Argentina: la Justicia de Tucumán anula las elecciones, llama a nuevos comicios y el gobierno denuncia jugada destituyente
En un polémico fallo, la Sala I de la Cámara en lo Contencioso y Administrativo de Tucumán declaró nula la elección realizada en Tucumán el 23 de agosto y ordenó al Ejecutivo provincial, encabezado por José Alperovich, realizar una nueva convocatoria a elecciones. Hay 48 horas para que las partes realicen apelaciones.
La Cámara envió una cédula de notificación a todas las partes intervinientes en la elección y a la junta electoral provincial en la que informó que decidió «hacer lugar parcialmente a la acción de amparo» presentada por el frente electoral Acuerdo para el Bicentenario que lleva al radical Cano y declarar «la nulidad» de los comicios «debiendo el poder ejecutivo realizar una nueva convocatoria a elecciones».
El dictamen de los jueces Salvador Norberto Ruiz y Ebe Marta López Piossek se conoció luego que este martes se completara el trámite de recolección de pruebas. El fallo de 50 hojas y 8 de fundamentos no toma en cuenta la quema de urnas otrora denunciada por el radicalismo, pero sí toma varias pruebas del programa de periodismo de Jorge Lanata en Canal 13.
Desde el oficialismo se adelantó que Juan Manzur, candidato del FpV y vencedor en los comicios, apelará la medida. En ese sentido, la dirigencia provincial del FpV ya definió que pedirá la revisión del ante la Cámara con la intención de llevar la decisión final a la Corte.
Vale recordar que Ruiz había sido quien firmó la medida cautelar a favor del frente opositor Acuerdo para el Bicentenario que frenó la proclamación de ganadores. Por su parte, López Piossek fue convocada luego que el juez natural de la Cámara, Horacio Ricardo Castellanos, se excusó de opinar en la causa por poseer «enemistad manifiesta» con uno de los abogados que representan al ApB, del radical José Cano.
El frente opositor había exigido la anulación del acto eleccionario, la suspensión del escrutinio definitivo y que se convoque a nuevos comicios en todas las categorías por considerar que «la elección en Tucumán presenta elementos de un fraude integral que supera a los hechos ocurridos solamente el día de la votación».
Ante esa demanda, el juez Ruiz dictó una cautelar que ordenó a la Junta Electoral Provincial «abstenerse de dar por concluido el proceso de escrutinio definitivo que se encuentra llevando a cabo y de proclamar ganadores», además de custodiar las urnas, sobres, boletas y planillas de votación hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
El escrutinio definitivo a cargo de la JEP determinó que el candidato del Frente para la lista Victoria Juan Manzur alcanzó 491,951 votos (51,64%), mientras que Cano quedó en el segundo lugar con 380.418 votos, lo que representa el 39,94% de las adhesiones.
El gobierno tucumano dijo que el fallo «es un verdadero golpe de estado judicial»
El gobierno de Tucumán confirmó que apelará la sentencia de la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativa, que dictaminó la anulación de las elecciones y ordenó que se vote nuevamente, y mediante un comunicado anunció que este jueves «interpondrá un recurso de casación» ya que considera que el fallo «atenta contra el sistema democrático y es un verdadero golpe de estado judicial».
Mediante el parte difundido por la secretaría de Prensa y Difusión de la provincia, el gobierno sostiene que el fallo conocido en las últimas horas «ignora la voluntad del pueblo y genera un estado de incertidumbre y anarquía».
«Esto es un verdadero golpe de estado judicial», sostuvo el Gobierno sobre la resolución del la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que declaró hoy la «nulidad de los comicios» llevados a cabo el 23 de agosto en esa provincia e instó al Poder Ejecutivo local, encabezado por José Alperovich, a realizar una «nueva convocatoria a elecciones».
«El gobierno de Tucumán no dejará firme la sentencia de la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativa que dictaminó la anulación de las elecciones y ordenó que se vote nuevamente», señala textualmente el comunicado.
«Por ello el Estado interpondrá recurso de casación, considerando que el fallo atenta contra el sistema democrático de gobierno, ignora la voluntad del pueblo y genera un estado de incertidumbre y anarquía. Un verdadero golpe de estado judicial», agregó.
El Gobierno rechazó el fallo que anuló las elecciones de Tucumán: «Es destituyente»
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández , rechazó con dureza el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que anuló las elecciones de Tucumán por sospechas de fraude, ratificó que el Frente para la Victoria acudirá hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación para dirimir la controversia judicial y atacó a la oposición local.
«Destituyente» y «prevaricato», fueron las dos calificaciones que hizo el funcionario y candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires del Frente para la Victoria. Al ser consultado sobre la posibilidad de que se analice la intervención federal del distrito, respondió: «Hay que seguir por los pasos judiciales. Por supuesto hay límites para todas las cosas, pero tendrán que resolverse en tiempos muy cortos».
Y agregó: «Existe material para discutir la intervención, pero primero hay que ir por la vía judicial. Esto es un prevaricato liso y llano. Es un desaguisado, un disparate».
En su contacto habitual con la prensa, el ministro coordinador respaldó la postura del gobernador kirchnerista José Alperovich , quien dijo que el fallo de la Justicia tucumana fue «un golpe de Estado judicial».
