Diversas reacciones tras el anuncio presidencial del proceso constituyente
Nueva Constitución: si los diálogos no son vinculantes no sirven
Este martes, la Presidenta dio a conocer las medidas anticorrupción que tomará el Ejecutivo para superar la crisis política que vive el país.
En cadena nacional, Michelle Bachelet hizo el anuncio de las principales ideas comprendidas en el documento que el pasado viernes le entregó la denominada comisión Engel.
Entre las más importantes, destacó la redacción de una nueva carta fundamental, la que aseguró sería a través de un proceso constituyente y abierto a la ciudadanía, donde consultas, cabildos, debates y diálogos ciudadanos formarían parte del trabajo . No obstante, la vía de la Asamblea Constituyente no fue considerada para lograr el objetivo.
En el documento elaborado por el Consejo Asesor para la Transparencia, se aborda el desafío de cumplir con la promesa presidencial de redactar una nueva Constitución. En ese sentido, los expertos aseguran que ésta solo se puede lograr por “un proceso constituyente que involucre a nuevos actores sociales y políticos porque no hay acuerdo nacional viable si éste se reduce a los actores afectados (políticos, empresarios, tecnocracia) y no aborda un proceso de expresión de la soberanía popular. De ahí, la necesidad de privilegiar los temas de Plebiscito y Asamblea Constituyente, antes que todo esto (haciendo referencia a la crisis de legitimidad) desemboque en un proceso de descomposición irreversible”.
Sobre esto se refirió Paulina Ibarra, directora ejecutiva y cofundadora de Fundación Multitudes, para quien si bien es acertado modificar la Constitución, es necesario conocer la forma por la que se llevará a cabo: “Creemos que es muy importante que para crear una nueva constitución, tengamos mecanismos de participación ciudadana fuerte y en nuestro país no es el caso”.
A juicio de la experta, la ley de participación ciudadana (20.500) es muy débil, no aplica sanciones ni hay fiscalización, solo contempla el incumplimiento de las leyes, por ello “cuando estamos viendo un nivel de incumplimiento altísimo, nos preocupa la forma en la que se va a llevar esta reforma constitucional”.
“Los diálogos ciudadanos y las consultas públicas son muy bienvenidas, pero si no son vinculantes no sirven al proceso de participación ciudadana”, agregó la experta.
Paulina Ibarra no es la única que cree necesario avanzar en la forma en la que se llevará adelante este denominado “proceso constituyente”. A juicio de Genaro Cuadros, vocero del movimiento MarcaAC, es fundamental que la ciudadanía siga trabajando para conseguir la materialización de la Constitución de una forma “realmente” participativa y democrática.
Desde el movimiento aspiran a que el proceso se elabore con una metodología de alto estándar, en la que cada uno de estos rasgos se realice con parámetros acordados e informados previamente y que dicha participación no sea meramente consultiva.
Por ello, aseguran, que es la asamblea constituyente la mejor vía para concretarlo: “Los procesos constituyentes son protagonizados por la ciudadanía. Es esta la que da forma al proceso constituyente pues sin ella este no existe”.
A juicio del arquitecto, es también fundamental que la consistencia, profundidad y exactitud con la cual se esgrimen los estándares para la actividad política en el documento de la Comisión y en las medidas presidenciales, sean aplicadas a la redacción de la carta fundamental, principalmente porque, de lo contrario “ese proceso constituyente va a ser de mala calidad”.
En ese sentido, Genaro Cuadros indicó que como movimiento trabajarán hasta septiembre para convencer a los ciudadanos que el mecanismo se defina a través de una consulta pública. “Una salida para ello es la propuesta de reforma constitucional que viabiliza un plebiscito, suscrita la semana pasada por 54 Diputados de la República”, dicen desde Marca AC.
Recordemos que, algunos días atrás, el grupo de parlamentarios que componen la Bancada Transversal por la Asamblea Constituyente, ingresó un proyecto de reforma que le permite a la Presidenta convocar al plebiscito para definir el mecanismo por el que se cambiará la Constitución.
En lo administrativo, la iniciativa agrega una nueva atribución a la Presidenta de la República para convocarlo, por sí mismo o con acuerdo del Congreso Nacional, incorporando esta atribución al numeral cuarto del artículo 32 de la Constitución.
Para Karol Cariola (PC), vocera de la Bancada si bien “no se hace una definición tan específica de qué tan vinculante van a ser esos diálogos o cuál va a ser el nombre del proceso, que esperamos sea una asamblea constituyente, se abre una puerta muy importante a iniciar un proceso complejo, profundo, estructural y democrático que nos pueda llevar a tener una nueva Constitución”.
