México: la CIDH denuncia pérdida y contaminación de pruebas sobre desaparición de estudiantes de Ayotzinapa
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que realiza la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, denunció la destrucción de evidencia, como los videos de una cámara de vigilancia en Iguala, y la no preservación de otros elementos como la ropa encontrada en dos de los autobuses.
El Estado mexicano, además, se ha negado a que los expertos entrevisten a los militares del 27 Batallón, que tuvieron contacto con los estudiantes la noche en que desaparecieron. El argumento dice que permitir este encuentro “pondría en riesgo la legalidad de la investigación, aunque nosotros tenemos otra opinión, porque no ha puesto en riesgo la investigación las otras entrevistas con normalistas”, dijo Francisco Cox, uno de los expertos.
Desde marzo pasado, cuando el grupo inició los trabajos de investigación, solicitó entrevistar a los 26 militares del batallón, pero cinco meses después de varias condicionantes, el Estado respondió que el GIEI debería enviar por escrito el cuestionario para la diligencia y que ésta solo podrían estar presentes la autoridad ministerial y quienes desahoguen las preguntas.
La intervención del GIEI en el caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes el pasado 26 y 27 de septiembre obedece a un convenio de colaboración entre el Estado Mexicano y la CIDH; sin embargo, la negativa para entrevistar a militares es una muestra de la “diferencia de opinión con el gobierno y las atribuciones que tenemos en el marco legal. Tienen una interpretación distinta del convenio”, dijo Cox.
Durante la investigación, los expertos descubrieron la existencia de una cámara de vigilancia cerca del Palacio de Justicia de Iguala que habría grabado la escena de la intervención policial durante la desaparición de los normalistas; sin embargo, “parece que tales registros videográficos fueron destruidos. Si esto se confirma, se habría perdido (evidencia) para la investigación de los hechos”.
Otra de las evidencias son 19 objetos, sobre todo ropa, encontrada en un autobús abandonado cerca del Palacio Municipal de Iguala y otro en la calle Juan N. Álvarez, resguardados por la PGR y la procuraduría de Guerrero, pero sin cuidado para su preservación como prueba de los hechos.
A 11 meses de la desaparición de los estudiantes, estos objetos “estaban guardados en malas condiciones, revuelto, con humedad, contaminada”, dijo Carlos Beristain. Esta nueva evidencia deberá ser sometida a pruebas genéticas para determinar si pertenecían a los normalistas y, posteriormente, se mostraría a los familiares para que pudieran identificarla.
El GIEI dará a conocer su informe final el próximo 6 de septiembre, una vez que haya concluido su trabajo de seis meses como fue mandatado. Sin embargo, los expertos solicitaron una ampliación de su mandato que deberá ser aprobado por la CIDH y el Estado Mexicano.
Sobre el caso de Julio César Mondragón, desollado la noche del 27 de septiembre, la familia aceptó que se realice una segunda autopsia, luego de las imprecisiones en la necropsia, señaladas en los análisis de peritos independientes.
En el estudio realizado por el médico forense de la Universidad del País Vasco, Francisco Etxeberría, “muestra que en la autopsia de Julio César Mondragón no se evaluaron ciertas lesiones que aparecen el informe original y en las fotografías proporcionadas”.
Entre las cuestiones que una nueva posible autopsia debería analizar están “la causa y la valoración de las fracturas craneales, otras facturas no descritas, así como las huellas en los huesos de la cara de posibles artefactos”.
Los padres de los 43 acusan a la PGR de operar para dividir al movimiento por Ayotzinapa
Los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre del año pasado, acusaron a la Procuraduría General de la República (PGR) de estar intentado operar para dividir a alumnos de la normal de Ayotzinapa y a familiares de las víctimas.
Este mismo día, los miembros del Comité del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer que la PGR no informó a los familiares y sus abogados sobre el hallazgo de ropa de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
También la CIDH llamó por medio de una comunicado a investigar urgentemente el asesinato de Miguel Ángel Jiménez Blanco, activista y líder de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), para “identificar, procesar y sancionar” a los responsables.
En una conferencia de prensa realizada en las instalaciones de la Normal “Raúl Isidro BUrgos”, en Tixtla, Guerrero, los familiares de los 43 normalistas denunciaron que agentes de la PGR han arribado a la escuela con el objetivo de realizarles entrevistas por separado y tratar de dividir al movimiento.
Detallaron que esos agentes han buscado hablar con diversos estudiantes, así como con familiares de los 43 jóvenes desaparecidos, según lo detalló Manuel Olivares Hérnandez de la Red Guerrerense.
