Comienza en Argentina la etapa final del juicio sobre la coordinación represiva de las dictaduras militares
En marzo de 2013 comenzó en Buenos Aires el juicio oral por la causa del Plan Cóndor, el nombre que recibió a partir de 1975 la coordinación de las fuerzas represivas del Cono Sur para la persecución y eliminación de militantes políticos que estaban fuera de sus países de origen. Esa causa acaba de ingresar a la etapa de alegatos. Entre los 18 acusados, están los principales líderes militares argentinos que siguen con vida, como Reynaldo Benito Bignone y Santiago Omar Riveros, pero también Manuel Cordero Piacentini, enlace con Argentina y uno de los integrantes más conocidos del ejército uruguayo. El debate tuvo una enorme carga simbólica dado que las investigaciones trabajaron no sólo la reconstrucción de los hechos y del Cóndor, sino que busca probar el conocimiento y apoyo que dio el gobierno de Estados Unidos. Esa es una mirada que aportó Jaime Nuguer, representante de las querellas que abrieron la causa en 1999. Hoy concluye su alegato y hará el pedido de condenas.
“Quiero decir que los documentos y testimonios recabados en este juicio son únicos por su cantidad y su diversidad y porque fueron tratados en un juicio público. Y en conjunto muestran que aquí hubo una brutal operación de coordinación represiva en el marco de las dictaduras militares de los años ’70 en Latinoamérica. Y ése no es cualquier marco –señaló Nuguer– dado que ya estaba precedido por la difusión de la doctrina de la Seguridad Nacional, impartida especialmente desde la escuela norteamericana del Canal de Panamá. Hubo enseñanzas de la doctrina francesa y estaba el antecedente de Vietnam. Ese cúmulo de pruebas muestran que esta operación estaba dirigida a reprimir a los exiliados, por eso la mayor parte de las víctimas cayeron en Argentina, porque fue el país que tuvo el último golpe de Estado en la sucesión de golpes de la región.”
Este juicio se abrió con una primera denuncia en noviembre de 1999, y en ese sentido también es una causa emblemática. Impulsada por un grupo entre los que estaban Emilio Mignone, Raúl Za-ffaroni, David Baigun, Alberto Pedroncini y Martín Abregú, se abrió en paralelo a la causa por el plan sistemático de robo de niños, durante la vigencia de las leyes de impunidad y aprovechando las brechas jurídicas que esas leyes no habían podido bloquear. El debate de estos años muestra los avances que hubo desde el origen hasta el presente.
“Nosotros teníamos un solo documento desclasificado cuando se inició la causa –dijo Nuguer–. Uno del Departamento de Estado de Estados Unidos, ahora muy conocido, que envió el agente especial Robert Scherrer al FBI desde la embajada norteamericana en Buenos Aires, en septiembre de 1978. El informe es una síntesis completa sobre la Operación Cóndor y dice centralmente que estaba constituida por Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Bolivia para combatir a los opositores políticos y eventualmente ubicar blancos, perseguirlos, torturarlos y matarlos inclusive en el exterior. Esa es la esencia del memo que según expertos como Carlos Osorio o John Dinges fue el único documento conocido en los ’80 y el único que existía originalmente.” Con ese documento pasan dos cosas, continuó el abogado: “Llega muy tarde, pero además describe una operación en la que Estados Unidos aparece como ajeno y como quien simplemente conoce. Eso cambió a partir de 1999 y 2000, cuando Estados Unidos desclasifica los documentos de Chile y Argentina. Eso permite conocer miles de documentos que muestran un rol distinto de los Estados Unidos, pero la causa original ya estaba iniciada”.
–¿A su criterio qué dejó de nuevo este debate?
–El juicio ha demostrado la responsabilidad individual de los procesados sobre su participación en la asociación ilícita denominada Operación Cóndor, en el secuestro, muerte y desaparición de las víctimas. Sabemos que los documentos desclasificados son la punta del iceberg, pero aun así son importantes. Los documentos y declaraciones de este juicio refuerzan efectivamente que hubo participación activa de Estados Unidos en la concreción de la Operación Cóndor. Pese a no haber sido un país –entre comillas– “integrante” o que podamos llamarlo de esa manera, porque el fenómeno fue propio del Cono Sur, participó, conoció, presionó, instigó para que se hiciera. Y luego facilitó las comunicaciones y las controló.
El juicio busca pruebas de la intervención del Cóndor en la persecución sobre 170 víctimas. Nuguer es querellante por cinco, tres argentinas: Alejandro José Logoluso, Dora Marta Landi y José Nell padre. Y dos uruguayos: Nelson Santana Scotto y Gustavo Edison Insaurralde, dirigente del Frente para la Victoria del Pueblo. Los cinco fueron secuestrados el 29 de marzo de 1977 en Paraguay, torturados e interrogados por uruguayos y por argentinos y trasladados por la marina argentina. Uno fue visto en el Atlético. Hoy están desaparecidos. El juicio examinó un cúmulo enorme de documentación de todo tipo. “Aquí tenemos muchos documentos que literalmente ocupan habitaciones enteras. Materiales desclasificados de distintas fuentes como de los archivos norteamericanos, del archivo del Terror de Paraguay. Documentos brasileños. Hay 35 libros sobre el tema. Muchos autores testimoniaron y acercaron documentación. Hubo mucha prueba de causas judiciales. Testimonios de causas anteriores. Y mas de 200 testigos. Todo esto conforma un plexo probatorio de una amplitud que me animo a decir que nunca se ha visto antes sobre el tema en ningún otro lado del mundo.”
El juicio tuvo tres líneas de análisis. La reconstrucción de cada víctima. El análisis de las coordinaciones “por binomios” integradas por los distintos países, que se dieron antes del comienzo formal del Cóndor y de las que participaron las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas. Un tercer tipo de análisis, habilitado por los anteriores, permitió observar el funcionamiento global de la región y al Cóndor no sólo como un hecho aislado, sino como un proceso con antecedentes y en evolución. Luego de Nuguer, alegará la querella de la secretaría de derechos humanos, luego el CELS. Por ultimo acusará la fiscalía encabezada por Pablo Ouviña.
