Crisis de legitimidad: al menos 15 parlamentarios son investigados por la Justicia
Con niveles de desaprobación superiores al 75%, el Congreso atraviesa un apocalíptico minuto de credibilidad que se ha ido condimentando con al menos 15 parlamentarios envueltos en procesos judiciales que incluyen desafueros, formalizaciones, querellas e investigaciones por delitos como cohecho.
Es así como este martes el presidente de la Comisión de Ética de la Cámara Alta, Hernán Larraín, anunció que todos los senadores investigados por el Ministerio Público deberán entregar los antecedentes de sus casos antes del 1 de julio. Específicamente, las investigaciones que están más avanzadas y que involucran a los gremialistas Jaime Orpis –bajo la lupa de la Fiscalía que investiga posible cohecho por pagos mensuales de Corpesca antes y después de ser reelecto en el cargo en 2009–, Iván Moreira –ad portasde ser formalizado, en el marco del caso Penta, por presuntas irregularidades en el financiamiento de su campaña–, al independiente Carlos Bianchi –desaforado y formalizado por negociación incompatible y fraude al fisco, por el arriendo irregular de una oficina a familiares– y el PPD Eugenio Tuma –investigado por la denuncia de una ex asesora que lo acusó de haber dado mal uso a asignaciones parlamentarias–.
No son los únicos senadores que enfrentan líos con la justicia.
Jacqueline van Rysselberghe (UDI) está siendo investigada por la Fiscalía luego de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querellara en su contra por un supuesto uso indebido de fondos municipales mientras era alcaldesa de Concepción, entre 2006 y 2010.
En tanto, los senadores Fulvio Rossi (PS), Jorge Pizarro (DC) y Ena von Baer (UDI) enfrentan una querella por el delito de cohecho interpuesta por la Fundación Ciudadano Inteligente, en el marco del caso Penta-SQM. Los tres forman parte de la investigación que lleva adelante la Fiscalía, en torno al financiamiento irregular de campañas.
La misma situación que enfrentan los diputados Ernesto Silva (UDI) y Roberto León(DC).
En tanto el diputado Felipe de Mussy (UDI) será formalizado por el Ministerio Público el próximo 22 de junio por presuntas irregularidades en el financiamiento de su campaña, en el marco del caso Penta.
Fuera de los temas relacionados con financiamiento de campañas, está el caso del diputado Rosauro Martínez (RN), desaforado y procesado por el homicidio de tres miristas en 1981, mientras era oficial del Ejército.
Por su parte el diputado Cristián Campos (PPD), luego de ser formalizado se acogió a la suspensión condicional del procedimiento tras restituir dineros y reconocer la obtención fraudulenta de más de 4 millones de pesos al cobrar horas extraordinarias improcedentes en la Municipalidad de Hualpén en 2010, mientras realizaba labores como administrador municipal.
Mientras, el diputado Christian Urízar (PS) fue formalizado por supuesto fraude al Fisco por su rol como consejero regional de Valparaíso por la aprobación de fondos abultados para ciertos proyectos regionales.
El honorable Marcelo Chávez (DC) fue formalizado en abril por manejo en estado de ebriedad y haber huido del lugar sin dar aviso a Carabineros, lo que está en investigación.
Entre la justicia y la ética
El sociólogo Alberto Mayol considera que el hecho de que haya al menos 15 parlamentarios vinculados a procesos judiciales es una señal de “una crisis mayúscula. Si no fuera porque el Gobierno importó la crisis para adentro, sería mayor. Tener 15 parlamentarios más o menos involucrados en casos que se investiguen y la posibilidad de que haya más que puedan llegar a esa condición, hablamos de que 10% o 15% del Congreso está siendo impugnado. Es para cerrar el Parlamento y llamar a elecciones anticipadas”.
En medio de este complejo escenario judicial, los dichos del renunciado ministro Jorge Insunza, apuntando a que “muchos” parlamentarios reciben ingresos extra a su dieta, complican más el asunto.
Para el analista político de la Universidad de Valparaíso, Guillermo Holzman, “no cabe duda de que la principal institución democrática está en proceso de deslegitimización: los parlamentarios no tienen credibilidad ante la opinión pública, se cuestiona su representación y ahora ponen en riesgo todo lo que puedan hacer. Cuando queda en evidencia la falta de ética más allá de los elementos legales, el proceso de falta de credibilidad tiene un impacto político que se traduce en que se cuestionan las leyes aprobadas”.
Según Holzman “eso pone en riesgo la agenda legislativa del Gobierno o la Presidenta. Porque lo que logre avanzar puede ser cuestionado en virtud de las relaciones conocidas o desconocidas de los parlamentarios, que fue lo que planteó Insunza, dejando una duda plantada sobre el resto del Congreso”.
Para el analista, más allá del asunto judicial, hay que mirar el tema ético. “Cuando un parlamentario dice que como no hay ley de dedicación exclusiva se supone que puede hacer otra cosa, hay un tema de ética ciudadana. Y es que las leyes en Chile dejaron de representar la ética. Hasta ahora la justicia decía si algo era bueno o malo. Ahora, la ley puede decir una cosa, pero la ética ciudadana pasa a ser mucho más dura en el impacto político que incluso una condena judicial. Y eso es un problema mientras no se transparenten las cosas. El mismo Insunza dijo que no vio nada malo en lo que estaba haciendo, lo que no cabe es que haya pensado que, siendo presidente de la Comisión de Minería, no importara que haya asesorado a mineras”.
Alberto Mayol considera que la credibilidad de las leyes aprobadas está tan cuestionada, que “para mí es claro que, si van a hacer cambios constitucionales a través del Congreso, no será legítimo y tendrán que llamar a una Asamblea Constituyente solo por esa razón: la ciudadanía quiere elegir a personas adecuadas, considerando que el Congreso no está siendo válido. Al final el tema no es si se acabó o no el binominal, es mucho más grave y tiene que ver con dinero y la política”.
El sociólogo señala que “el proceso de ilegitimidad de la política actual tiene que ver mucho con el proceso de representación, porque estás con un problema, ya que sientes que como ciudadano estás hablando con la persona equivocada, con el político, pero la impresión es que representa a los empresarios”.
Como consecuencia de todo esto, el director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales (UDP), Claudio Fuentes, señala que se produce “una erosión progresiva del sistema democrático. En la medida que ves que el sistema político no funciona ¿por qué yo tendré que seguir normas, pagar impuestos mientras los que toman decisiones no lo hacen? Se genera deslegitimización muy generalizada. Ese es el peligro, cuando el servidor público a cargo de dineros y de las políticas públicas abusa del poder, por qué no lo voy a hacer yo”.
Este proceso de erosión de confianza, explica Fuentes, requiere “de medidas muy proactivas que hasta hoy no se han tomado. Como congresistas voluntariamente debiesen salir a desprenderse de sus activos, establecer mecanismos de fideicomiso ciego para evitar estas situaciones de parlamentarios con sociedades comerciales. Cerca de la mitad está con algún tipo de sociedad comercial”.
