Colombia: Gobierno comienza el proceso para sancionar leyes de paz y las Farc-Ep solicitan acabar con el paramilitarismo
Gobierno no incluyó guerrilleros en comisión especial de Congreso sobre implementación de acuerdos.
Si los partidos lo aceptan como quedó, esta semana comenzaría su camino en el Congreso el proyecto de reforma constitucional mediante el cual el Gobierno busca cumplir la palabra empeñada con las Farc en los acuerdos, y que se pondría en marcha al concluir las negociaciones de paz.
Pero por lo pronto, según la iniciativa conocida en exclusiva por EL TIEMPO, la guerrilla no está incluida como integrante de la comisión legislativa especial que traduciría en leyes lo pactado en La Habana.
Si bien inicialmente estaba prevista la participación de guerrilleros en esta comisión, que haría las leyes y reformas constitucionales que requieran los eventuales acuerdos de paz, ellos no quedaron dentro de la propuesta que el Gobierno presentará a los partidos políticos este lunes.
“No tiene sentido invitar a una fiesta a quien no quiere asistir”, le dijo a EL TIEMPO una de las personas que participaron en la redacción del proyecto, al referirse a la resistencia que hasta ahora han mostrado las Farc hacia la iniciativa.
La decisión se basó, además, en que a fin de cuentas las leyes las hace el Estado, y en este caso las normas que formule la comisión especial del Congreso serán para dar cumplimiento a los acuerdos con la guerrilla.
Los redactores de la iniciativa suponen que, siendo así, las Farc no tendrían argumentos para alegar unilateralidad de parte del Gobierno.
En todo caso, fuentes consultadas por este diario dijeron que aunque en la propuesta inicial la guerrilla de ‘Timochenko’ no forma parte de la comisión especial, quedan abiertas las puertas para considerar su participación si muestra interés en integrarla.
El viernes, el jefe de los negociadores de las Farc, ‘Iván Márquez’, dijo que no conocen el contenido del proyecto y se refirió a lo “inconveniente” de que un mecanismo de refrendación se resuelva de “manera unilateral”.
Pero está claro que el instrumento para refrendar los acuerdos de paz sí debe decidirse con las Farc, en la mesa de negociación de La Habana, y que el proyecto de reforma constitucional del Gobierno solo tendrá vigencia si los colombianos aprueban lo pactado con esa guerrilla.
En este sentido, el proyecto de ley estatutaria para un plebiscito por la paz, que presentó el viernes el senador Roy Barreas, es solo una iniciativa del legislador y del partido de ‘la U’. Para convertirse en la fórmula de refrendación debe ser adoptada por el Gobierno y las Farc y, desde luego, aprobada por el Congreso.
Celeridad para la paz
Según lo que conoció este diario, el proyecto que crearía la comisión legislativa especial prevé que esa instancia quede integrada por las comisiones primeras del Senado y la Cámara, y por 12 miembros más del Congreso involucrados en temas acordados con la guerrilla, como el agrario.
La esencia de la iniciativa es agilizar el cumplimiento de los acuerdos de paz y, en consecuencia, propone reducir a la mitad los tiempos del trámite de las leyes y reformas constitucionales.
En el caso de una ley, que hoy tiene cuatro debates, tendría solo dos. El primero, en la comisión especial; y el segundo, en una plenaria de Senado y Cámara. En esta se votaría en bloque, no artículo por artículo.
Cuando se trate de una reforma constitucional, tras el debate en la comisión especial, esta pasaría a discusiones separadas en Senado y Cámara. Aquí termina el trámite, lo que quiere decir que de ocho debates en dos periodos legislativos se pasa a tres.
La excepcionalidad del proyecto no es solo en los tiempos. También se aplica al control de las leyes y reformas constitucionales. Todas tendrán control constitucional previo. No será necesario, como hoy, que alguien demande para que la Corte las revise.
Pero, además, el proyecto reduce los tiempos que este tribunal se toma para definir la legalidad de lo aprobado en el Congreso.
“La Corte tiene que pronunciarse en la tercera parte del tiempo hoy utilizado”, le dijo una fuente a este diario.
