Peligro de default: presionan para que la Legislatura aprueba plan de pagos
El comisionado residente de Puerto Rico en Washington, Pedro Pierluisi, le recomendó este domingo al gobernador Alejandro García Padilla que convoque a una sesión extraordinaria de la Legislatura para poder encaminar, antes del 1 de agosto, el pago para el servicio de la deuda de la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, por sus siglas en inglés).
Al mismo tiempo, Pierluisi instó a García Padilla a reevaluar su equipo económico, justo mientras legisladores del Partido Popular Democrático han hecho críticas negativas contra la presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta.
Aunque no emitir la semana pasada el millonario pago para el servicio de la deuda de la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, por sus siglas en inglés) puede haber constituido un “impago técnico”, el gobierno estaría aún a tiempo de hacer el pago que vence el 1 de agosto, señaló Pierluisi en declaraciones escritas.
“Por primera vez en su historia, Puerto Rico se encamina a no pagar sus obligaciones y eso es devastador para el buen nombre y la credibilidad de nuestro Pueblo ante el mundo. Sin embargo, el Gobernador está a tiempo de minimizar el daño, tomando acción ahora para que Puerto Rico cumpla con los pagos que tiene que hacer el 1ro de agosto”, destacó Pierluisi.
La presidenta del BGF, Melba Acosta, argumentó que la Legislatura no había hecho la asignación presupuestaria correspondiente para hacer el citado pago, y por lo tanto el BGF no hizo el depósito el pasado miércoles. Esos señalamientos le ganaron enérgicas críticas de legisladores populares y también de líderes novoprogresistas.
La Legislatura ciertamente asignó dinero para pagar esa y otras deudas, pero lo hizo mediante la creación en ley de un fondo, al cual el BGF puede acceder pidiéndole permiso a la Legislatura y ese cuerpo está en receso hasta el 17 de agosto.
“Lo que verdaderamente no tiene nombre es que este virtual impago no se debe a que no haya dinero, o que no está asignado—ni siquiera a otra improvisación más a las cuales nos tiene acostumbrados esta administración—sino a una garata entre la gerencia del BGF y la mayoría del Partido Popular en la Legislatura”, opinó Pierluisi.
“Si el gobernador (Alejandro) García Padilla de verdad quisiera ejercer su liderato para resolver este asunto, todo lo que tiene que hacer es convocar una sesión extraordinaria de la Legislatura para considerar este asunto que se puede despachar en pocas horas”, agregó.
Si en esa sesión la Legislatura aprueba la resolución que corresponda y el BGF cumple con los pagos que vencen el 1 de agosto, “enviaría una señal positiva a los mercados de que la administración todavía tiene la intención de atender este asunto de la deuda de manera seria y responsable”, puntualizó.
Sin embargo, “de no hacerlo, el mismo gobernador le estará reiterando al mundo entero que su administración, en efecto, no piensa cumplir con sus obligaciones”, agregó el líder estadista.
Pierluisi coincidió con declaraciones hechas también este domingo por la representante Jenniffer González para reafirmar críticas negativas al gobierno por no emitir el 15 de julio un depósito de $93.7 millones correspondientes al principal e intereses de bonos que vencen el 1 de agosto.
“El dinero para pagar a los bonistas que vence en agosto está ya disponible por ley y no es necesario gestión adicional por parte de la Legislatura para desembolsar tales fondos”, sentenció González.
“Si la Presidenta del Banco Gubernamental de Fomento no paga estaría incumpliendo con su deber ministerial quebrando, una vez más, la palabra del Gobierno ante los mercados por lo que el Gobernador debería retirarle de inmediato su confianza por el bien de Puerto Rico”, dijo la portavoz del PNP en la Cámara de Representantes en un comunicado de prensa.
González destacó que las Resoluciones Conjuntas 62 y 63, firmadas ambas por García Padilla el 1 de julio, disponen en su Sección 2 que para los fondos asignados en tales resoluciones “…la Asamblea Legislativa autoriza al Gobernador de Puerto Rico o al Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto a traspasar fondos entre las agencias según dispuesto en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta sin la necesidad de autorización adicional”.
Por eso recriminó a la administración por no pagar la deuda de PFC y consideró excusas los argumentos de Acosta. “No hay excusas para caer en un impago, los fondos están, los recursos para adquirir fondos están. Por lo que la Presidenta del Banco Gubernamental de Fomento no puede argumentar que no tenía las herramientas necesarias para hacer las gestiones referentes al pago de agosto, porque sí las tiene. El impago sería particularmente catastrófico para Puerto Rico dado que los tenedores del 65% de esos bonos son bancos, cooperativas, aseguradoras e inversionistas de Puerto Rico”, subrayó la legisladora.
Según recalcó González, para reponer ese dinero hay $275 millones reservados para el pago de la deuda bajo la Resolución Conjunta 63 del 1 de julio de 2015 que pueden reasignarse una vez comience en agosto la sesión ordinaria de la Legislatura.
