Proyecto hidroeléctrico: vence ultimátum de la Comisión Indígena al Gobierno y se esperan nuevas protestas
El plazo de 24 horas otorgado al Gobierno por parte de la comisión indígena para que respondiera a la propuesta entregada la tarde de este sábado a la vicepresidenta Isabel De Saint Malo en el centro misionero Jesús Obrero, en el distrito de Tolé, venció en horas de la tarde de ayer y se espera que hoy se definan las acciones por tomar.
La propuesta solicita al Gobierno que retire de los diferentes puntos del oriente chiricano, incluyendo la entrada del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, a todas las unidades policiales y la suspensión de la obra tal y como se acordó el 2 de febrero, cuando los trabajos fueron paralizados.
La propuesta fue entregada a la vicepresidenta durante la reunión que se sostuvo la tarde del pasado sábado, luego de los enfrentamientos registrados entre unidades policiales e indígenas en la entrada del distrito de Tolé, Chiriquí.
Chito Gallardo, cacique local de Muna, expresó que no se sentarán a dialogar si el Gobierno no da respuesta a la propuesta presentada, ya que se sienten burlados por las autoridades gubernamentales que se aprovecharon de la reunión que se sostenía para reprimir a la población, sin importarles la cantidad de niños y mujeres que también fueron reprimidos.
La comisión indígena dio a conocer que durante las represión, varias personas resultaron heridas debido a los golpes recibidos, así como niños y mujeres fueron esposados y retenidos.
Los indígenas han manifestado que para hoy se sostendrán reuniones entre las autoridades y el resto de la población indígena para luego dar a conocer las acciones por seguir.
Además, mostrarán fotografías de las agresiones que sufrieron los ngäbes y las personas que resultaron heridas a causa de los tratos que recibieron de los policías.
Ante el plazo de 24 horas otorgado por la comisión indígena al Gobierno, otras organizaciones, como los trabajadores de Tierras Altas, han manifestado movilizarse al oriente chiricano en apoyo al pueblo ngäbe si no se da una respuesta a su solicitud. También se sumarían los indígenas de Bocas del Toro.
Heridos
El Ministerio de Salud (Minsa) emitió un comunicado en el que informa que debido a la situación presentada en Tolé, fueron atendidas en el Hospital General del Oriente Chiricano, ubicado en San Félix, tres personas.
Dos heridos fueron dados de alta en la misma tarde, mientras que el tercero fue remitido al hospital regional Rafael Hernández, en David, para revisión de una lesión en el tobillo.
Según detalla el comunicado, uno de los lesionados presentó inflamación superficial en la piel; otro, irritación en los ojos por contacto con gas pimienta, mientras que el tercero, una hinchazón en el pie izquierdo, área del tobillo.
La policía continúa apostada en diferentes puntos del oriente chiricano. El director de esta institución, Omar Pinzón, aseguró que se mantendrán en el lugar para velar por el orden y mantener el libre tránsito.
Acusan a dirigentes y alcalde de obstaculizar diálogo
El Gobierno Nacional acusó a un sector de la dirigencia del Movimiento 10 de Abril y al alcalde de Muná, Rolando Carpintero, de impedir que haya consenso en el diálogo que sostienen con los indígenas por el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco.
“Muestra de ello, se vivió ayer (sábado), cuando la vicepresidenta se presentó en Tolé a continuar el diálogo; en lugar de participar de la hora acordada, los dirigentes del M-10 y el alcalde de Muná procedieron a movilizar un pequeño grupo, entre ellos niños y mujeres, para cerrar la vía”, se plantea en un comunicado de la Secretaría de Comunicación del Estado.
Según la vicepresidenta Isabel de Saint Malo, “la voluntad y compromiso del Gobierno por acercar las partes ha sido total”, sin embargo, se han encontrado con esta situación. En el comunicado se registra que ante el cierre de la Interamericana por los indígenas, el pasado sábado, la Policía Nacional procedió a despejarla, para garantizar el tránsito y “fueron agredidas”. La vicepresidenta reiteró el interés y la confianza del Gobierno en continuar el diálogo, aunque advirtió que harán “cumplir los derechos de terceros y las leyes nacionales, que resguardan la seguridad y el libre tránsito en el país”.
