Puerto Rico: sindicatos desmienten al Gobierno y niegan su participación en el diseño del plan de ajuste fiscal
Después que La Fortaleza aseguró que el Grupo de Trabajo para la Recuperación Fiscal y Económica cuenta con la participación de varios sindicatos del país en la elaboración de una reforma laboral, varias uniones obreras rechazaron que estén participando en esta gestión.
EL VOCERO conversó con Pedro Irene Maymí, de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT) y Federico Torres Montalvo, de la Coordinadora Unitaria de Trabajadores del Estado (CUTE), y ambos desmintieron que sus organizaciones sindicales participen en las reuniones del Grupo de Trabajo.
El lunes el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jesús Manuel Ortiz, comunicó a EL VOCERO que el Grupo de Trabajo cuenta con la participación de varios sindicatos que representan empleados en el sector público y privado, entre estos: la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), la Coordinadora Unitaria de Trabajadores del Estado (CUTE), la Unión de Tronquistas, la Unión General de Trabajadores (UGT), la Federación Central de Trabajadores (FCT) y la Federación de Trabajadores de Puerto Rico.
Sin embargo, Pedro Irene Maymí, presidente de la CPT, dijo que “tenemos que dejar claro que nosotros no nos hemos reunido en Fortaleza y mucho menos para tratar el tema fiscal del Gobierno. Nosotros enviamos una comunicación escrita con unas recomendaciones que entendemos son importantes para mejorar la situación económica del país, pero decir que estamos participando del plan fiscal no es correcto. En ese proceso no ha habido ni transparencia ni participación nuestra”, agregó el dirigente obrero. El presidente de la CPT
dijo además que “la información circulada por la Fortaleza tiene el propósito de intentar minar cualquier actividad que realice el movimiento obrero en contra de la reforma laboral que pretende aprobar el Gobierno”.
En tanto, Federico Torres Montalvo, presidente de la CUTE, indicó a este rotativo que tampoco ha participado de reuniones relacionadas con la reforma laboral y que su participación se limita a una carta que cursó el 18 de agosto al gobernador Alejandro García Padilla en la que se presentan varias recomendaciones de cara a una reforma laboral. Sin embargo, aseguró que no han sido citados para discutir el documento.
“La intención de esas comunicaciones es presentar algunas propuestas para que se proceda con la discusión de las mismas, no para que ellos la vean como una colaboración nuestra a la reforma laboral. Ellos están tratando de justificar y decir que nos han dado espacio para que participemos, pero ciertamente no ha habido ninguna participación nuestra que no haya sido hacerle llegar unas propuestas”, sostuvo Torres Montalvo.
EL VOCERO obtuvo acceso a un documento del Grupo de Trabajo en el que se detalla que el bufete Fiddler, González & Rodríguez trabaja en el subcomité encargado de la reforma laboral en la que se discute la reducción de vacaciones y del periodo que cuenta como horas extra y la extensión de los periodos probatorios a dos años, entre otras recomendaciones.
Cuando este rotativo preguntó si su organización estaría dispuesta a aceptar estas propuestas, Torres Montalvo contestó en la negativa porque los trabajadores cedieron derechos y beneficios que rondan $1,000 millones con la implantación de la Ley 66 de Sostenibilidad Fiscal vigente hasta 2017.
“Lo que están pretendiendo hacer no es una reforma laboral, es un desmantelamiento de la legislación laboral protectora de los trabajadores y obviamente nosotros no vamos a colaborar con desmantelamiento de los derechos de los trabajadores”, sentenció. Torres Montalvo informó que busca una reunión con el gobernador a través del asesor de Asuntos Laborales de La Fortaleza para dejar claro que hasta el momento no han sido partícipes de la discusión de la reforma laboral que discute el Grupo de Trabajo. El líder sindical espera que esta reunión se lleve a cabo el próximo lunes o martes.
A la CPT y la CUTE se unen otras organizaciones sindicales que el pasado 21 de agosto circularon un comunicado de prensa para denunciar que, contrario a lo que asegura La Fortaleza, los sindicatos no se han reunido con el Grupo de Trabajo para discutir una reforma laboral. El comunicado de prensa fue suscrito por la CUTE, la CPT, Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico (SPU), Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT), United Auto Workers (UAW), Federación Central de Trabajadores (FCT), Asociación de Maestros (AMPR), Unión
General de Trabajadores (UGT), y la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND).
