Colombia: por primera vez, la Corte Constitucional realizó una audiencia pública sobre matrimonio gay
Por primera vez en 23 años de existencia la Corte Constitucional supo de primera mano lo que piensan el Gobierno, los organismos de control, las ONG y la sociedad en general sobre el matrimonio igualitario. Fue durante una audiencia pública realizada en Bogotá, la primera en la historia de Colombia sobre este tema y la segunda en la que se tratan los derechos de la comunidad LGBTI. Tras escuchar a partidarios y opositores de estas uniones, ahora la Corte debe tomar una decisión respecto a varias demandas presentadas para darle vía libre al matrimonio gay en Colombia y dejar en firme los que ya se han celebrado.
La audiencia, que se presenta en momentos en los que alrededor del mundo se discute si avalar que las parejas homosexuales se casen o no, tuvo dos bloques: por un lado, los partidarios de estas uniones, con los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo, y de Justicia, Yesid Reyes, a la cabeza, y, por el otro, los opositores, con la viceprocuradora Martha Isabel Castañeda casi convertida en vocera principal.
El Gobierno, por medio de Reyes y Cristo, le dio todo su apoyo al matrimonio igualitario con un argumento claro: no hay razones, en su criterio, para impedir que los homosexuales se unan en matrimonio. Negarles el acceso a esta figura, dijo Reyes, sólo agravaría el déficit de protección que sufre esta comunidad, discriminada durante años. Para el Gobierno, hay que acabar con el limbo en el que se encuentran las parejas homosexuales desde mediados de 2013, tras vencerse el plazo que la Corte Constitucional impuso al Congreso para que legislara sobre el matrimonio igualitario. De acuerdo con ellos, no hay en estos momentos otra manera de solemnizar las uniones entre estas parejas que mediante el matrimonio y no hay institución distinta para ponerle fin a la desigualdad en contra de esta población en lo que a derechos de pareja se refiere.
Para Reyes y Cristo, la Corte puede ponerle fin a esta controversia sin tener que esperar a que el Congreso lo haga. Según el ministro del Interior, el alto tribunal cuenta con todas las competencias para “resolver situaciones en las cuales se encuentran comprometidos los derechos de los ciudadanos”. Lo contrario sería dejar los derechos de la comunidad LGBTI al vaivén de la coyuntura política.
Pero los opositores piensan todo lo contrario. Primero: que la Constitución no señala, en ningún momento, que los homosexuales tengan derecho a casarse. Para la viceprocuradora Martha Castañeda, avalar estas uniones sería como concluir que “el hombre y la mujer son idénticos y pueden sustituirse el uno al otro, que ya no tiene ninguna validez toda la idea de la paternidad compartida porque simplemente se tendría que es suficiente con dos adultos”.
Igualmente sostienen que es el Congreso y no la Corte el que debe definir esta controversia. “En nuestro humilde juicio, a la Corte le está vedado suplir una omisión legislativa”, dijo la viceprocuradora.
En medio de estas dos posiciones estuvieron los notarios, representados por uno de ellos, Álvaro Charry, quien dijo que, pese a estar a favor del matrimonio gay, consideraba que los notarios no podían casar a estas parejas porque la Corte no los había facultado para ello, y le pidió al alto tribunal algo muy sencillo: que defina, sin aspavientos, qué hacer.
Con este panorama, el alto tribunal se apresta a estudiar una ponencia presentada por el magistrado Jorge Pretelt, que pide anular los matrimonios que se hayan celebrado porque, en su criterio, como lo afirma la Procuraduría, ni la Constitución, ni el Congreso, ni la Corte les han abierto hasta ahora la puerta a este tipo de uniones. Tras escuchar a la sociedad en pleno, la Corte tiene ahora la última palabra.