Pierluisi, mientras, dijo que “este caso en particular atenta de manera cruel contra la estabilidad financiera y emocional de uno de los sectores más vulnerables de nuestra población, nuestros retirados. Puertorriqueños que han trabajado toda una vida, y que con el sudor de su frente se han ganado sus ingresos y han hecho sacrificios para ahorrar e invertir en Puerto Rico no merecen sufrir otro embate por culpa de la incapacidad e irresponsabilidad de esta administración. Y para colmo que les digan que ellos debían haber sabido que esos bonos no tenían garantía. Eso es una crueldad y una irresponsabilidad”.
Mencionó, además, que más del 40% de los bonos de la PFC pudieran estar en manos de puertorriqueños residentes en la Isla, muchos de los cuales cuentan con los intereses de esas inversiones como complemento a lo que reciben del Seguro Social para poder vivir, según cálculos de la industria financiera.
No obstante, observó que el impacto va más allá de no recibir intereses, ya que el valor de esos bonos ha seguido en picada al punto de que han perdido cerca del 80% de su valor.
Tony Soto pide al Gobernador convoque Sesión Extraordinaria
El representante Antonio ‘Tony’ Soto exhortó al gobernador Alejandro García Padilla a convocar una sesión extraordinaria a la Asamblea Legislativa a la mayor brevedad para que se autorice al BGF utilizar del Fondo para el Desarrollo Económico y Pago de Obligaciones de Puerto Rico para el desembolso de todos los compromisos de deuda que tengan vencimiento hasta que inicie la próxima sesión legislativa el 17 de agosto.
La exhortación se dio durante una reunión en La Fortaleza entre ambos funcionarios.
«Conozco de primera mano las necesidades del empresario local, ya que provengo de ese campo antes de entrar a la Legislatura estatal este cuatrienio, por lo que mi llamado no es sólo un reclamo desde una plataforma político partidista sino el llamado de puertorriqueño comprometido con su Isla», expresó Soto.
El legislador explicó que los pasados días han sido unos llenos de controversias que siguen afectando la credibilidad del gobierno de Puerto Rico ante los mercados financieros; tanto por la presentación en New York de su Administración esbozando los motivos que le llevan a solicitar a los bonistas que se abran a la negociación, como por el “impago” de $94 millones de una de las subsidiarias del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, por sus siglas en inglés).
«Es momento para que las acciones estén en sintonía con lo que se le comunica al pueblo. El mensaje no debe ser de más impuestos debe ser reformado a uno de cómo se adelantaran iniciativas que traerán como consecuencias el cómo aumentar la producción y se distribuirá sabiamente la carga contributiva. El ataque al sector privado debe ser transformado por uno de que el gobierno será un facilitador y promotor del crecimiento de este importante sector de nuestra economía. El mensaje de que “eventualmente habrá un impago” debe ser cambiado por uno de que nuestro gobierno, como nuestro pueblo, es uno responsable, laborioso y con la voluntad de cumplir sus compromisos, ajustados a la realidad fiscal y económica presente de la Isla», indicó.
Durante la reunión, el representante novoprogresista también le solicitó al Gobernador que el gobierno estatal, a través del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, atienda la situación de las inundaciones provocadas por la Quebrada Margarita a la altura de San Patricio, específicamente colaborando en los trabajos de canalización de la misma y removiendo la sedimentación existente. De igual forma, reclamó que se sustituya el generador eléctrico de la planta de bombeo de Bay View en el Municipio de Cataño y se mejoren las condiciones para evitar inundaciones en las comunidades de Juana Matos, Cucharillas y Las Vegas de dicho municipio.
Soto también reiteró varias recomendaciones que le ha hecho al Primer Ejecutivo para enfrentar la situación difícil por la que atraviesa el gobierno de Puerto Rico, y que nunca fueron tomadas en cuenta.
«Hoy se está cosechando el haber excluido otras voces y a otros sectores con propuestas distintas a las implementadas por su equipo fiscal», sostuvo Soto.
Entre las recomendaciones se encuentra hacer un plan de trabajo para que los municipios puedan tener la facultad legal para fiscalizar el pago del IVU, aumentando así los recaudos para el gobierno; evaluar las deudas de cada emisor conforme a su realidad fiscal y así establecer, de ser necesario, las prioridades de restructuración de las mismas; así como evaluar cambios para simplificar el al sistema contributivo.
Además, también planteó eliminar tipos de contribuciones que son altamente propensos a evasión; eliminar tipos de contribuciones que son onerosas para el sector productivo desalentando el desarrollo económico y dejarle el dinero en el bolsillo a la gente y aliviar al sector comercial (empresarial), para que se propicie el desarrollo económico, se reactive la economía.
Así mismo, el Representante recomendó retomar el mecanismo de las Alianza Publico Privadas (APP) y enmendar la Ley 154, que impone un arbitrio a las corporaciones foráneas, entre otras.
«Puerto Rico, como usted ha dicho, necesita unión de voluntades. Hagamos esas palabras en una realidad», destacó Soto.
