Guatemala: Comisión Internacional asegura que el 50% del financiamiento político es ilegal y ratifican comicios de setiembre
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentó ayer, un mes después de lo anunciado, su informe sobre financiamiento de partidos políticos. El comisionado Iván Velásquez cuestionó fuertemente los fondos que llegan a las agrupaciones que, según el análisis de la CICIG, tienen en su mayoría un origen ilícito, y una gran parte de los mismos (aproximadamente el 50 por ciento) proviene de la corrupción.
El informe señala que únicamente un 25 por ciento de las fuentes de financiamiento son elites empresariales, asociaciones de empresarios y financistas individuales. Otro 25 por ciento proviene del crimen organizado, y el resto, de constructores de obra pública, proveedores del Estado y otros financistas.
Durante el gobierno de Colom
La Comisión señaló a diversos operadores y financistas, varios de ellos considerados peones importantes del gobierno de Álvaro Colom. En el documento se explica el papel del “recaudador”, una figura con una función clave: actuar de intermediario entre los grupos empresariales, proveedores del Estado, donantes anónimos y estructuras criminales; y los candidatos, partidos y el destino del enriquecimiento ilícito.
“En cada gobierno pueden identificarse recaudadores, que posteriormente han tenido una fuerte influencia en el Ejecutivo”, señala el documento. La CICIG ejemplifica esta figura en Gustavo Alejos, un recaudador que “se enriquece y construye tráfico de influencias”.
Velásquez explicó que Alejos fue financista y operador de Colom en las campañas electorales de 2003 y 2007, e influyó en el nombramiento y destitución de funcionarios. Durante este periodo, empresas vinculadas con él fueron beneficiadas con contratos públicos, y su hermano y su padre fueron nominados candidatos a diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). En 2008, al inicio del gobierno de Colom, la Comisión evidencia que fue nombrado su secretario privado, cargo desde el cual logró “una importante influencia política y convertirse en facilitador de negocios propios y ajenos”.
Gloria Torres, hermana de Sandra Torres, entonces esposa de Colom, también fue cuestionada por la CICIG. Como Secretaria de Organización del partido construyó relaciones con candidatos a alcaldes y alcaldes de la UNE, y creó un conjunto de entidades mediante las que recibía fondos de las comunas, señala el informe. “En este entramado de corrupción puede observarse el vínculo entre una estructura dedicada al narcotráfico con el nivel más alto de un partido político”, se indica, acerca de la relación de Torres con Juan Ortiz, Chamalé.
El último golpe fuerte de la CICIG al gobierno de la UNE fue contra Obdulio Solórzano, financista del partido, postulado y electo como diputado por la agrupación en 2008 y director de Fonapaz durante el mandato de Colom. Desde dicha entidad, recuerda la Comisión, Solórzano benefició con contratos de obra pública y posiciones administrativas a la estructura del narcotraficante Ottoniel Turcios.
Respecto a estos señalamientos, la agrupación expresó que desde 2010 las personas señaladas “ya no pertenecen al partido, por lo que nos deslindamos de cualquier responsabilidad individual que ellos puedan tener”.
Otros señalados
La Comisión también cuestionó a otras figuras como Edwin Javier Javier, actual candidato a alcalde del municipio de Ipala por un comité cívico. “Se trata de un empresario que ha sido constructor de obra pública y posee un canal de cable” y fue sindicado de narcotráfico, se indica en el informe.
Además, el comisionado Velásquez recordó los casos investigados por la CICIG, en los que el Ministerio Público (MP) sindicó a Arnoldo Medrano, Baudilio Hichos, Mirza Arreaga y Luis Chávez.
Velásquez también puso en evidencia el papel de los medios de comunicación y los conglomerados que se establecen en torno a líderes políticos. “El monopolio de la televisión abierta pacta con candidatos costos especiales de publicidad con miras a mantener la concesión y la adjudicación de publicidad gubernamental; los consorcios de medios realizan aportes especiales a partidos a cambio de pauta, posiciones en el Legislativo y publicidad; y los lideres políticos constituyen redes de medios nacionales y locales que se alimentan de los recursos de la corrupción”, concluye el informe.
