El Gobierno uruguayo anunció una megainversión en obra pública
En las antípodas del juego al achique que, traducido a la política criolla, ganó peso en la agenda pública durante el primer semestre de gestión a fuerza de mensajes de austeridad y cautela en el gasto, el gobierno anunció ayer una megainversión en obra pública: 12.000 millones de dólares en el quinquenio. El anuncio llegó luego de la reunión del Consejo de Ministros, en la que el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, presentó los números primarios de la inversión con la que el gobierno apuesta a hacer frente al enlentecimiento de la economía. Por orden del presidente Tabaré Vázquez, todo el consejo asistió a la conferencia de prensa posterior, realizada en la Torre Ejecutiva. Como en la foto previa a un partido de fútbol, los ministros se ubicaron en doble fila. Los anuncios correspondieron al presidente devenido director técnico, que se ubicó a un costado.
Durante su intervención, Vázquez explicó que 66% de la inversión será financiada con fondos públicos y 34% con fondos privados. El presidente hizo énfasis en que la cifra total es “récord histórico” en el país, superando la suma de lo invertido durante los dos gobiernos anteriores y hasta triplicando o cuadriplicando la inversión realizada en períodos anteriores. Y, agregó, una “extraordinaria” fuente de “trabajo decente”. De la suma anunciada, unos 4.230 millones serán destinados a obras energéticas, 2.360 millones en vialidad, 1.870 millones en infraestructura social, 1.320 millones en vivienda, 750 en comunicación, 550 en agua y saneamiento, otros 550 millones en puertos, 360 millones en la recuperación de la red ferroviaria y 380 millones en otros rubros. El Antel Arena y el puerto de aguas profundas, dos obras emblemáticas de la administración anterior, no están incluidos en este trazado, aunque Vázquez anunció que está previsto que se presenten proyectos de inversión para ambos casos. En comparación con el gobierno de Mujica, la inversión propuesta implica aumentos para OSE y UTE y una baja en el gasto de otras empresas, como ANCAP y Antel, que desciende bruscamente de 1.365 a 750 millones. A su vez, duplica el gasto en vialidad y casi que quintuplica el gasto ferroviario. El gasto social aumenta de 1.339 millones a 1.870 (básicamente por la puesta en marcha del sistema de cuidados) y en vivienda pasa de 983 a 1.320 millones de dólares.
Al detalle del destino de la inversión que el gobierno espera realizar con el aporte de privados, el presidente sumó algunos mensajes a la interna del gobierno. Por ejemplo, cuando descartó un escenario de ajuste -“No hay política de achique ni recortes, hay seriedad y posibilidades reales”, dijo-, al ratificar la construcción del Antel Arena -“Nunca dijimos que detendríamos las obras”, se excusó- o cuando descartó el uso de las reservas internacionales del país, una propuesta tras la cual se habían encolumnado en las últimas semanas dirigentes de varios sectores del Frente Amplio (FA), desde el Movimiento de Participación Popular (MPP) a la lista 711 del vicepresidente Raúl Sendic. Esa posibilidad había sido rechazada por el astorismo.
La movida anunciada ayer, aseguran confidentes del primer nivel del gabinete, se venía cocinando a fuego lento desde hacía semanas, pero la decisión (como de costumbre) la tomó Vázquez de improviso, desconcertando a propios y extraños. El anuncio del presidente, casi un happening, deja en orsai a buena parte de la bancada, que venía reclamando una receta de tipo keynesiano, a imagen y semejanza de la que el anterior gobierno de Vázquez asumió en 2008 como respuesta a los coletazos de la crisis financiera internacional. El gobierno, como quien no quiere la cosa, prefigura un escenario ambicioso de obra pública que buscará un equilibrio en su impacto territorial. En esa línea, el presidente anunció además 200 millones de dólares para el Fondo de Desarrollo del Interior. El plan de inversiones del gobierno también atiende la compatibilización de las prioridades sociales (salud, educación, saneamiento y vivienda) con las estructurales (transporte terrestre y ferroviario, obras energéticas).
Astori santiguó el plan. Dijo que no percibe “ningún riesgo de presión inflacionaria” con este programa de inversiones y aclaró que “el impacto fiscal de estos anuncios está debidamente estudiado como para que no origine desequilibrios desde este punto de vista ni tampoco alimente presiones inflacionarias”. El resultado del plan dependerá de la capacidad estatal para llevarlo a cabo en un contexto de relativa estrechez fiscal. Y del comportamiento de los privados, a quienes se propone hacerse cargo de 34% de la inversión mediante participaciones público privadas y con la modalidad leasing.
La presentada ayer es la mayor iniciativa anticrisis del gobierno, de magnitud incomparable con las que ha venido desgranando, más moderadas ellas. Una receta contracíclica con apuesta decidida a la infraestructura, que el gobierno aspira a que termine de perfilar al país como polo logístico para hacer frente a los vientos arremolinados del mundo y la región.