Facultades al Presidente
El proyecto de reforma constitucional para cumplir los acuerdos solo tiene dos artículos. Además del que crea la comisión legislativa para la paz, está el que le otorga facultades especiales al presidente Juan Manuel Santos por 90 días, prorrogables por otros 90.
Se trata de que, durante este tiempo, el mandatario pueda expedir decretos con fuerza de ley. Esto lo haría una vez firmado el acuerdo final de paz, con el propósito de “estabilizar los territorios e implementar de manera temprana” lo pactado. El Presidente no tendrá facultades para hacer reformas constitucionales o leyes estatutarias.
Hasta ahora no está considerado que la participación política de las Farc o el mecanismo judicial que se les aplique pasen por las facultades extraordinarias al presidente Santos. Entre otras cosas porque esta guerrilla no ha aceptado el proyecto de reforma constitucional. Si esto cambia, la iniciativa podría ajustarse.
Hoy, las facultades extraordinarias al Presidente están contempladas para, por ejemplo, definir las condiciones en las que se hará la sustitución de cultivos ilícitos acordada con las Farc.
El decreto podría decir en cuánto tiempo debe hacerse la sustitución, cómo se apoyará económicamente a las familias que reemplacen las plantaciones de hoja de coca y por cuánto tiempo.
También el Presidente podría decretar una abreviación de los tiempos para la extinción del dominio de bienes adquiridos de manera ilegal que deberán entrar al fondo de tierras, un punto que hace parte del acuerdo agrario con la guerrilla. Además, podría determinar cuántas hectáreas entran a ese fondo.
Según la iniciativa, que este lunes será socializada con los partidos políticos, todos los decretos del Presidente tendrán control constitucional de manera automática. Eso sí, a diferencia de las leyes de la comisión especial, el control del tribunal será posterior.
Finalmente, el proyecto establece que la comisión especial del Congreso tenga tareas más relacionadas con la construcción del andamiaje institucional que van a necesitar los eventuales acuerdos de La Habana para convertirse en realidad.
Le corresponderá, por ejemplo, crear las entidades para el impulso al campo, y modificar el sistema electoral para permitir la entrada al escenario político de los movimientos que surjan tras la dejación de armas de la guerrilla.
Esta es la integralidad del proyecto de reforma constitucional con el que el Gobierno quiere alistarse para un acuerdo final de paz con las Farc.
No quiere que un hecho histórico como este lo encuentre sin una herramienta para cumplirle al grupo armado. La iniciativa, claro está, podría sufrir cambios durante el proceso de concertación política y legislativa al que será sometido a partir de mañana.
FARC-EP llaman a acabar con el paramilitarismo en Colombia
El grupo insurgente afirmó que es imposible lograr una paz estable y duradera mientras persistan el paramilitarismo y la guerra sucia.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), reiteraron este sábado a las autoridades colombianas para que acaben con el flagelo del paramilitarismo que tanto daño hace a la nación suramericana.
En un comunicado, la delegación manifestó estar optimista en avanzar en los diálogos de paz que se desarrollan en La Habana (Cuba), pero exigieron mayor atención a las realidades que dificultan la consolidación de la paz y la justicia definitiva en Colombia.
El grupo insurgente denunció que hace solo tres días, paramilitares recluidos en la cárcel ERON Picota atentaron contra la vida de integrantes del Colectivo de Prisioneros de las FARC-EP.
Asimismo, informaron que sus integrantes en las localidades de Antioquia y Chocó reportaron numerosa presencia paramilitar en nuevas áreas rurales y en caseríos, “aprovechando el cese unilateral de fuegos de las FARC-EP con la complicidad abierta de las Fuerzas Militares”.
“A esto hay que sumarle la campaña de guerra sucia contra la izquierda y los movimientos de oposición”, indica el comunicado.
Alertaron además que persisten amenazas contra activistas humanitarios y dirigentes sindicales y recordaron que en lo que va de año fueron asesinados 69 defensores de derechos humanos.
Insistieron en que es imposible la concreción de una paz estable y duradera mientras persistan el paramilitarismo y la guerra sucia.
EN CONTEXTO
Representantes del gobierno colombiano se reunen con las FARC-EP en La Habana, desde 2012, para tratar de conseguir una salida concertada a la confrontación armada que lleva más de medio siglo afectando a la nación suramericana y a su población.
