El Congreso comenzó a debatir el proyecto de ley para despenalizar la marihuana
La primera vista pública para estudiar el proyecto del Senado que busca despenalizar la posesión de la marihuana en ciertas circunstancias terminó ayer con el respaldo a varias enmiendas que establecerían un marco regulatorio que rija también la adquisición y distribución de esa sustancia controlada.
Así lo adelantó ayer el senador popular Miguel Pereira, autor de la pieza legislativa, al favorecer la propuesta del director ejecutivo de Iniciativa Comunitaria, el doctor José Vargas Vidot, de crear una nueva entidad gubernamental que regule las actividades relacionadas con la venta y distribución de la marihuana para evitar que los puntos de drogas se fortalezcan más.
Al presentar su propuesta, Vargas Vidot dijo que se estima que, en Estados Unidos, el cobro de aranceles por la regulación de esta actividad podría generar unos $47,700 millones anuales.
“Si alguien va a hacer chavos de esto, debemos ser nosotros”, comentó Pereira a este medio durante el primer día de las vistas públicas sobre el Proyecto del Senado 517, que descriminalizaría la posesión de una onza de marihuana en personas de 21 años o más.
La medida enmendaría la Ley de Sustancias Controladas para flexibilizar sus disposiciones en torno a la posesión de marihuana, como ya han hecho casi una veintena de jurisdicciones en Estados Unidos. Actualmente, aquellas personas que hayan resultado convictas por tener en su poder esa sustancia, se exponen a una pena de tres años de reclusión, además de multas de un máximo de $5,000.
El Departamento de Justicia alertó que, sin un estricto plan regulatorio, la propuesta legislativa no es viable. El fiscal general, José Capó, consignó el rechazo de la agencia a la medida por carecer, además, de suficiente análisis sobre el estado de derecho vigente.
“Para la implantación de la política pública que promueve esta pieza legislativa, se requiere de mucha más especificidad, requiere formular un sistema estricto, estrechamente regulado y efectivo para su puesta en vigor”, indicó Capó ante los miembros de la Comisión senatorial de lo Jurídico, Seguridad y Veteranos, que preside Pereira.
El jefe de los fiscales opinó que el proyecto de ley necesita examinar detenidamente y de forma integrada todas la disposiciones de la Ley de Sustancias Controladas, de otras leyes de naturaleza penal y los estatutos federales sobre el tema. Destacó, por ejemplo, que la pieza no menciona nada sobre quiénes estarían autorizados al expendio, la venta o la distribución de la marihuana en la Isla si se convierte en ley.
Resaltó que el gobierno federal permite a los estados autorizar el uso de la marihuana con fines medicinales o recreativos, solo si la discreción estatal no interviene con ciertas prioridades a nivel federal como prevenir la distribución de la sustancia a menores de edad, evitar que se utilice como pretexto para ocultar el tráfico de otras drogas o actividades ilegales, entre otras razones.
Capó recomendó revisar las sanciones que se imponen al presente por poseer esta droga, y comentó sobre la posibilidad de que se impongan multas en lugar de condenar a prisión a quienes cometan ese delito.
“Acto humanista”
De otra parte, aunque condicionó su apoyo a la medida a que se acojan sus sugerencias, Vargas Vidot calificó la iniciativa como “un acto de sabio humanismo” por entender que representa un primer paso para erradicar la violencia y la corrupción ligadas al narcotráfico.
Miguel Pereira explica su posición sobre el tema de la marihuana
El salubrista resaltó que “los puntos más económicamente factibles son los de marihuana”, y afirmó que los incidentes violentos no derivan de la naturaleza de las drogas, sino que responden a la clandestinidad impuesta por las prohibiciones del estado.
“Disminuido este incentivo de clandestinidad que tenemos al día de hoy, la repercusión en la disminución de la violencia relacionada al tráfico será un hecho constatable”, insistió Vargas Vidot.
“La ilegalidad actual de la marihuana es un permiso de facto al enriquecimiento del narcotraficante sin ningún beneficio al estado o a la ciudadanía. Mientras el estado se rehúse a reconocer que la clandestinidad es el alimento, el nutriente principal de esa prosperidad, estamos de alguna forma -directa o indirecta- siendo cómplices”, añadió.
Planteó, además, que la despenalización limitada de la marihuana no constituye “un permiso para olvidarse de la prevención”, pero insistió en que descriminalizarla tampoco implica un estímulo a su uso.
El director ejecutivo de Iniciativa Comunitaria señaló que la clandestinidad crea condiciones que se prestan para la adulteración del producto con insecticidas y tóxicos que tienen el potencial de producir daños significativos a la salud.
Ayer también compareció el doctor Carlos Cabán, de la Sociedad Puertorriqueña de Psiquiatría, quien se opuso a la propuesta despenalización por los efectos tóxicos que, según dijo, tiene la marihuana. En cambio, recomendó que se revisen las penas vigentes por entender que son excesivas.
El presidente del Colegio de Médicos-Cirujanos, Eduardo Ibarra, fue el primer deponente, y aunque reconoció que la discusión del tema es inminente, pidió entre 60 a 90 días a la comisión legislativa para culminar una serie de estudios con el objetivo de someter «enmiendas razonables» a la propuesta.
El Senado tiene programadas varias audiencias sobre el P. del S. 517 durante las próximas dos semanas. Hoy están citados el Departamento de Salud, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, la Sociedad para la Asistencia Legal, Hogares Crea, entre otras entidades.
“Despenalización de la marihuana reduciría la población en cárceles”
La despenalización de la posesión de marihuana podría reducir la población en las cárceles de la Isla, afirmó el martes el director ejecutivo de Iniciativa Comunitaria, José Vargas Vidot, en el inicio de las vistas del Proyecto del Senado 517 que persigue descriminalizar el uso de la sustancia en las personas mayores de 21 años.
“Nuestros informes contradicen lo que he escuchado hasta el momento. Este proyecto habla más de equidad que de ciencia. Ya 25 países han legalizado la marihuana y 32 estados han tolerado su uso”, manifestó Vargas Vidot en su ponencia en la audiencia de la Comisión de lo Jurídico del Senado que preside el senador popular Miguel Pereira.
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