Una reforma laboral que dañará al país – Diario La Tercera, Chile
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
EL OBJETIVO declarado del proyecto de reforma laboral aprobado por la Cámara de Diputados es «equilibrar» fuerzas entre empresarios y trabajadores en la negociación de remuneraciones en las empresas. En lo que afecta a las empresas de mayor tamaño, el gobierno definió indicaciones a dicho proyecto para incorporarle, entre otras correcciones, algo que se acerque en sus efectos al reemplazo interno de trabajadores en huelga, que vetan la CUT y sectores del oficialismo. Tras una discusión aparentemente técnica para lograr «proporcionalidad», sin embargo, lo que el gobierno afina es una reforma que satisface la presión de grupos de interés vinculados al mundo sindical, y que representa uno de los golpes más severos al modelo económico social chileno.
Mientras en su alocución a los empresarios participantes en el Chile Day, en Londres, el ministro de Hacienda invitaba a trabajar para devolver su legitimidad a la empresa privada y el sistema de mercado, con su propuesta de reforma laboral transforma en ley una visión profundamente descalificadora de esas mismas instituciones. En la lógica de la reforma laboral, no se entiende el mercado laboral chileno como una institución que permite a los trabajadores ganar remuneraciones en línea con su productividad. La reforma responde al diagnóstico de un mercado en que empleadores poderosos imponen salarios bajo su productividad a trabajadores débiles y desprotegidos. Por eso, y sin ninguna referencia a productividad, la reforma da a los sindicatos una licencia para monopolizar y administrar la oferta de servicios laborales a las empresas, con el objetivo de aumentar las remuneraciones de sus socios con recursos extraídos desde la remuneración al capital.
Las repercusiones de sustituir el mercado y la competencia por mecanismos de reparto en base a «equilibrio» de fuerzas, son profundas y múltiples. Para los empresarios, ver limitada su libertad de contratación y enfrentarse a una lógica de determinación de remuneraciones en función de evitar la parálisis de la empresa es un fuerte desincentivo a invertir y a generar empleo. Para los trabajadores, los incentivos serán a fortalecer su capacidad de ejercer la fuerza, en desmedro de un mayor énfasis en la capacitación y desarrollo de productividad que premiaba el mercado.
En una nueva negociación, los ministros de Hacienda y Economía concordaron con parlamentarios oficialistas y oposición un conjunto de indicaciones para eximir a las micro y pequeñas empresas de algunas de las regulaciones que está incorporando la legislación laboral. Estos acuerdos -como aumento en el quorum exigido para constituir sindicatos y el reconocimiento de grupos negociadores diferentes al sindicato- que parecen necesarios a la luz del contenido de la legislación en gestación, hacen aún más evidente las graves limitaciones que afectarán a las empresas de mayor tamaño.
El nuevo modelo laboral no podrá replicar el crecimiento de la masa de remuneraciones al 5,7% (promedio, real) por año de los últimos veintiocho años, que acercó al país hacia el desarrollo. En cambio, medidas que sí mejorarían el mercado laboral han quedado pendientes. El país se encamina así a una mayor conflictividad y menor crecimiento.
