenciones que se han hecho públicas por parte de la Fiscalía de Guerrero y de la Procuraduría General de la República (PGR), ambas encargadas en distintos momento de la investigación, así como de los informes del Consejo de la Judicatura Federal, responsable de los procesos.
El resultado: solamente se ha hecho pública la identidad de 78 de las 111 personas que han sido detenidas y consignadas como resultado de las investigaciones por la desaparición de los normalistas, desde octubre del año pasado hasta la fecha.
A pesar de haber sido detenidos como parte de la investigación del caso de los estudiantes víctimas de desaparición forzada en Iguala, Guerrero, no todos están acusados directamente de haber participado en el plagio.
Los 33 nombres que no se conocen, de acuerdo con el cruce del balance oficial, serían principalmente personas ligadas con el grupo delictivo Guerreros Unidos, al que se responsabiliza de haber perpetrado, en colusión con autoridades municipales, el secuestro y presunto homicidio de los normalistas.
En general, los detenidos pertenecen a tres grupos: policías municipales de Iguala, policías municipales de Cocula –un municipio colindante– y personas vinculadas con el mencionado grupo delictivo. A ellos se suman el ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa; así como la joven que presuntamente los encubrió cuando se escondieron en la Ciudad de México.
No hay policías federales ni militares detenidos, ni tampoco agentes estatales. Del más de medio centenar de supuestos delincuentes detenidos, ningún nombre aparece entre la lista de los más de 90 objetivos criminales ya neutralizados por el gobierno federal.
Los Abarca
La pareja gobernaba en Iguala, José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda, fueron señalados casi desde las primeras semanas del caso como los autores intelectuales de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.
Según la llamada “verdad histórica” de la PGR, dada a conocer por el exprocurador Jesús Murillo Karam, el móvil de la agresión a los normalistas fue que se temía que interrumpieran el informe que daba Pineda en su calidad de presidenta del DIF. La PGR dijo tener registros de comunicaciones por radio en donde Abarca instruyó a los mandos policiales de Iguala proceder.
No obstante, los hallazgos recientes han demostrado que la llegada de los normalistas fue posterior al referido evento, lo que ha debilitado el móvil inicial del caso
El ex presidente municipal y su esposa fueron capturados, tras una intensa búsqueda y trabajo de inteligencia, en un domicilio de la colonia Tenorios, delegación Iztapalapa, en el Distrito Federal. De acuerdo con versiones previas a su detención, habían estado ocultándose en Morelos, Tlaxcala y Querétaro.
Junto con los Abarca fue detenida Noemí Berumen, una joven hija de un empresario dedicado al alquiler de grúas, y quien mantuvo escondida a la ex pareja presidencial en el domicilio de Iztapalapa propiedad de su familia.
Los policías de Iguala
Actualmente se encuentran encarcelados 43 elementos de la Policía Municipal de Iguala, responsables de haber perpetrado la primera agresión en contra de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, la noche del 26 de septiembre de 2014, aunque el principal mando de esa corporación sigue prófugo.
De los agentes que ya están presos el de mayor jerarquía es Francisco Salgado Valladares, ex subdirector de la Secretaría de Seguridad Pública de Iguala, capturado el pasado 9 de mayo en el estado de Morelos.
De acuerdo con la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Salgado Valladares era el encargado de recibir directamente del grupo criminal Guerreros Unidos más de 600 mil pesos al mes para ser repartidos entre los agentes corruptos que daban protección a las actividades delictivas en la zona.
Los policías de Iguala han sido detenidos en distintos momentos. Primero fueron 22 agentes asegurados por la Fiscalía de Guerrero en octubre del año pasado. Unas semanas después fueron capturados diez más y el 29 de diciembre pasado un nuevo grupo de otros diez policías que había logrado eludir la orden de aprehensión girada en su contra.
La averiguación de la PGR ha planteado que fueron los agentes municipales de Iguala los que agredieron con armas de fuego a los estudiantes, matando por lo menos a tres de ellos e hiriendo de gravedad a otro grupo. Luego se encargaron de la retención ilegal de 43 normalistas que entregaron a agentes de Cocula, el municipio aledaño.