«Es una decisión ridícula, destituyente, de una enorme gravedad institucional porque se mete con la voluntad popular», remarcó.
En una decisión sin antecedentes, la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán anuló los escandalosos comicios y le ordenó a Alperovich que convoque a una nueva votación en todas las categorías. En las próximas horas, el kirchnerismo presentará la apelación y la definición llegaría a la Corte Suprema provincial. Sin embargo, la última palabra la tendría la Corte Suprema de la Nación, ya que el postulante del Acuerdo para el Bicentenario, José Cano , aseguró que planea llegar hasta la última instancia judicial para que las elecciones se vuelvan a realizar.
«No tengo duda de que esto no se resuelve en Tucumán. Se trata de uno de los disparates jurídicos más grandes de la historia, que constituye un caso de prevaricato liso y llano», afirmó el jefe de Gabinete, tras sostener que el fallo llegará al máximo tribunal.
Según el ministro coordinador, los jueces Salvador Norberto Ruiz y Ebe López Piossek, que integran el tribunal que anuló los comicios, le están «haciendo un favor a los amigos», en referencia a Cano.
Los jueces Ruiz y López Piossek fundamentaron su fallo al señalar que «los hechos comentados y probados limitaron o influyeron en el libre ejercicio del sufragio de gran parte de la ciudadanía y privaron al acto comicial de la ineludible transparencia que debe ostentar, implican violaciones marcadas y manifiestas al artículo 37 de la Constitución nacional». En otra línea afirmaron que la del 23 de agosto «no fue una elección libre y auténtica de carácter democrático».
«Se trata de un forum Shopping. No puede haber nadie en la Argentina que no lo sorprenda semejante burrada», aseveró Aníbal Fernández.
Los posibles escenarios de las elecciones en Tucumán
El fallo de la Cámara en lo Contencioso y Administrativo de Tucumán, que esta noche anuló las elecciones provinciales del 23 de agosto pasado, sacudió el escenario político. Es que el próximo 29 de octubre deben asumir las nuevas autoridades, y todo indica que se avecina un laberinto judicial que puede dejar a la provincia al borde de la acefalía.
El gobernador de la provincia, José Alperovich, apelará el fallo, que debería pasar a la Corte Suprema Provincial. En un breve comunicado difundido poco antes de la medianoche, la Secretaría de Prensa y Difusión de la Gobernación calificó además el pronunciamiento del tribunal como «un golpe de estado judicial». A partir de ahí, hay tres escenarios posibles.
1. Per saltum. Ante la posibilidad cierta de terminar en la Corte de Tucumán, el Frente para la Victoria podróa plantear en la Sala I el levantamiento de la cautelar que impide proclamar ganadores, argumentando que el escenario ha cambiado, porque el escrutinio definitivo concluyó en la Junta Electoral. Además, existe la posibilidad de que el Estado plantee un “per saltum” para llegar directamente al superior tribunal de la provincia, y así pasar por alto las instancias de intervención de los tribunales inferiores, lo que les permitiría ganar tiempo para obtener un fallo de fondo.
La Cámara suspende las elecciones en Tucumán
2. Corte Suprema de Justicia nacional. Llegada la instancia de que deba intervenir, la Corte Suprema de Tucumán se enfrentará a dos opciones: o convalida las elecciones del 23 de agosto, o las declara nulas. En cualquier caso, una parte o la otra seguramente apelarán ese fallo, en busca de la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En ese caso la clave para unos y para otros, a la hora de plantear el recurso federal, es haber conseguido por lo menos un fallo favorable (ya sea de la Cámara en lo Contencioso Administrativo o de la Corte provincial). Sólo si en alguna de esas instancias se ha logrado una sentencia a favor, cuando se recurra al superior tribunal de la Nación se conseguirá “efecto suspensivo” sobre las pretensiones de la otra parte.
Este escenario plantea dos problemas para el oficialismo: los jueces restantes del máximo tribunal son, en el mejor de los casos, de tendencia independiente (Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco), o directamente opositores al gobierno (Carlos Fayt, Carlos Maqueda). Además, es poco probable que se llegue a una decisión antes del 29 de octubre. Incluso podría demorarse más allá del 10 de diciembre, cuando asuma el nuevo presidente.
Tucumán | Inminente fallo anularía las elecciones generales
3. Intervención federal. El 29 de octubre deben estar en funciones el gobernador electo, junto con el vicegobernador y los 49 legisladores, ya que de no ser así, se podría caer en un escenario de acefalía del poder político. La Constitución de 2006 emplazó a la Legislatura a dictar una Ley de Acefalía durante ese mismo año (artículo 163), pero la Cámara aún no lo cumplió.
Por ello, según La Gaceta de Tucumán, aún rige la Ley 6.341 (de febrero de 1992). Esa norma sostiene que en todos los casos de acefalía definitiva (salvo en los casos de muerte, destitución o renuncia) o de vacancia del Poder Ejecutivo, las funciones de gobernador serán ejercidas por un legislador. Pero si para el 29 de octubre no se ha resuelto el conflicto y no asumieron las nuevas autoridades, no habrá nuevo gobernador ni tampoco un legislador que ocupe su lugar.
Por lo que, ante el vacío en el Poder Ejecutivo y el Legislativo, la Nación podría considerar a Tucumán incursa en la causal del artículo 6 de la Constitución argentina: “El Gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno”.