“El Gobierno pretende buscar una respuesta incriminatoria en los jóvenes para culparlos de la desaparición de los 43”, sostuvo.
Los familiares de los jóvenes desaparecidos informaron además sobre su encuentro el pasado sábado con el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, quien, aseguraron, se comprometió con iniciar una nueva ruta de búsqueda para localizar a sus hijos.
Precisaron que la comisión que se reunió con el Secretario de Gobernación acordó que las autoridades federales anunciarán el reinicio de la búsqueda de los 43 estudiantes, labor, que indicaron, llevará a cabo la Policía Federal.
Señalaron además que pidieron que se amplíe el plazo de las estancia en el país del Grupo de Expertos de la CIDH.
Por otra parte, los Padres de los 43 demandaron un resultado contúndete por parte de la autoridades que dé con el paradero de los estudiantes, y reiteraron su exigencia de que se investigue a los militares del 27 Batallón de Infantería.
En la conferencia de prensa estuvieron presentes Melitón Ortega, Mario González Contreras, padres de los 43, así como su vocero, Felipe de la Cruz y Manuel Olivares Hernández, activista de La Red de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
El sábado pasado, la Segob informó sobre la reunión que se celebró en un salón de esta dependencia, en la que el encargado de la política interior del país escuchó las propuestas y demandas de los familiares de los estudiantes.
En el documento, se adelantó que Osorio Chong estableció “el compromiso de trabajar coordinadamente en el seguimiento del caso”.
PGR OCULTÓ HALLAZGO DE PRENDAS DE LOS 43
Horas antes, Claudia Paz del GIEI informó que en junio el Grupo de Expertos se percató de que el hallazgo de 19 prendas, entre objetos y ropa, no se procesó, constituyendo un hecho “grave desde el punto de vista de la investigación”.
Paz informó que del 29 al 30 de julio se tomaron muestras de laboratorio a la ropa localizada en dos autobuses donde se transportaban los normalistas esa noche en Iguala. Los miembros del GIEI se encuentran preparando actualmente a los padres de los normalistas para la identificación de las prendas, a casi un año de los hechos.
Mediante un comunicado de prensa se informó que el 29 de junio, el GIEI encontró en el expediente que en fecha 27 de septiembre de 2014 se había llevado a cabo una diligencia de recogida y resguardo de ropa de algunos de los normalistas desaparecidos.
“Dicha situación no era conocida por los familiares ni sus representantes, y tampoco existía un registro específico ni procesamiento de la misma. En opinión del Grupo, este hecho es grave, tanto desde el punto de vista de la investigación como de la importancia que tiene para los familiares. El Grupo pidió ese mismo día a la PGR que se identificara el lugar donde se encontró la ropa y fuese examinada por peritos de la PGR y del EAFF para procesarla, fotografiarla y tomar las muestras genéticas correspondientes, y resguardarla de forma adecuada. Dicha diligencia se realizó los días 29 y 30 julio, y las muestras tomadas de forma conjunta por los peritos de ambas partes serán enviadas al laboratorio de Innsbruck para su análisis genético”.
Las prendas, a las que se refieren los expertos, no contenían huellas de sangre.
Los expertos indicaron además, sobre la solicitud de entrevistar a los 26 miembros del 27 Batallón del Infantería del Ejército, a dos semanas de que concluya el mandato de los expertos, recibieron como respuesta que enviaran un cuestionario, propuesta que rechazaron.
CIDH CONDENA ASESINATO DE LÍDER DE LA UPOEG
Ayer, en un comunicado, la CIDH condenó el asesinato de Miguel Ángel Jiménez Blanco, del activista y líder de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), y pidió que se investigue el caso urgentemente para “identificar, procesar y sancionar” a los responsables.
El pasado 8 de agosto, Miguel Ángel Jiménez Blanco fue asesinado a balazos en la entrada al poblado de Xaltianguis, en Acapulco, cuando manejaba un taxi colectivo. De acuerdo con pobladores, Jiménez Blanco llegaba al poblado de Xaltianguis rumbo a su casa, cuando fue emboscado por hombres armados quienes le dispararon.
En un comunicado, la CIDH expresó su “preocupación” por los sucedido e instó a las autoridades mexicanas a actuar “de forma urgente para identificar, procesar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales del mismo”.
La Comisión también pidió al Gobierno de México que adopte “las medidas necesarias” para proteger la integridad y la labor de los defensores de los derechos humanos.
