Honduras: el Congreso reformará ley para depurar el Poder Judicial
Otorgarán facultades al Consejo de la Judicatura para aplicar pruebas de evaluación de confianza al personal judicial y fortalecer la supervisión de la Inspectoría de Tribunales.
Los diputados al Congreso Nacional fueron convocados para sesionar este martes con el propósito de aprobar un paquete de reformas a la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial.El Congreso suspenderá momentáneamente el receso preelectoral en virtud de estar pendientes dichas reformas, orientadas a facilitar un proceso de depuración del Poder Judicial en Honduras.
El Consejo de la Judicatura comenzó a funcionar hace dos semanas y entre sus prioridades está la certificación del personal que estará bajo su mando.“Hay situaciones que se están analizando y que no pudieron ventilarse; la vez pasada, por ejemplo, con el tema de la judicatura quedaron pendientes unas reformas a la ley del consejo”, indicó el asesor del Congreso, Ebal Díaz.Explicó que entre las reformas están la de otorgar facultades a los consejeros nombrados, para aplicar pruebas de evaluación de confianza y fortalecer la supervisión de la Inspectoría de Tribunales.
Díaz amplió que con la creación del Consejo de la Judicatura se le da al Poder Judicial una vida orgánica más compleja; pero mejor estructurada.En ese sentido, dicho órgano se creó para deslindar la función de impartir justicia, realizada de forma exclusiva por la Corte Suprema de Justicia, Cortes de Apelaciones, Juzgados de Letras y de Paz, de la función de administrar los recursos humanos y financieros de ese poder del Estado para así contribuir a garantizar la independencia de los órganos judiciales y ampliar el grado de participación en el proceso de toma de decisiones que afectan al sistema judicial.
Proceso de depuración Según el asesor del Legislativo, conviene darle amplias atribuciones al Consejo de la Judicatura a efecto de que pueda realizar un proceso de depuración de la Corte Suprema de Justicia en materia jurisdiccional.La Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, decreto 219-2011, dispone la facultad de investigar los bienes a los jueces.Para tal efecto podrá solicitar información a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) sobre el comportamiento de cuentas bancarias, al Instituto de la Propiedad para conocer posesión de bienes inmuebles, y otras dependencias que sean necesarias.
El consejero Teodoro Bonilla ha dicho que el Consejo “dará cumplimiento a la Ley respetando el debido proceso en la aplicación de las atribuciones y facultades que la Ley le confiere al Consejo de la Judicatura”.El Consejo de la Judicatura es el órgano constitucional que gobernará al Poder Judicial, con autonomía e independencia funcional y administrativa.La ley le concede 11 atribuciones a dicho Consejo, entre ellas organizar y dirigir financiera y administrativamente al Poder Judicial, nombrar y remover a magistrados de Cortes de Apelaciones y jueces, así como a los demás funcionarios y auxiliares jurisdiccionales, personal administrativo y técnico.
Además, se encargará de evaluar y capacitar a los funcionarios judiciales, ejercer el régimen disciplinario a los miembros de la carrera judicial, elaborar el proyecto de presupuesto anual, reglamentos y lo referente a nombrar y disponer movimientos de personal.Otro tema pendiente a resolver por el Congreso Nacional es el presupuesto con el que debe funcionar este organismo.Asimismo, el nombrar al inspector de los órganos jurisdiccionales, que saldrá de una nómina que envíe el Consejo de la Judicatura.A dictamen las reformas a la Ley del MP Los miembros del Consejo de la Judicatura celebraron su primera sesión en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El presidente del Consejo, Jorge Rivera Avilés, convocó a los demás consejeros propietarios: Teodoro Bonilla, Rolando Argueta, Francisco Quiroz y Julio Barahona.Asimismo, a los dos suplentes: Lilian Maldonado y Celino Aguilera, este último fue el único que no acudió a la cita. En la reunión se acordó que el Consejo de la Judicatura se instalará el próximo 1 de octubre, en un espacio físico que se acondicionará en la CSJ.Los miembros coincidieron en su compromiso de cumplir la ley, especialmente en hacer transparente la administración de justicia conduciendo un efectivo proceso de depuración. Varios de ellos se manifestaron a favor de la aplicación de pruebas de confianza, enmarcadas en ley.Además, garantizaron no politizar nombramientos ni remoción de jueces como el fortalecer la capacitación del personal.