En el marco de las negociaciones la delegación de las FARC-EP aseguraron el viernes que el actual proceso de paz en el país suramericano no significa sometimiento, sino un diálogo entre partes iguales que a pesar de diferentes visiones deben trabajar de manera armonizada.
EL DATO: El tema de justicia, que el gobierno y la guerrilla comenzaron a discutir en julio, es uno de los más complejos del proceso de paz iniciado en 2012, pues ambas partes se culpan mutuamente de ser los principales responsables de la violencia armada, que en medio siglo ha dejado 220 mil muertos y seis millones de desplazados.
COMUNICADO DE LAS FARC : Desmontar el paramilitarismo para construir la paz
La comisión de paz de la guerrilla de las FARC en la Habana emitió un comunicado sobre la necesidad de desmontar el paramilitarismo en el inicio de un nuevo ciclo de negociaciones.
Les compartimos el comunicado del grupo insurgente.
La Habana, Cuba, sede de los Diálogos de Paz, 12 de septiembre de 2015
Desmontar el paramilitarismo para construir la paz
Hemos anunciado al país nuestro optimismo por sacar adelante los diálogos de paz. Creemos firmemente en el exitoso desarrollo de la Mesa de Conversaciones y en la posibilidad cierta de un Acuerdo Final. Pero esta visión no nos puede llevar a ser ajenos a realidades que dificultan la transición a una Colombia en paz y con justicia social.
Hace solo tres días, paramilitares recluidos en la cárcel ERON Picota atentaron contra la vida de integrantes del Colectivo de Prisioneros de las FARC-EP. Nuestros camaradas se defendieron rápida y audazmente logrando salvaguardarse.
Durante esta misma semana, nuestros frentes guerrilleros en Antioquia y Chocó reportaron numerosa presencia paramilitar en nuevas áreas rurales y en caseríos, aprovechando el cese unilateral de fuegos de las FARC-EP con la complicidad abierta de las Fuerzas Militares. En Dabeiba el ejército desocupó la base militar de Tascón, en el Cañón de La Llorona, vía al mar, para que fuera ocupada por los paramilitares.
A esto hay que sumarle la campaña de guerra sucia contra la izquierda y los movimientos de oposición. Es el caso, por ejemplo, de la Unión Patriótica, cuyo candidato a la alcaldía de Los Palmitos, Sucre, Hugo Sánchez, fue víctima de un intento de homicidio por parte de paramilitares que se mueven a sus anchas por toda la región, sin que medie persecución estatal alguna.
Esta colectividad ha resultado también afectada por las detenciones de carácter político, en donde prima la estigmatización sobre la verdad. Así, el candidato al concejo de Barrancabermeja, Juan López Bautista, y el candidato a la alcaldía de Guapi, Marino Grueso, se encuentran hoy tras las rejas.
Los señalamientos cubren a todo el campo popular, incluyendo a movimientos políticos de reciente creación, como el Congreso de los Pueblos y la Marcha Patriótica, que cuentan ya con más de un centenar de militantes asesinados y cerca de seiscientos de sus integrantes en prisión.
Así mismo persisten amenazas contra activistas humanitarios y dirigentes sindicales. En lo que va de 2015, han sido asesinados 69 defensores de derechos humanos. Y ayer, en inmediaciones de Envigado, fue encontrado el cuerpo sin vida de Juliana León, joven hija de Hildebrando, dirigente nacional de la UNEB.
Ante estos hechos, solo encontramos en los principales medios de comunicación y en los voceros gubernamentales un silencio preocupante. En estas condiciones seguiremos insistiendo en que es imposible la concreción de una paz estable y duradera mientras persistan el paramilitarismo y la guerra sucia.
Los anteriores hechos ponen de manifiesto la continuidad de una estrategia de guerra sucia contra las organizaciones sociales, de derechos humanos y movimientos políticos de oposición y alternativos. La construcción de la paz solo será posible si el establecimiento desarrolla una estrategia efectiva dirigida al desmonte del paramilitarismo y aplica una política integral de respeto de los derechos humanos.