Juan Carlos Ferrada, miembro del equipo constitucional de la campaña presidencial de Michelle Bachelet, aseguró que el tema del plebiscito está cerrado. Sin embargo, reconoció que el mecanismo por el cual se redactará el documento está en “construcción”.
De ese modo, el abogado explicó que el proceso constituyente se va a ir dando en conjunto con la dinámica política del país. Por ello, puede ocurrir que sea a través del nuevo Congreso elegido en 2017 o con estructuras de participación local distintas a la del Congreso.
Presidente reelecto de la Sofofa manifiesta preocupación por «proceso constituyente» anunciado por Bachelet
El reelecto presidente de la Sofofa, Hermann von Mühlenbrock, manifestó su preocupación por el anuncio realizado ayer por la Presidenta Michelle Bachelet de iniciar un «proceso constituyente» a partir de septiembre de este año.
“Lo que hemos visto ayer y hoy nos parece que no es oportuno. Chile necesita unión y liderazgo que nos junte a todos. Abrir esta puerta en este momento va a generar más incertidumbre y ojalá que los brotes verdes que se están viendo en la economía no se quemen por los palitos que le están echando al fuego”, dijo.
En los próximos días, el gremio fabril organizará un comité para comenzar el análisis de esta materia porque les preocupa los alcances que este anuncio pueda tener, sobre todo, lo que ello puede implicar en el derecho de propiedad, o el rol subsidiario del Estado.
Por otra parte, en 10 días emitirán un manifiesto por la reforma laboral y esperan entregar un informe al respecto ante el Senado.
Empresariado recibe con inquietud cambio constitucional y advierte impacto en inversión
Un fuerte eco tuvo ayer en el mundo empresarial la serie de medidas que anunció la noche del martes la presidenta, Michelle Bachelet, para enfrentar la crisis de confianza que atraviesa el país y, en particular, la mención a que en septiembre iniciará un proceso para generar una nueva Constitución.
Los líderes gremiales fueron los encargados de abrir los fuegos. En sus declaraciones, coincidieron en valorar el trabajo realizado por la comisión Engel, destacando que las medidas propuestas por la mandataria van en el sentido correcto para resolver los problemas de corrupción y transparentar la relación entre el dinero y la política.
Sin embargo, los posibles cambios en la Constitución los recibieron con inquietud. ¿Las razones? Argumentaron que el proceso será un nuevo foco de incertidumbre para la alicaída inversión en el país y que no tiene relación con las reformas para combatir las malas prácticas.
«Sumar ahora la tremenda incertidumbre de una Reforma Constitucional causa gran inquietud en los actores económicos, con lo que podría verse aún más afectada la inversión, por la paralización o retraso en la concreción de proyectos, por la falta de certeza que se abre en variados ámbitos con un anuncio como este», afirmó el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alberto Salas.
El máximo timonel de los empresarios recordó que han insistido en que la incertidumbre introducida por el conjunto de reformas «profundas desarrolladas por el gobierno, ha afectado significativamente el nivel de inversión». Esto, sostuvo, al punto de «dificultar que nuestra economía retome el merecido ritmo de crecimiento, con todos los beneficios que ello trae sobre el empleo, las familias y las personas».
Tajante, el dirigente sostuvo que «el anuncio de la presidenta de iniciar un «proceso constituyente», a mi modo de ver, no tiene relación con las necesarias reformas para erradicar las malas prácticas en la política, los negocios y en la forma como ambos se relacionan».
Desde su pespectiva, «es un error iniciar un proceso con apuro y sin que conozcamos el objetivo, en una materia tan fundamental como nuestra Constitución que ha dado la estabilidad y certezas indispensables para el progreso que Chile ha alcanzado las últimas décadas».
Salas, en todo caso, valoró el trabajo «serio, técnico y profesional» que realizó la Comisión Engel. Sobre el punto, expresó que el conjunto de propuestas que contiene el informe va en la línea correcta, por un lado, para luchar efectivamente contra la corrupción, los conflictos de interés y las malas prácticas en el sector público y privado; y por otro, para transparentar la relación entre dinero y política, evitar ilegalidades y faltas a la ética en este campo.
Anticipó que analizarán en detalle cada una de las medidas, pero desde ya manifestó su coincidencia con que se aumente la fiscalización por parte de los órganos responsables, que se endurezcan las sanciones, se evite el mal uso de recursos del Estado, se mejore la calidad de la política, y se avance con la debida prolijidad en las medidas administrativas y proyectos de ley necesarios para concretar las propuestas».
