Ayotizinapa: padres se reúnen con la Procuraduría después de cuatro meses
Después de casi cuatro meses de rompimiento de conversaciones entre funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, este jueves se concretó una reunión con la titular de la dependencia, Arely Gómez González, gestionada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En la reunión, a la que asistieron también familiares de las personas fallecidas y heridas el 26 y 27 de septiembre del año pasado en Iguala, Guerrero, participaron –a petición de la dependencia y los afectados—los integrantes del GIEI: Alejandro Valencia, Ángela Buitrago y Claudia Paz y Paz.
En un brevísimo comunicado para referirse a la reunión de esta tarde, el GIEI consideró el encuentro como “un paso importante para avanzar en la investigación y mejorar la relación con los familiares”.
Tras indicar que los padres de las víctimas “hicieron diversos planteamientos” a la procuradora y a su equipo, el GIEI evaluó que “el resultado fue fructífero” al cerrarse algunos acuerdos.
El abogado del Centro de Derechos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales, consideró como “significativo que la procuradora se comprometió a abrir nuevas líneas de investigación”.
Rosales Sierra sostuvo que Gómez González fue “ambigua” cuando los padres de los jóvenes desaparecidos le preguntaron en diversos momentos sobre su posición sobre la “verdad histórica” de su antecesor, Jesús Murillo Karam.
Luego señalar que su primera impresión es que la funcionaria “tiene poco conocimiento del caso”, abundó que “pese a que los padres le insistieron en que fijara una posición sobre las conclusiones de Murillo, lo único que se limitó a decir es que el caso sigue abierto, que hay diligencias que se están realizando y que se van a abrir líneas adicionales de investigación”.
Narró que en la reunión Arely Gómez no específico “contra quién abriría líneas de investigación, sólo que la dependencia actuará contra quien tenga responsabilidad, dependiendo de los datos que se abran en la investigación”.
Rosales Sierra reconoció que ni los padres ni sus representantes guardan “gran esperanza que lo vaya a hacer la PGR, pero está el compromiso en minutas de que se van a abrir las líneas de investigación que el caso lo amerite”.
Vidulfo Rosales explicó que entre los puntos de preocupación relevantes llevados a la mesa por los padres de familia destacan “la posición oficial como titular de la PGR respecto del caso, si para ella sigue abierto o cerrado, cuál el estado que guarda el expediente y qué es lo que tiene proyectado y tiene pendiente la PGR”.
El abogado señaló que además de su aseveración de que el caso sigue abierto, de que “hay diligencias que se están realizando”, y de que las nuevas líneas de investigación serán sometidas al análisis del GIEI, “se acordó un mecanismo periódico mensual de dotación de información a los padres de familia”.
El mecanismo de intercambio de evaluación, dijo, estará integrado por los titulares de las subprocuradurías Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y de Derechos Humanos, Felipe Muñoz y Omar Betazos, respectivamente, una persona de la oficina de la procuradora, y por parte de los agraviados una comisión de los padres de familia y abogados de Tlachinollan y del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, quienes ejercen la representación legal.
“No se estableció ningún tiempo para que se aborden nuevas hipótesis, sino que se estableció este mecanismo de información periódico mensual, y el próximo mes nos estaremos sentando y estaremos evaluando”, apuntó Rosales Sierra.
Al insistir en que la procuradora “no está muy empapada” en el caso de la desaparición forzada de los estudiantes, Rosales Sierra resaltó que lo rescatable es que “el caso sigue en movimiento, que no está cerrado y hay un compás de expectativa que permite la apertura de nuevas líneas de investigación”.
En la reunión también estuvieron presentes el director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, y los titulares de la SEIDO y de la Subprocuraduría de Derechos Humanos.
