Puerto Rico entra en default por primera vez en su historia y ya elaboran un plan fiscal para estructurar el pago de la deuda
El impago llegó.
La situación financiera en Puerto Rico se pone color de hormiga brava cuando ayer lunes se suponía que el gobierno realizara un pago a los acreedores.
Pero, la decisión del gobierno de Puerto Rico de no pagar un vencimiento de la deuda de una de sus corporaciones públicas este fin de semana arrojó una sombra de duda sobre el resto de los $73,000 millones de dólares que se adeudan.
Las consecuencias del impago de $94 millones de dólares, correspondiente a una emisión de bonos de la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, por sus siglas en inglés), una institución pública que depende del gobierno, son todavía una incógnita para los puertorriqueños.
El gobierno de Alejandro García Padilla adelantó que no se hará comentarios sobre el asunto y el Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico (BGF), el brazo financiero del Gobierno, tampoco dio detalles de un impago. Para algunos analistas es el primero de la historia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Por su parte, Melba Acosta-Febo, presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) afirmó que debido a la falta de fondos destinados para el año fiscal, no se realizó el pago total a la PFC. Esto es una decisión que refleja las preocupaciones series sobre la liquidez del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en combinación con el balance de obligaciones a nuestros acreedores e igualmentemente importante la obligación con la gente de Puerto Rico para asegurar que los servicios esenciales se mantengan”, declaró.
La Isla afronta una difícil situación financiera, con una deuda de unos 73.000 millones de dólares, sobre la cual el primer mandatario, ALejandro García Padilla, dijo hace unas semanas que no podrá pagarse tal y como está acordado.
Sin embargo, el gobierno sostiene que el no poder hacer el pago que vence el lunes 3 de agosto, no constituye un incumplimiento, dado que involucra bonos de obligación moral y no hay requisitos legales para pagarlos. Los economistas refutan ese argumento y aseguran que sería el primer impago en la historia del territorio estadounidense.
Es por ello que el gobierno pidió que el territorio caribeño pueda acogerse al Capítulo 9 de la ley de quiebras federal. Incluso propuesieron una ley de quiebra criolla, lo que fue denegado por el Supremo.
En este momento, Puerto Rico, que es un Estado Libre Asociado a EE.UU., no puede acogerse a dicha ley, que le proveería de una herramienta para la reestructuración de la deuda pública, ya que la norma no considera a la isla como un estado más de la nación norteamericana. Sin embargo, la semana pasada el asunto de la deuda de Puerto Rico llegó a Washington, donde el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jacob Lew, señaló a través de una carta que es favorable a la reestructuración de la deuda de Puerto Rico y a que la isla pueda acogerse al Capítulo 9 del Código federal de Quiebras.
Según han explicado varios economistas, no realizar este pago le hace más daño a la isla y a sus corporaciones que a los mismos acreedores. Los $58 millones que se supone se paguen, irían directo a la corporación financiera publica en la isla, donde unos 900 mil puertorriqueños han aportado dinero a las cooperativas de crédito, asumiendo una pequeña tajada de la deuda.
La oposición asegura no pagar es «un delito»
Por su parte, el líder del opositor Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, dijo que es un «disparate» no pagar la deuda y que lo más urgente es sentarse con los acreedores en una mesa para negociar condiciones de pago asumibles.
El pasado viernes el BGF informara de que destinó 169 millones de dólares para el pago del vencimiento de su deuda más inmediata. Sin embargo, El BGF, brazo financiero del Gobierno local, no dio información alguna sobre el vencimiento de deuda de una emisión de su subsidiaria Corporación para el Financiamiento Público (PFC, por su sigla en inglés) que cumplió el sábado.
El secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, ya había adelantado la pasada semana que el Ejecutivo cumpliría con todos los pagos de las deudas que vencen a principios del presente mes con la excepción, precisamente, de la que corresponde a la PFC.
Asimismo, Ricardo Rosselló Nevares, aspirante a candidato del Partido Nuevo Progresista (PNP) a la gobernación, señaló que la determinación de la administración García Padilla de no emitir el pago que corresponde a la deuda de la Corporación para el Financiamiento Público “tendrá el efecto de destruir la poca credibilidad que le quedaba al gobierno de Puerto Rico”.
Ricardo Rosselló reiteró que “la administración actual ha dado pasos concretos desde que tomó posesión en 2013 encaminados a destruir nuestra credibilidad ante el mundo”. Rosselló exhortó al gobernador y a toda la administración a que “no le hagan esto al buen nombre que por décadas ha tenido la isla”. Y añadió que “aun en esta crisis que vivimos existen aquellos que se atreven a apostar por Puerto Rico. No causemos que todo el mundo nos cierre las puertas”.
La legisladora del PNP, Lourdes Ramos, dijo que no pagar a los acreedores la deuda de las corporaciones públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico es un delito.