El ataque fue instruido por Felipe Flores Velázquez, director de la Policía de Iguala, y quien supuestamente acató las órdenes de José Luis Abarca. La PGR considera su captura como clave para el desenlace de las investigaciones pero hasta ahora no ha materializado.
Los agentes de Cocula
La Policía Municipal de Cocula es la segunda fuerza de seguridad involucrada en el ataque a los estudiantes de Ayotzinapa. Hay en total 15 elementos de esa corporación detenidos y ya procesados.
El 14 de octubre del año pasado, el jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomas Zerón, dijo que el resultado de las indagatorias confirmaba que los policías de Iguala entregaron a agentes municipales de Cocula al grupo de normalistas ilegalmente retenidos.
“Los policías detenidos confesaron que alteraron las bitácoras de traslado y número de patrullas para ocultar la operación que se había llevado a cabo. Fueron ellos los que entregaron a los normalistas a elementos del crimen organizado”, señaló Zerón.
Los 14 agentes capturados originalmente fueron policías municipales preventivos pero, el 21 de noviembre del año pasado fue detenido César Nava González, subdirector operativo de esa corporación. De acuerdo con la PGR, Nava era quien recibía los sobornos del grupo Guerreros Unidos para permitir su operación en el área.
La Procuraduría también detuvo en su momento al presidente municipal de Cocula, César Miguel Peñaloza Santana, para indagar sus vínculos con el crimen organizado, pero tras declarar fue liberado bajo reservas de ley.
Los “Guerreros” y los que faltan
De acuerdo con el balance oficial, hay más de medio centenar de presuntos integrantes y personas ligadas al grupo delictivo Guerreros Unidos detenidos hasta ahora, como resultado de las investigaciones por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Pero la revisión hecha por Animal Político arroja que sólo se ha hecho pública la detención de 17 de ellos.
Ninguno de los capturados aparece en la lista de los más de 90 objetivos prioritarios del crimen organizado que ya fueron capturados.
El detenido de mayor jerarquía es Sidronio Casarrubias Salgado, capturado por agentes federales en Morelos, y que antes perteneció a la estructura delictiva del cártel de los Beltrán Leyva, al igual que varios de sus cómplices.
De acuerdo con lo revelado por la PGR, Sidronio Casarrubias no participó activamente en la agresión en contra de los normalistas pero si fue quien dio autorización a su lugarteniente, Gildardo López Astudillo, para que procediera con el ataque bajo el argumento de que pensó que se trataba de integrantes del grupo delictivo de Los Rojos.
Otra captura destacada es la de Rubén Nuez Salgado, operador financiero de Guerreros Unidos. La PGR señala que él era el responsable directo del pago de los sobornos a los cuerpos de seguridad coludidos con el grupo criminal, entre ellos los 600 mil pesos que mensualmente se le daba a los mandos de la Policía de Iguala.
Los dos principales lugartenientes de Casarrubias ya fueron capturados también. Uno de ellos es Normal Isai Alarcón Mejía y el otro es Gildardo López Astudillo, alias el Gil. Fue este último el que habría estado a cargo de toda la operación para presuntamente asesinar y desaparecer a los normalistas, que según la PGR, fueron quemados en un basurero de Cocula.
Entre el grupo de sicarios de Guerreros Unidos capturados destaca el caso de Felipe Rodríguez Salgado, alias el Cepillo, quien declaró –según lo revelado en diciembre por el entonces procurador Jesús Murillo Karam– la forma en que supuestamente fueron quemados los estudiantes de Ayotzinapa y sus restos colocados en bolsas que luego se arrojaron al río.
Respecto a la identidad de otros integrantes de este grupo criminal cuyas capturas no se han dado a conocer, en el Consejo de la Judicatura Federal confirmaron que las consignaciones se han hecho a juzgados federales de Tamaulipas sin embargo, por determinación del juez se resolvió no dar a conocer detalles de las mismas.
