Gobierno venezolano rechaza medida de la CIDH en favor de opositores detenidos
El representante del gobierno venezolano ante los organismos internacionales de derechos humanos consideró como ilegal e injustificada petición que realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado venezolano para que proteja la vida y la integridad personal de los opositores encarcelados, Leopoldo López y Daniel Ceballos.
El agente del Estado venezolano ante los organismos internacionales de derechos humanos, Germán Saltrón, rechazó el martes la medida cautelar que pidió la CIDH a favor de López y Ceballos por considerar que están en situación de riesgo, y sostuvo que esa acción es «totalmente ilegal, (y) no se justifica».
Saltrón descartó que estén en riesgo las vidas de los dos dirigentes del partido Voluntad Popular, y dijo a la emisora local Unión Radio que los opositores detenidos tienen garantizados todos sus derechos humanos y el debido proceso.
El funcionario fustigó a la CIDH asegurando que está «parcializada contra los gobiernos que están en América Latina que no obedecen las órdenes de los Estados Unidos».
El abogado Juan Carlos Gutiérrez, uno de los defensores de López y Ceballos, dijo que la acción de la CIDH es «una evidencia nueva de que se están vulnerando» los derechos de los opositores.
La Comisión, basada en Washington, realizó la solicitud de una medida cautelar ejerciendo su facultad para pedir a un Estado que prevenga daños irreparables a personas en situación de riesgo.
La CIDH solicitó también al Estado verificar que las condiciones de detención de los beneficiarios se adecúen a estándares internacionales.
La decisión de la Comisión ocurrió días después de que el Senado colombiano y el parlamento español aprobaran sendas mociones para exigir la libertad de los presos políticos en Venezuela.
El gobierno estadounidense y un grupo de ex presidentes latinoamericanos y de España también han pedido la liberación de los opositores.
López y Ceballos permanecen recluidos desde el 2014 en la cárcel militar de Ramo Verde, a las afueras de la capital, junto al alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, quien fue arrestado en febrero de 2015 y posteriormente acusado del delito de conspiración contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
López está enfrentando un juicio por los delitos de incendio, instigación pública, daños a la propiedad pública y asociación para delinquir, mientras que Ceballos, ex alcalde de la ciudad suroccidental de San Cristóbal, es procesado por los delitos de rebelión y asociación para delinquir.