Ramos recordó a través de un comunicado a los funcionarios del Ejecutivo que encabeza Alejandro García Padilla que en caso de favorecer un impago quedarán sujetos a acusaciones criminales, si se demuestra posteriormente que existía el dinero para cumplir con el vencimiento del pago de la deuda de corporaciones estatales.
La legisladora advirtió que si el PNP resulta ganador en las próximas elecciones generales pedirá responsabilidades a quiénes favorezcan un supuesto impago.
La posibilidad del impago generó incertidumbre en los mercados de deuda y las cooperativas financieras locales, que controlan en sus carteras de inversión buena parte de la emisión de cerca de 94 millones del PFC que vencía el sábado.
Un grupo creado por el gobierno para iniciar el diálogo para iniciar renegociaciones de la deuda y presentar un plan de reforma fiscal a cinco años el 30 de agosto se ha reunido con regularidad. Suárez dijo que hasta ahora, ellos han estudiado 59 propuestas para impulsar la economía de Puerto Rico, incluyendo reformas laborales y de prestaciones sociales, así como asociaciones públicas y privadas.
Incertidumbre por el futuro de la deuda
La decisión del Gobierno de Puerto Rico de no pagar un vencimiento de la deuda de una de sus corporaciones públicas este fin de semana arrojó una sombra de duda sobre casi 58 millones de dólares que se adeudan.
Las consecuencias del impago, correspondiente a una emisión de bonos de la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, por sus siglas en inglés), son todavía una incógnita para los puertorriqueños.
El Ejecutivo de Alejandro García Padilla adelantó que no se hará comentarios sobre el asunto y el Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico (BGF), el brazo financiero del Gobierno, tampoco dio detalles de un impago que para algunos analistas es el primero de la historia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (1898).
Si embargo, el impago no ha sido una sorpresa, pues el gobernador García Padilla ya había anunciado que esa deuda no se iba a pagar.
También el secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, cuando la semana pasada anunció un esfuerzo para reunir liquidez y saldar los vencimientos de deuda más inmediatos de agosto, matizó que quedaba fuera el de la PFC, una subsidiaria del BGF.
El funcionario fue el encargado de abordar el asunto en ausencia del gobernador, que viajó a Washington para recabar apoyo entre los legisladores del Congreso para que Puerto Rico pueda acogerse a la ley de quiebras federal que rige en el país estadounidense, algo con lo que el secretario del Tesoro de EE.UU., Jacob Lew, se mostró de acuerdo la pasada semana.
En espera del Plan Fiscal
El secretario de la Gobernación manifestó que bufetes, sectores sindicales, economistas y organizaciones sin fines de lucro están participando en la elaboración del Plan de Ajuste Fiscal cuya base es el Informe Krueger
Luego que se concretó oficialmente el primer impago de Puerto Rico con sus acreedores, el secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, dijo que la administración de Alejandro García Padilla esperará por el Plan Fiscal que
prepara el Grupo de Trabajo para la Recuperación Fiscal y Económica para decidir “las próximas estrategias con relación a la renegociación de deuda”.
Así contestó Suárez a EL VOCERO cuándo se le preguntó si discutiría con la Corporación para el Financiamiento Público de Puerto Rico (PFC, por sus siglas en inglés) las nuevas condiciones de pago de la deuda, después que el 1 de agosto no se hizo el desembolso de $59.7 millones por alegados problemas de liquidez y no se realizó la transferencia de $93.7 millones al fideicomisario de esta entidad porque la Asamblea Legislativa no separó los fondos.
“El Plan (Fiscal) es fundamental para tener un acuerdo final”, sostuvo. “Los distintos acreedores se van a tratar de manera independiente y vamos a ver qué ocurre con cada uno de los acreedores”, agregó el secretario de la Gobernación.
Por su parte, la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta Febo, informó que se hizo un pago parcial de intereses que ascendió a $628,000.
“PFC sí hizo un pago parcial de intereses en relación con los bonos en circulación. El pago parcial se realizó con fondos restantes de asignaciones legislativas previas relacionadas con pagarés pendientes de pago que aseguran los bonos de PFC. De acuerdo con los términos de los bonos, los cuales establecen que dichas obligaciones son pagaderas únicamente con fondos expresamente asignados por la Legislatura, PFC aplicó estos fondos -que suman aproximadamente $628,000- al pago correspondiente al 1 de agosto”, sostuvo la presidenta del BGF mediante
declaraciones escritas.
Acosta Febo insistió en que no se hizo la totalidad del pago de esta deuda ayer “debido a la falta de fondos asignados para este año fiscal”.