Estas organizaciones calificaron como “preocupante” el que La Fortalezadiga que la discusión de una reforma laboral ha tenido la participación de los sindicatos “más aún ante las filtraciones públicas de posibles proyectos encaminados a ‘flexibilizar’ las leyes laborales en beneficio del sector empresarial y no del país.
Se cocina división en el PPD por reforma laboral
La historia de división en el seno del Partido Popular Democrático (PPD) que se dio hace unos meses con relación con la reforma contributiva, está de nuevo a la vuelta de la esquina, esta vez por las enmiendas a las leyes laborales que traería el Plan de Ajuste Fiscal.
Legisladores del PPD que no están dispuestos a apoyar un Plan de Ajuste Fiscal que les quite derechos y beneficios adquiridos a los trabajadores llevan un mes pidiéndole al Gobernador que se reúna con ellos y la cita no se la han concedido, reveló ayer el representante del PPD, Luis Raúl Torres.
“Llevo un mes pidiendo esa reunión de distintas maneras y no nos la han dado. Desde que el Gobernador hizo un llamado a la unidad de todos los sectores del País, inmediatamente yo me comuniqué y le pedí que se reuniera con nosotros a dialogar; a dialogar para poder estar claros en términos de apoyar cualquier plan que él tuviese; de llegar a unos acuerdos efectivos bajo su liderato”, dijo Torres, textualmente.
Mencionó que Alejandro García Padilla no se reúne con ellos, pero si ha aceptado hablar con líderes del principal partido de oposición, el Partido Nuevo Progresista.
Torres confió que los representantes populares Luis Vega Ramos, Manuel Natal, Carlos Vargas y él, más Jesús Santa –que preside la Comisión de Asuntos Laborales- se reunieron hace dos semanas con más de 80 líderes obreros y el compromiso de los primeros cuatro fue que no avalarían con su voto “ninguna medida que les quite beneficios o derechos a los trabajadores de los sectores privados o públicos”.
El grupo entiende, de otra parte, que cualquier plan del gobierno tiene que considerar qué beneficios en términos de creación de empleos están generando las exenciones contributivas y los incentivos que el Estado le da ahora mismo a las empresas que operan en la Isla.
El representante PPD dijo que un estudio del economista Ramón Cao demuestra que el gobierno deja de ingresar en contribuciones $250 mil por cada uno de esos empleos.
Sobre la posición de Jesús Santa, Torres señaló que en la reunión con los líderes obreros -afiliados a la Federación de los Trabajadores- este dijo que iba a evaluar la propuesta que se supone que García Padilla presente el próximo 30 de agosto; que él no tenía una opinión ni en contra, ni a favor de ese proyecto.
Primera Hora adelantó la semana pasada que la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, está dispuesta a tirarse a la calle con los trabajadores si el Plan de Ajuste Fiscal resulta “un facsímil razonable de la Ley 7” de Luis Fortuño; si el mismo les congela beneficios a los trabajadores.
El alcalde de Caguas, William Miranda Marín, dijo esta semana que ese plan de ajuste y las negociaciones a las que llegue el Gobierno con los bonistas son esenciales para determinar si hay primarias a la gobernación en el PPD.
“Si hay un buen plan y una buena negociación, debemos ponderar si debemos cambiar a nuestro presidente”, dijo.
Este fin de semana el PPD celebrará su convención en Fajardo. El domingo García Padilla ofrecerá un mensaje a los populares y no se ha precisado si aprovechará la ocasión para reiterarse en su deseo de ir a la reelección.
El Plan de Ajuste Fiscal, a prorratearse a cinco años, surge como respuesta al interés de los tenedores de los bonos de Puerto Rico de que la Isla adelante medidas de austeridad; a que se adelanten iniciativas que propendan a un despunte en la economía del país.
La reforma laboral se daría en ese contexto, bajo la teoría de que serviría como incentivo para la creación de empleos.
