Secuestro del Estado y del sistema político (Guatemala) – Por Manfredo Marroquín
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
La toma de posesión del binomio Perez-Baldetti en el 2012, representó la coronación del acceso al poder de una red político-criminal que fue mutando y creciendo a la sombra de cada administración de gobierno en los últimos 20 años.
Se trata de un proceso claro de reconfiguración cooptada del Estado guatemalteco, donde actores con intereses contrarios a los legítimos de un Estado, muchos de ellos directamente mafiosos, compiten directamente por los principales puestos de representación política para desde allí, reconfigurar las leyes y las instituciones, haciéndolas funcionales a sus intereses.
Si a alguien le queda una duda que el Estado ha sido secuestrado y que su liberación es un tema que se va a resolver con simples plantones en la plaza, escuchar a Pérez Molina en su mensaje del domingo, lo confirma. La representación que emana de las elecciones se tradujo en un cheque en blanco y los titulares de esas chequeras no están dispuestos a que se les arrebate. Pérez Molina se escuda en el debido proceso para no salir del cargo, convencido que los poderes Legislativo y Judicial conforman junto a él como cabeza del Ejecutivo, un espíritu de cuerpo indivisible. En otras palabras, que viva el debido proceso con un Estado cooptado.
No es extraño entonces que muchas decisiones típicamente propias de las instituciones, hayan quedado en manos de grupos externos a las mismas, siendo los funcionarios pagados de la nómina a cuenta del Estado, verdaderos peones de los designios de estos grupos. El caso “La Línea” es paradigmático de este fenómeno, al confirmarse de las investigaciones de CICIG y el MP que las órdenes y nominaciones a puestos en la SAT provenían de la banda defraudadora.
Esto explica también la parálisis legislativa progresiva que padece el Organismo Legislativo, donde solo tienen vía aquellas iniciativas de ley que traen pagado el respectivo peaje, mientras los temas de interés nacional duermen el sueño de los justos huérfanos de representación. La cooptación no estaría completa sin el control del Organismo Judicial donde se emplearon a fondo operadores del gobierno para garantizar una cuota de magistrados afines.
Para llegar a este estado de cosas, primero se consiguió infiltrar en un proceso gradual pero exitoso durante sucesivas administraciones de gobierno, las instituciones de seguridad del Estado, siendo la joya de la corona la Policía Nacional Civil que pasó a ser una organización reclutadora de agentes provenientes de diversas organizaciones criminales. Hoy por hoy conocemos a diario la caída de muchos agentes en operativos donde sirven a las fuerzas del mal y no las tareas de seguridad ciudadana que les son asignadas. A esta se suman puertos y aeropuertos, aduanas, migración y todas las demás dependencias que han cedido su control a las mafias.
La experiencia política comparada nos enseña que cuando acceden a la cúspide del poder grupos políticos mafiosos, puede llegar a ser también una tentación contraproducente, pues al no tener contrapesos ni límites en su actuar, exponen sin tapujos el ejercicio del poder para fines delictivos, provocando episodios escandalosos que ponen en evidencia el carácter criminal de ese poder y causando finalmente alguna reacción ciudadana y de otros Estados.
La CICIG es la excepción que confirma la regla. Nunca antes institución nacional de investigación había llegado a descubrir y desarticular las redes de corrupción que se organizan desde lo más alto del poder del Estado, pues era obviamente contra natura que ese poder actuara contra sí mismo. El secuestro del Estado estaba consumado y sin amenazas reales de ser liberado.
Hoy gracias a las investigaciones realizadas se conoce que el Estado es rehén de redes muy poderosas ligadas al crimen. El rescate para liberarlo no será un asunto solo de antejuicios, amparos y/o debidos procesos. Antes hace falta una acción conjunta de desobediencia civil que lleve a la derrota política de ese Estado mafioso. De no hacerlo, no esperemos a que la CICIG además de investigar, también legisle, juzgue y gobierne por nosotros.
Manfredo Marroquín. Analista y presidente de Acción Ciudadana de Guatemala.