Partidos franquicia
Los “partidos franquicia”, creados y puestos a disposición de personas interesadas en postularse, o reservados para una siguiente elección en caso de no lograr los resultados que se buscaban, también fueron señalados por Iván Velásquez. “Casos extremos de esto pueden observarse con los partidos Ciudadanos Activos en Formación Electoral (CAFE), Partido Libertador Progresista (PLP) y Movimiento Reformador”, cuestionó el comisionado.
El poder en lo local
Iván Velásquez recordó que existen redes político económicas ilícitas lideradas por el poder regional y local. “Se construyen en torno a algunos alcaldes y diputados distritales y son el elemento constitutivo y explicativo del sistema político guatemalteco”, explicó. Según la CICIG, estas redes permiten articular la política local con la nacional y son la pieza central para el financiamiento ilícito. “A la larga han posibilitado la continuidad del sistema y permiten a los alcaldes tener acceso a recursos públicos adicionales”, indicó.
FRASES IVAN VELÁSQUEZ
“El financiamiento privado es poco regulado y opaco, y genera riesgos para el proceso electoral y la democracia”.
“Los caciques constituyen redes político económicas ilícitas de carácter regional”.
“No existen ni en el MP ni en el Organismo Judicial registro de denuncias o procesos iniciados en relación a delitos electorales vinculados al financiamiento”.
“Hay una alta impunidad de delitos electorales, entre el 95 y el cien por ciento”.
“Guatemala es un país propicio para cometer delitos electorales sin ninguna consecuencia”.
“Este sistema de financiamiento ha moldeado y ha sido moldeado por el sistema político”
Ver informe completo
http://www.cicig.org/uploads/documents/2015/informe_financiamiento_politicagt.pdf
TSE reitera elecciones para el 6 de septiembre
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Rudy Pineda, reiteró que las elecciones se efectuarán el 6 de septiembre “sí o sí”, tras ser consultado acerca del panorama en el que se encuentra el país tras las denuncias de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) por el financiamiento ilícito de partidos políticos.
“Estamos preparados para que las elecciones se realicen el 6 de septiembre, y en esa base trabajamos. Hay que cumplir con los tiempos que se establecen en la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), y mientras esa normativa no cambie, no podemos aplazar la fecha”, explicó Pineda, al terminar la presentación de la Cicig.
Leopoldo Guerra, director del Registro de Ciudadanos, dijo ayer que esta entidad “no se puede pronunciar hasta que no esté notificado” respecto a las denuncias presentadas por Cicig contra candidatos del Líder. Pero adelantó que “no se puede revocar la inscripción de cualquier candidato que se encuentre en solicitud de antejuicio hasta que el Organismo Judicial no le dé trámite”.
“Los candidatos gozan de inmunidad hasta el día de las elecciones y por esa razón nosotros no podemos proceder ante una hipótesis jurídica existente”, agregó.
Además, el registrador adelantó sin precisar nombres que ya dio trámite a la inscripción de cuatro diputados del partido Todos; sin embargo, entre ellos no se encuentra Alfonso Portillo.
Martínez dice que dinero fue un préstamo Muestra cheques con que pagó a Chico Dólar El diputado de la Gran Alianza Nacional (Gana) Jaime Martínez Lohayza y actualmente candidato para la reelección por Líder, afirmó conocer a Francisco Morales, alias Chico Dólar, identificándolo como un empresario de éxito en Jutiapa.
Además, admitió que “se hizo un documento (pagaré), en el cual el partido se comprometía a cancelarle un préstamo de Q1 millón”. Sin embargo, en los documentos mostrados solo se observa la firma de la diputada Virna López Chacón, como secretaria de actas del Comité Ejecutivo de la Gana.
El congresista mostró tres cheques con los que según afirma, se canceló entre 2012 y 2013 el adeudo que se tenía con el empresario. Todos los documentos estaban a nombre de Agropecuaria El Campesino.
