Violencia sexual a las mujeres en la dictadura chilena

Lelia Pérez tenía 16 años cuando fue detenida por Carabineros y llevada junto a otra decena de estudiantes secundarios al Estadio Chile. Era el 12 de septiembre de 1973 y durante los siguientes días sería víctima de múltiples torturas, entre ellas, su primera agresión de carácter sexual.

“De las mujeres que fuimos llevadas al sector de los camarines, yo creo que todas fuimos sometidas a violencia sexual”, recuerda Lelia, haciendo una pequeña pausa. Su paso por el Estadio Chile fue breve, pero significativo. “Cronológicamente es muy poco tiempo, pero yo siento que entré ahí de 16 y salí de 70”, comenta.

El informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura dedica una sección especial a la violencia sexual ejercida contra las mujeres en dictadura, “tomando en consideración las características de esa violencia, además de su significación moral y cultural en la sociedad chilena”.

De las 3.400 mujeres que declararon en la Comisión, la gran mayoría admitió haber sido víctima de algún tipo de violencia sexual. Si bien 316 dijeron haber sido violadas, se estima que esa cantidad es mucho mayor, ya que “la violación sexual es para muchas mujeres un hecho del cual les cuesta hablar y muchas veces prefieren no hacerlo”, consigna el informe.

Aborto a golpes

Proveniente de una familia de fuerte formación política, Lelia Pérez militaba en el MIR desde los 13 años. Allí, participó de campañas de alfabetización y apoyó el trabajo de los obreros en las fábricas, nutriéndose de experiencias. Su paso por el Estadio Chile no amedrentó esta sed política: volvió a clases en el liceo Darío Salas y retomó su militancia, participando de actos de recuperación en las poblaciones sin dejar de preocuparse por sus compañeros que, poco a poco, comenzaban a desaparecer.

En octubre de 1975, casada y con siete semanas de embarazo, fue detenida por segunda vez y trasladada a Villa Grimaldi, donde permanecería durante tres meses. Allí, los episodios de tortura aumentarían su intensidad, así también las agresiones sexuales que le costarían, incluso, la pérdida del hijo que esperaba, debido a los golpes indiscriminados de los verdugos de la DINA.

“Durante mucho tiempo yo lo situé como, bueno, una tortura más. Pero la agresión sexual no es una tortura más. Porque… cómo te marca, el resto de tu vida, el resto de tus relaciones, el resto de tu sexualidad, de tu afectividad… Y desde dónde se hace. No se hace desde simplemente la búsqueda de la información, se hace desde otra parte, otra tribuna, que es el tema del machismo, del ejercicio del poder sobre la mujer. Ahí no les importó si yo era marxista o no”, expresa Lelia, con una fortaleza que solo refleja su condición de sobreviviente.

Como ella, 229 mujeres que declararon ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura fueron detenidas estando embarazadas. 11 de ellas dijeron haber sido violadas y, debido a las torturas, 20 sufrieron un aborto.

Diversos testimonios recogidos en el informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura dan cuenta de los horrores a los que se vieron sometidas las mujeres prisioneras políticas, los que se expresaban, en un primer nivel, desde el lenguaje.

“A mí me decían perra puta mirista, con la variante de perra maraca marxista. Y es interesante detenerse en esos tres apelativos. Porque el primero te quita tu condición de ser humano: perra. El segundo, te quita desde su perspectiva la dignidad de mujer: puta. Y el otro, marxista o mirista: eres su enemiga política”, relata Lelia.

Para la abogada Camila Maturana, Coordinadora del Observatorio Parlamentario de Corporación Humanas, “la violencia sexual se dirige contra de las mujeres por parte de los agentes del Estado como parte de una política sistemática y permanente de represión, precisamente para imprimir en el cuerpo y la sexualidad de las mujeres una marca, un mandato de aniquilación”.

En ese sentido, a su juicio “la violencia sexual tiene un objetivo político, que es reestablecer el orden de género tradicional que la dictadura cívico militar busca volver a imponer en el país. Desde ese punto de vista, podríamos decir que se castiga a las mujeres por transgredir los mandatos de género, por ser parejas de los militantes o participantes de los movimientos que apoyaban la Unidad Popular o por haber pretendido ser partícipes de estos procesos de cambio social y tener una activa participación política, porque tradicionalmente se ha entendido que el espacio público no les pertenece”.