“Esta es una decisión que refleja las graves inquietudes acerca de la liquidez del Estado Libre Asociado y el balance entre las obligaciones con nuestros acreedores y las obligaciones con el pueblo de Puerto Rico, igualmente
importantes, para garantizar que se mantengan los servicios esenciales que el pueblo merece”, agregó la funcionaria que ayer visitó La Fortaleza pero no quiso ofrecer declaraciones a los periodistas y los remitió al comunicado escrito.
Mientras, el secretario de la Gobernación manifestó que bufetes, sectores sindicales, economistas y organizaciones sin fines de lucro están participando en la elaboración del Plan de Ajuste Fiscal cuya base es el Informe Krueger. Dijo que la Coalición del Sector Privado ha estado participando activamente de las reuniones. Cuando EL VOCERO preguntó los nombres de los economistas y dirigentes sindicales que participan en la discusión del Plan de Ajuste Fiscal, Suárez aseguró no tenerlos disponibles en ese momento, pero dijo que consultaría si puede divulgarlos ya que hay algunos que no quieren que su participación se haga pública. Al cierre de esta edición no se habían divulgado los nombres.
La semana pasada EL VOCERO publicó un documento del Grupo de Trabajo para la Recuperación Fiscal y Económica titulado “Economical and Fiscal Adjustments Plan Workstreams, Responsabilities and Update”, que impone fuertes medidas de austeridad y cambios en cuatro renglones: reforma estructural (que a su vez contiene una reforma para reducir costos laborales); reforma fiscal; infraestructura y privatización, y reforma institucional.
La reforma laboral, según el documento, pretende reducir costos privados y públicos eliminando vacaciones hasta
dejarlas en 15 días, reducir la licencia por enfermedad, eliminar los bonos, ajustar los requisitos de la “justa causa para despido”, es decir, flexibilizarlos de tal manera que los patronos no tengan demasiados contratiempos para despedir a un empleado, aumentar el período probatorio a dos años para lograr la permanencia, flexibilizar las leyes de empleo de los jóvenes que entran al mercado de trabajo y calcular de otra manera el tiempo extra, que ahora es a las ocho horas de trabajo diario.
Según el documento, los asesores externos de reforma laboral son el bufete Fiddler González & Rodríguez, junto al secretario del Trabajo, Vance Thomas y la asesora laboral de La Fortaleza, Mariangelys Medina. Este bufete ya está redactando un memorando legal, se indica.
“Algunas de ellas (las recomendaciones) se acogerán, algunas de ellas se modificarán y algunas de ellas se rechazarán pero ese proceso de análisis está ocurriendo ahora, por eso vas a ver bufetes de abogados, dirigentes sindicales y
economistas participando”, sentenció Suárez.
Sobre las denuncias de varios economistas en cuanto el efecto negativo del impago a la CFP en las cooperativas, los planes de retiro 401K, los sistemas de retiro y jubilados, el secretario de la Gobernación dijo, a preguntas de este rotativo, que “estamos en constante comunicación con todos estos sectores”.
“Es importante que ellos entiendan el proceso que estamos llevando a cabo y le hemos dicho muy claramente que para que Puerto Rico pueda cumplir con sus obligaciones es importante el crecimiento económico y renegociar los términos de pago”, se limitó a decir.
De otro lado, Suárez dijo que el Departamento de Justicia continúa evaluando la constitucionalidad de una Junta Fiscal, tal y como recomendó el primer ejecutivo.
Sobre la posibilidad de una Junta de Control Financiero federal indicó que no se ha considerado.
Además, como parte de la reforma fiscal que evalúa el Grupo de Trabajo, el documento “Economical and Fiscal Adjustments Plan Workstreams, Responsabilities and Update” señala que se buscará incrementar y ampliar más el impuesto de consumo hasta finalmente convertirlo en un Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
El secretario de la Gobernación no pudo detallar en qué etapa está el estudio la Comisión de Alternativas para Transformar el Impuesto al Consumo (CATIC). Dijo que el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza y el secretario de Justicia, César Miranda han sostenido reuniones como parte del Comité pero no han presentado resultados todavía. Se supone que este Comité presentara un informe en 60 días tras la aprobación del aumento del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) el pasado 29 de mayo.
En cuanto a la posibilidad de que el Congreso de Estados Unidos permita que el Capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal aplique a Puerto Rico a pesar de que los republicanos han mostrado dudas, el secretario de la Gobernación dijo que “ha habido reuniones con ese sector y nuestro objetivo ahora mismo es brindarle la información necesaria porque muchos no tienen la información o solo tienen la información de un lado”.
La semana pasadas el republicano y presidente del Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos, Orrin Hatch, dijo que “cabildear para que haya acceso a las leyes de quiebra no hace nada para resolver los graves problemas estructurales que han afectado a Puerto Rico por décadas”, luego que el secretario del Tesoro federal, Jack Lew recomendó al Congreso aprobar el Capítulo 9 para la Isla.
