Ecuador: comisión legislativa recibe a organizaciones sociales que se oponen a la explotación del Yasuní
Tras recibir la comparecencia de ministros, secretarios, representantes de los gobiernos seccionales y expertos que avalan la explotación petrolera dentro del Parque Nacional Yasuní, la Comisión de Biodiversidad atendió ayer a organizaciones sociales que están en contra de cualquier actividad extractivista en esa zona.
La Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y Medio Ambiente (Cedenma), Ecociencia y Yasunidos expusieron sus argumentos por los que la Asamblea no debería declarar de interés nacional el crudo de los bloques 31 y 43 (este último en la zona del ITT).
Nathaly Greene, de Cedenma, dijo que por más tecnología de punta que se use, en caso de derrames, no se puede evitar la contaminación del agua y la mutación genética.
Para Fernando Rodríguez, director de la fundación Ecociencia, si se da paso a la explotación petrolera los pueblos en aislamiento sí van a recibir impactos porque, al no estar acostumbrados a ese tipo de intervención, se retirarán y muy probablemente se extinguirán.
Gabriela León, de Cedenma, sostuvo que en un Estado garantista de derechos, como señala la Constitución, con la explotación se estaría violentando de manera drástica los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario y eso constituiría el delito de etnocidio.
En la tarde, en cambio, llegaron grupos a favor de la explotación, como la Coordinadora de Organizaciones Montubias, la Confederación Unitaria de Trabajadores Autónomos y la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI) y otros, que señalaron la importancia de que los recursos que salgan de esos bloques sirvan para el desarrollo del país y respaldaron los argumentos del Gobierno.
Tras una nueva reunión del bloque oficialista, Alianza País (AP), para tratar el pedido presidencial, la asambleísta Gina Godoy sostuvo que la bancada se mantiene en la posición de que la zona intangible tagaeri-taromenane no se toque, aunque dejó abierta la posibilidad de que se puedan hacer trabajos subterráneos en esa zona, si la tecnología lo permite.
“La (intervención) subterránea pudiera ser, porque usted no afecta la superficie, no influye en lo que observamos ningún cambio”, dijo Godoy.
45 días
Tardaría trámite de solicitud según plazos de la ley.
