Huelga contra proyecto minero en Perú: se frustra diálogo y gobierno decretaría estado de emergencia
La solución a la prolongada huelga contra el proyecto Tía María seguirá en espera. El abrupto retiro de alcaldes y dirigentes del Valle de Tambo evitó que se instale la mesa de diálogo mediante la cual el Ejecutivo busca resolver el conflicto que ayer cumplió 39 días, y ha dejado un muerto y más de 50 heridos.
Los opositores a la mina de propiedad de Southern justificaron su actitud indicando que habían sido «sorprendidos», pues en la cita pactada con la gobernadora regional, Yamila Osorio, solo debían estar presentes ellos y los cuatro ministros de Estado comisionados para establecer el diálogo.
«El acuerdo fue que la cita era con los ministros y no con otras autoridades, en especial congresistas como Juan Carlos Eguren, quienes nos califican de radicales (…). No seremos parte de un circo (…), ellos ya tienen una postura», señaló el presidente del Frente de Defensa del Valle de Tambo, Pepe Julio Gutiérrez, antes de retirarse de la sede regional de Arequipa, donde debía realizarse la reunión.
Acto seguido, Jaime de la Cruz, alcalde distrital de Islay, dijo que le era imposible sentarse en la misma mesa con legisladores que se han parcializado a favor de Southern. Su crítica fue directa a Eguren, a quien calificó de «prominero», recibiendo el respaldo del presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, Jesús Cornejo, y del alcalde de la provincia de Islay, Richard Ale Cruz.
Ningún argumento ni la intervención de representantes de la Defensoría del Pueblo lograron que desistan y retornen a la mesa de diálogo.
En el recinto regional permanecieron los integrantes de la comitiva del Ejecutivo que esperaban escuchar los planteamientos de los dirigentes y alcaldes a las nuevas propuestas como la revisión del Estudio de Impacto Ambiental de Tía María por un ente internacional.
En la mesa quedaron los ministros de Agricultura, Juan Manuel Benítez; del Ambiente, Manuel Pulgar; del Interior, José Luis Pérez Guadalupe; y de Energía y Minas, Rosa Ortiz; además estuvieron la gobernadora Osorio, los congresistas Juan Carlos Eguren, Ana María Solórzano, Tomás Zamudio, Gustavo Rondón y Marco Falconí, así como alcaldes de provincias y distritos de Arequipa.
Estado de emergencia
El titular de Agricultura, quien es presidente de la Mesa de Desarrollo, criticó la postura de los alcaldes y los dirigentes. Argumentó que los congresistas asistieron porque «el tema ya no le compete solo a Islay sino a toda la región».
Indicó que pese al desplante, el gobierno seguirá apostando por el diálogo para poner fin a la protesta. Sin embargo, advirtió que no tolerará más actos de violencia en la zona de conflicto. «Al gobierno no le temblará la mano para sancionar a quienes incumplan la ley y agredan a los demás. Basta ya de la violencia y el cobro de cupos a la población que quiere salir del valle o quiere entrar a este», refirió.
Ante el pedido del congresista Falconí de que se declare el estado de emergencia por 60 días, el ministro Benítez admitió que el gobierno evalúa esa posibilidad y que en las siguientes horas tomará una decisión.
Agregó que durante un régimen de excepción se puede continuar el diálogo para resolver el conflicto.
La posición del ministro obtuvo el respaldo de la gobernadora Yamila Osorio, quien sostuvo que «no es posible que pobladores de Islay vivan refugiados en Arequipa porque son amenazados o sus propiedades han sido atacadas por no apoyar la protesta».
«Que venga Cateriano»
En diálogo con La República, Gutiérrez manifestó que el gobierno no tiene voluntad para solucionar el conflicto y emplazó al premier Pedro Cateriano a ir al Valle de Tambo para «dialogar con el pueblo».
«Creo que hay condiciones para que el premier acuda al valle (…) la solución no la van a dar los alcaldes ni los dirigentes, la solución la tiene el Ejecutivo; que venga (Cateriano)», dijo tras señalar que la posición de los lugareños, de no permitir la actividad minera, es bastante conocida.
Señaló que tras el frustrado diálogo, el pueblo de Islay, en asamblea pública, decidirá hoy cómo responde a «la poca voluntad del gobierno de solucionar el conflicto». Además, advirtió que si el Ejecutivo declara el estado de emergencia será el único responsable de lo que pueda ocurrir.
«Han pasado más de 30 días y no dan solución (a la huelga). El gobierno es responsable de todos estos actos de violencia», añadió el alcalde provincial de Islay, Richard Ale.
