Colombia: proponen convocar una Asamblea Constituyente para reformar la justicia
Menos de 24 horas después de la explosiva propuesta de la cúpula de la Rama Judicial de hundir la reforma de equilibrio de poderes y convocar una Asamblea Constituyente focalizada en la justicia, las altas cortes empezaron a marcar distancias de lo expresado por sus presidentes.
Mientras el presidente Juan Manuel Santos y el ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, llamaban a las cabezas de la Rama al diálogo, la Corte Suprema rectificó la posición apoyada por su presidente, Leonidas Bustos, en la Comisión Interinstitucional de la Rama.
El vicepresidente de la Corte, Fernando Giraldo, leyó un comunicado en el que la Sala Plena respalda “los cuestionamientos al proyecto en lo que concierne a la reforma a la Justicia y que sirvieron de fundamento a la petición de archivo de dicho acto legislativo”, pero a renglón seguido “manifiesta su no aceptación de convocar a una Asamblea Constituyente como mecanismo para la reforma a la Justicia propuesta por la Comisión Interinstitucional de la Rama”.
La inédita situación obedece a que el presidente de la Corte no consultó con la Sala Plena la idea de la Constituyente, que terminó siendo clave en la ‘carga de profundidad’ que la cúpula de la justicia le puso la noche del miércoles a la reforma constitucional.
“Es una posición que no corresponde a la del resto de magistrados”, señaló una alta fuente de la Corte Suprema. El tema tuvo un intenso debate este jueves y finalmente a Bustos no le quedó más salida que plegarse a la posición de sus colegas y aceptar la desautorización pública.
Este diario pudo establecer que en el Consejo de Estado y en el Superior de la Judicatura también cayó por sorpresa la idea de la Asamblea, y mucho más que los presidentes de esas cortes y el Fiscal General mencionaran también que debería abrirse espacio para los desmovilizados en caso de firmarse la paz.
Así, el presidente del Consejo de Estado, Luis Rafael Vergara, no consultó el tema y para la sala plena de la próxima semana está anunciado un duro debate sobre el asunto. Allí también hay una durísima oposición al proyecto de reforma constitucional, pero no parece tener mayor eco la idea de la Constituyente.
A su vez, los magistrados de la Judicatura María Mercedes López y Néstor Raúl Correa le dijeron a EL TIEMPO que pedirán explicaciones a su colega Wilson Ruiz, pues no tenía autorización de la corporación para apoyar una propuesta como la del miércoles.
Fuentes que conocieron detalles de la sesión de la Comisión Interinstitucional señalaron que el representante de los trabajadores de la Rama, Humberto López, dejó constancia de que tampoco apoyaba la idea de la Constituyente aunque se plegó a la mayoría conformada por el Fiscal y los presidentes de las tres cortes mencionadas. En la elaboración del polémico documento enviado a la Cámara de Representantes, de acuerdo con las mismas fuentes, Montealegre jugó papel protagónico.
En el Gobierno y en el Congreso hubo sorpresa por los términos de la carta. Más aún, porque esta tuvo el apoyo del magistrado José Agustín Suárez, presidente de la Sala Administrativa de la Judicatura y quien hace algunas semanas promovió, sin éxito, una proposición para que el titular de ese cargo en el momento de entrar en vigencia la reforma pasara automáticamente a formar parte del nuevo órgano directivo de la administración judicial. El periodo de Suárez en la presidencia de la Sala Administrativa va, en el papel, hasta enero del año entrante. (Lea además: ‘En la agenda del Gobierno no hay una Asamblea Constituyente’: Miniterior)
Llamado del Gobierno
El presidente Santos delegó en los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo; de Presidencia, Néstor Humberto Martínez, y de Justicia, Yesid Reyes, la representación del Gobierno en la búsqueda de consensos con las altas cortes.
El Ejecutivo y el Congreso están decididos a sacar adelante la reforma, pero admiten que hay puntos que pueden ser mejorados.
El Ejecutivo, por ejemplo, está dispuesto a revisar la presencia del Ministro de Justicia en el nuevo órgano administrativo de la Rama Judicial, que ha generado serios reparos de los magistrados y jueces a pesar de que tiene voz pero no voto en las decisiones.
El primer encuentro se dio este jueves de manera fortuita en un foro programado hace semanas al que asistieron magistrados de tribunales y el ministro Martínez, quien llamó al diálogo.
“No se trata de crear un desencuentro de los poderes públicos a partir de una iniciativa que está inspirada en los más grandes propósitos (…). En el transcurrir del debate legislativo se debe aprovechar el conocimiento de los señores magistrados. Lo cierto es que tenemos que oírnos”, dijo.
Al respecto, el presidente del Consejo de Estado aseguró que ni el Gobierno ni el Congreso han atendido los reparos de la justicia y que la posición extrema del miércoles fue la única manera de hacerse oír.
Reforma sigue su trámite en Congreso
A pesar de las duras críticas que lanzó la Rama Judicial sobre la reforma del equilibrio de poderes, la iniciativa seguirá su trámite normal en el Congreso y la próxima semana comenzará el séptimo de ocho debates que debe cumplir en el Legislativo.
Entre los partidos de Unidad Nacional hay consenso en torno a culminar el trámite antes de que se acabe la legislatura –el 20 de junio– y el Gobierno no quiere que las discrepancias sobre algunos temas pongan en riesgo esta reforma constitucional.
Es por eso que el presidente Juan Manuel Santos le ordenó a tres de sus ministros construir canales de diálogo entre las altas cortes y el Congreso para subsanar las diferencias que existen respecto a los temas relacionados con la Rama Judicial.
Congreso y Gobierno han escuchado constantemente a los delegados de la cortes y varias de sus sugerencias han sido aceptadas e incluidas en el proyecto.
Las cortes ya advirtieron sobre la posible inconstitucionalidad del proyecto, por lo que inexorablemente deberá afrontar demandas ante la Corte Constitucional luego de que culmine su trámite en el Congreso.
Una propuesta con peros
1. Es un mal mensaje
La posición desconoce la legitimidad del Congreso para reformar la justicia. Ante la opinión el mensaje es de defensa de intereses gremiales, no los del país.
2. Pone en duda a la Corte Constitucional
La cúpula de la Rama sostiene que la reforma tiene vicios de forma y de fondo que la hacen contraria a la Constitución y por eso debe hundirse. Esa posición desconoce que el texto tendrá que ir a control y examen de la Corte Constitucional, que por asuntos de trámite y de fondo ha hundido proyectos de alto impacto sin importar los casos que pisan sus fallos.
3. Dilata cambios urgentes
Los escándalos sobre algunos magistrados, que incluso terminaron afectando la Corte más respetada, la Constitucional, han puesto sobre la mesa la urgencia de tomar correctivos que no se han podido aplicar en 20 años frente a las altas cortes. Una Constituyente podría tardarse años.
