Presidente dispone nuevas medidas para la deportación masiva de haitianos
En contexto: El 17 de junio concluyó en República Dominicana el Plan Nacional de Regularización en el que sólo pudieron inscribirse 288.500 personas, es decir, el 55% del número estimado de inmigrantes (en su mayoría haitianos). Comenzó así un proceso de deportación masiva que viene siendo repudiado por diversas organizaciones y líderes regionales
El presidente Danilo Medina dispuso ayer la utilización de camiones de carga para la mudanza de los extranjeros indocumentados que se quieran marchar voluntariamente del país. Las autoridades también informaron que ya suman 17,456 los que han retornado libremente, mientras que la inversión total de las acciones migratorias sería de unos RD$2,000 millones.
La información la dio a conocer el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, que junto a otras autoridades gubernamentales habló del proceso iniciado el pasado día 17. El funcionario dijo que el servicio será gratuito y que ahora se dispondrá de autobuses más confortables y de los camiones para los que se quieran ir con sus propiedades.
Explicó que el plazo de los 15 días que se otorgó para la salida voluntaria de los extranjeros podría será ampliado si continúa el flujo de solicitantes del servicio de transporte oficial. Los autobuses y los camiones estarán de lunes a sábado desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde en las avenidas Máximo Gómez y Ortega y Gasset, próximo al Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en la capital. También frente a las gobernaciones de San Pedro de Macorís, La Altagracia, Santiago, Valverde, Barahona, San Juan y otras provincias.
El propósito del Gobierno es ofrecerles más facilidades a los extranjeros, especialmente haitianos, en autobuses privados que tienen mayor comodidad y camiones que garanticen la protección de todos sus ajuares, para cumplir con su compromiso de un trato humanitario.
Los que se han ido
Las estadísticas más recientes fueron ofrecidas ayer en la rueda de prensa en el Palacio Nacional e indican que hasta ayer se habían marchado voluntariamente 17,456 personas.
El Gobierno informó que 365,000 personas ya están dentro del marco de la Ley Especial 169-14 y el Plan Nacional de Regularización, incluidos los estudiantes y los pensionados.
De esa cantidad 102,940 extranjeros presentaron actas de nacimiento; 69,997, pasaportes, mientras que 25,000 tenían cédulas de identidad y los demás algún tipo de documento de identidad.
Por el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros hay 288,486; del Grupo A Ley 169-14, de la Junta Central Electoral, suman 55,000; del Grupo B Ley 169-14, que dirige el Ministerio de Interior y Policía, 8,755.
Las estadías para estudiantes de la Dirección General de Migración son de 10,000 y los pensionados de la industria azucarera, que coordina también Interior y Policía suman 2,724, para un total de 364,965 extranjeros.
Los funcionarios explicaron que a partir de la Encuesta Nacional de Inmigrantes realizada en el 2012 se ha pasado de tener un 20% de población migrante con estatus regular a un 75% de regularizados. En ese entonces, 524,632 personas estaban en el país sin documentos, para un 5% de la población dominicana. El 18 de este mes se marcharon voluntariamente 598 personas; el 19 994, mientras que el día 20 la suma fue de 1,031.
El 21 se fueron 3,166, el día 22, 6,429; el 23 se marcharon 2,637 y ayer 2,035 extranjeros.
El Gobierno reiteró que “garantiza que en ningún momento realizará deportaciones indiscriminadas o colectivas. No lo ha hecho en décadas de vida democrática y, por supuesto, no lo hará en el futuro”.
El costo del proceso
En principio, las autoridades estimaron una inversión de RD$1,000 millones para ejecutar el Plan Nacional de Regularización, pero ayer el ministro José Ramón Peralta dijo que las estimaciones que se hacen es de que llegaría a los RD$2,000 millones, cantidad nunca invertida para un proyecto de esa naturaleza. Manifestó que hasta hace dos semanas se habían invertido RD$1,700 millones, pero que se dispuso de más recursos para continuar apoyando a los extranjeros que desean retornar a su país de origen.
Hasta ahora, los servicios de transporte personal y de mudanza son gratuitos para que todos los extranjeros que tengan sus ajuares puedan llevárselos a su país en condiciones de seguridad y protección.
Terminado el plazo dado por el gobierno, los gastos correrán por cuenta de los extranjeros.
Des organisations appellent à la garantie des droits des enfants pendant les déportations
Un groupe d’organisations œuvrant pour la protection des enfants en République Dominicaine et en Haïti appelle les deux gouvernements à prendre les mesures nécessaires pour éviter une crise humanitaire en protégeant les droits des enfants et des adolescents à risque d’être expulsés de la République dominicaine .
Plan International, Save the Children et World Vision République dominicaine et Haïti demandent que les enfants restent avec leurs familles, ce qui empêchera la déportation des adultes sans leurs enfants et le transport des enfants collectivement avec des étrangers courant donc ainsi le risque d’être bloqués à la frontière.
Ces organisations sont en outre, préoccupées par la possibilité de déporter des enfants et adolescents dominicains sans papiers en raison de leurs traits de visage et la couleur de leur peau.
En République Dominicaine, il y a plus de 524,000 étrangers, selon la première enquête nationale auprès des immigrants (ENI-2012), approuvée par le Bureau national des statistiques. De ce total, 458,233 personnes sont nées en Haïti, ce qui représente 87,3% de la population immigrée, tandis que 66,399 personnes, (12,7%) sont originaires d’autres pays. Ce qui révèle la prédominance des immigrants haïtiens et une vulnérabilité accrue des enfants de cette population. Recommandations
– Mettre en œuvre le protocole d’entente sur les mécanismes de rapatriement, signé par la République Dominicaine et Haïti en 1999, complété par des directives spéciales qui offrent plus de garanties pour la protection des enfants conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant, ratifiée par les deux pays.
– Veiller au respect de la dignité des enfants dans les cinq centres envisagés par le gouvernement dominicain en vue de la vérification de l’état de l’immigration des personnes avant leur déportation finale.
– Poursuivre le processus de dialogue, de la participation des représentants de la société civile des deux pays. Il est également important de considérer que le délai imparti aux personnes inscrites pour compléter leurs dossiers, sans être expulsées soit garanti.
– Garantir l’accès à l’eau potable et droits fondamentaux, tels que la nourriture, la santé, l’éducation et des installations adéquates pour les loisirs des enfants et des installations d’assainissement et assurer une protection contre les agressions physiques, verbales ou sexuelles au cours de ce processus.
– Fournir un soutien psychoaffectif aux enfants et à leurs familles dans le processus de régularisation et la déportation.
– Garantir le droit à la citoyenneté aux enfants nés en République Dominicaine ou qui ont immigré avec leurs parents dont l’existence ne figure dans les documents officiels, pour éviter le risque d’apatridie.
Lors d’une conférence de presse au siège de World Vision en République Dominicaine, les organisations ci-dessus se sont engagées à travailler avec les familles et les gouvernements afin d’assurer que les droits des enfants soient garantis pendant ce processus.
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=26648
