Argentina: debaten anteproyecto de ley de restitución de tierras a indígenas
En la sala de Situación del ministerio de Gobierno comenzó en la mañana del lunes el análisis del anteproyecto de Ley de Propiedades Comunitarias Indígenas de la Tierra. El proyecto está siendo diseñado por una comisión integrada por 20 provincias que albergan en sus territorios a comunidades indígenas y en Misiones será analizado por un equipo interministerial, coordinado por el ministro de Derechos Humanos, Edmundo Soria Vieta.
Soria Vieta encabezó el encuentro que además contó con la presencia de la ministra de Ecología, Viviana Rovira, el del Agro, José Luis Garay, también el subsecretario de Tierras, Jaime Ledesma, el Consejo de Caciques y los equipos jurídicos de cada cartera, entre otros.
La presidenta Cristina Fernández creó por decreto la comisión que deberá analizar el mecanismo de restitución de la propiedad comunitaria indígena. Veinte provincias tienen entre sus habitantes alrededor de un millón de descendientes originarios y se estima que hay diez millones de hectáreas habitadas por comunidades aborígenes en una situación dominial irregular.
En Misiones hay cerca de diez mil habitantes guaraníes, quienes tienen un concepto de territorialidad particular, ya que culturalmente son nómades y constantemente migran e inmigran a territorios fronterizos. En varias ocasiones, los que llegan desde Paraguay o Brasil, se integran al suelo argentino.
La Presidenta quiere enviar el proyecto al Congreso antes del fin de su mandato para que se convierta en una ley de reparación histórica a las comunidades aborígenes.
“Este anteproyecto que comenzamos a socializar tiene un plazo de seis meses para acercar a la presidencia de la Nación sugerencias y agregados de las 20 provincias que tenemos aborígenes”, expresó Soria Vieta. Asimismo enfatizó, que el anteproyecto “tendrá en cuenta el nuevo Código Civil” (entrará en vigencia en agosto y remarca el reconocimiento constitucional de los pueblos preexistentes), además de la Constitución Nacional, los convenios o tratados supranacionales que Argentina firmó, las leyes nacional vigentes y leyes provinciales destinadas a pueblos originarios”, resaltó.
El objetivo es unificar criterios entre las provincias, ya que hay divergencias en cómo se interpreta a una comunidad aborigen o el sistema y extensiones de la propiedad. Hay leyes que reconocen como una comunidad a tres familias y otras que plantean que debe haber por lo menos diez o un mínimo de 300 habitantes.
Finalmente, el titular de la cartera de Derechos Humanos expresó que están ante un proceso paulatino y el próximo lunes se continuará debatiendo en reuniones futuras a la espera que se integren legisladores provinciales y nacionales.