La abogada explica además que la violencia sexual cometida durante la dictadura chilena “lamentablemente presenta muchos elementos comunes con la violencia sexual generalizada que se comete en contra de las mujeres en las guerras y en los conflictos armados”.

Así, “los cuerpos de las mujeres son atacados y ocupados como parte de una estrategia bélica de ataque al enemigo, como si sus cuerpos representaran también el territorio enemigo a ser ocupado, invadido, violentado”. En ese sentido, el derecho internacional ha calificado a la violencia sexual como un delito de lesa humanidad, una violación a los derechos humanos y un crimen de guerra, lo que todavía no ha sido incorporado a los procesos de justicia en Chile.

Juanita Aguilera es la presidenta de la Comisión Ética contra la Tortura y fue prisionera política entre 1980 y 1984. Para ella, la violencia sexual como tortura contra las mujeres tiene una doble connotación, “porque ellas invaden un campo que es masculino pero además desobedecen a un poder mayor”.

“Cuando el poder trata de castigar a las mujeres, lo que intenta hacer es que ellas sientan y sepan y logren convencerse de que son nada en sus manos. Y ese ser nada es fundamentalmente una demostración de que están reducidas”, manifiesta.

Es por ello que las secuelas de este tipo de agresiones persiguen a las víctimas durante décadas. “Es algo mucho más difícil para hablar, es mucho más difícil de superar, creo que se arrastra demasiado tiempo y que en los primeros años, incluso, ni siquiera habíamos comprendido. En los registros que se hicieron en los primeros años no se registró la agresión sexual como un método de tortura, que era lo habitual, lo común, lo que estaba pasando en esos momentos. Parecía que se daba por hecho que nos iba a suceder, dentro del conjunto de las agresiones que se hacen a las mujeres torturadas, esa en especial, esa innombrable, esa agresión de la cual es difícil conversar. Se ve en los testimonios de las compañeras: son muy pocas quienes logran verbalizarlo sin volver atrás en un proceso de retraumatización”, expone.

A diez años de aquel testimonio, a días de cumplirse 40 años del golpe, la impunidad de los torturadores es uno de los factores que más contribuye en la dificultad para las víctimas de superar el trauma. Corporación Humanas presentó el año 2010 las primeras cinco querellas por violencia sexual contra mujeres en la dictadura, con el objetivo de visibilizar este delito como una práctica sistemática de tortura y un crimen específico de género.

“Los tribunales han tenido conocimiento de la violencia sexual en un amplio número de centros de detención y tortura, pero no se ha dictado hasta ahora ninguna sentencia que condene a algún agente del Estado”, acota la abogada Camila Maturana.

“Cuando la violencia sexual y cualquier otra violación grave a los derechos humanos permanece impune, el mensaje que están dando las instituciones públicas es de tolerancia o aceptación frente a esta violencia. Y eso es lo que es necesario revertir en la sociedad chilena, porque se observan elementos de una cierta continuidad en esta violencia sexual por parte de los agentes del Estado cuando en las manifestaciones sociales, a partir del 2011, quienes han estado detenidos denuncian en muchos casos torturas, abusos y malos tratos por parte de las Fuerzas Especiales y, en el caso de las niñas y mujeres jóvenes, la violencia sexual se dirige contra su cuerpo y sexualidad”, advierte.

Luego de salir de Villa Grimaldi, en diciembre de 1985, Lelia Pérez pasó un año en Tres Álamos, para luego ser enviada al exilio durante una década. Ante la ausencia de justicia, el apoyo familiar y la posibilidad de volver a concebir han sido sus instancias más importantes de reparación.

Sin embargo, coincide en la necesidad de visibilizar la violencia sexual ejercida en dictadura, ante el peligro de que se naturalice e, inevitablemente, se repita. A días de cumplirse 40 años del golpe militar y de su primera detención, Lelia rechaza la “política de los empates” que pretende instaurar la derecha para justificar sus crímenes, así como los llamados al aire a perdonar y pedir perdón.

“¿Qué significa que yo pida perdón? ¿Qué significa que yo tengo que perdonar? Me están obligando a tener que manifestarme sobre qué, ¿qué significa perdonar, que no tengo que odiarlos, que no tengo que tener rabia, quieren normar mis emociones? Lo único que podemos hacer es consensuar cómo lo hacemos en el plano jurídico y, en el plano jurídico, un crimen debe ser castigado”, concluye.