México: el Senado aprueba el Sistema Nacional Anticorrupción
El Senado avaló anoche el Sistema Nacional Anticorrupción, reforma a 14 artículos de la Constitución encaminada a combatir y sancionar ‘‘uno de los males endémicos del país’’, pero que, a juicio de la oposición, deja pendientes importantes, sobre todo eliminar el fuero del presidente de la República y de los demás servidores públicos.
La minuta se aprobó en lo general con 97 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones, y cerca de la medianoche se aprobó también en lo particular, luego de que se rechazaron los cambios a 16 artículos, entre ellos el 108 de la Carta Magna sobre la inmunidad del Ejecutivo federal. Pasó a los congresos de los estados para continuar con el trabajo del constituyente.
Aunque el acuerdo entre los coordinadores de ambas cámaras fue aprobar la minuta sin cambio alguno, para que no tuviera que regresar a la Cámara de Diputados, durante la discusión de ayer panistas, perredistas y petistas intentaron modificarla e insistieron en que ese Sistema Nacional Anticorrupción tiene serios vacíos e insuficiencias.
En tribuna, los presidentes de tres de las comisiones dictaminadoras, los priístas Cristina Díaz y Enrique Burgos, así como el senador del PVEM Pablo Escudero, resaltaron que se sientan las bases para frenar la corrupción al ‘‘dar dientes’’ vía mayores facultades a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la que podrá fiscalizar en tiempo real el uso de los recursos públicos y sancionar las faltas administrativas graves.
En contraparte, senadores de PAN, PRD y PT advirtieron que, aunque se trata de un avance para castigar a los funcionarios que se enriquecen con los recursos que son de todos los mexicanos, la reforma se queda corta. ‘‘Es muy chiquita’’, sostuvo la senadora perredista Dolores Padierna, mientras que el panista Javier Corral dijo que el mantener el fuero presidencial responde a ‘‘un pacto de impunidad entre sectores’’ y advirtió que se trata de reformas sólo en el ámbito administrativo, no penal.
La legisladora del PRI Graciela Ortiz pidió ‘‘no ver la paja en el ojo ajeno’’ e hizo notar que las nuevas facultades de la ASF permitirán revisar ejercicios anteriores, entre ellos el del Gobierno del Distrito Federal por la línea 12 del Metro.
Sin embargo, el panista Ernesto Cordero sostuvo que no sólo el presidente de la República queda exento, ya que tampoco se podrá sancionar a los gobernadores y presidentes municipales corruptos, ni se eliminarán los llamados moches.
‘‘Nos estamos quedando cortos y chatos ante el abuso y corrupción en el Legislativo’’, insistió el ex secretario de Hacienda. Señaló que de manera discrecional del ramo 23 del presupuesto los diputados se asignan 21 mil millones de pesos y se genera un mercado corruptor entre presidentes municipales y gobernadores, recalcó.
Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos segunda, pidió que de inmediato se comience a dictaminar la minuta para reformar el artículo 108 constitucional, ya que el fuero de los servidores públicos ‘‘en lugar de inmunidad permite la impunidad’’, dijo.
‘‘El escándalo de la llamada Casa Blanca es percibido por los mexicanos como un abuso que quedará sin sanción, como la Colina del Perro, de José López Portillo’’, señaló por su parte Armando Ríos Piter (PRD).
El coordinador del Partido del Trabajo, Manuel Bartlett, recordó que el tema anticorrupción fue la primera propuesta de campaña de Enrique Peña y ayer se aprobó con tres años de retraso ‘‘para tratar de lavar su escándalo por la Casa Blanca o los conflictos de intereses en que ha incurrido su administración’’.
Siete puntos para entender el Sistema Nacional Anticorrupción
Este martes 21 de abril, el Senado aprobó las reformas de ley para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, con lo que se busca alcanzar estándares de “buen gobierno” y tendría una figura para el combate a la corrupción similar a las de países como Ecuador, Corea del Sur, España o Australia.
En medio de casos de conflicto de interés por parte del presidente Enrique Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera y su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, por ser beneficiarios de propiedades por parte de contratistas del gobierno, según revelaciones periodísticas, los diputados y senadores legislan un sistema capaz de enfrentar este tipo de casos.
Aunque actualmente existen diferentes instancias para el combate a la corrupción, como la Auditoría Superior de la Federación o la Secretaría de la Función Pública, tiene alcances limitados. El titular de esta última, Virgilio Andrade, nombrado por el presidente, reconoció que en el caso de La Casa Blanca la facultad de la dependencia solo incluye la investigación de los contratos gubernamentales, pero no podrá verificar los contratos de carácter mercantil.
Otro caso reciente es el uso de bienes públicos para actividades ajenas a la administración gubernamental, como ocurrió con el extitular de la Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld, que utilizó un helicóptero de la dependencia para viajar con su familia, y cuya renuncia llegó antes que los resultados de la investigación por parte de la Función Pública.
Investigadores han advertido que a la Secretaría y a la Auditoría les faltan “dientes”, es decir, facultades para hacer efectivo el combate a la corrupción. Por ello, se pretende dar más atribuciones, según el dictamen aprobado por las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios Legislativos aprobaron el jueves 16 de abril.
Los legisladores buscan que el Sistema Nacional Anticorrupción sea una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno para la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
Estos son siete puntos clave en el dictamen del Senado:
El Sistema Nacional Anticorrupción funcionará a través de un Comité Coordinador integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, de la fiscalía responsable del combate a la corrupción, de la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno, por el Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Comisionado Presidente del IFAI, un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana.
Se otorga a la Auditoría Superior de la Federación la facultad de realizar auditorías en tiempo real, es decir, durante el ejercicio fiscal en curso, derivado de denuncias, para investigar y sancionar de manera oportuna posibles actos irregulares. También podrá hacer auditorías sobre posibles actos irregulares cometidos en ejercicios fiscales anteriores.
La Auditoría Superior de la Federación podrá fiscalizar los recursos transferidos a los estados a través de dicha figura de “participaciones federales”. Esto permitirá fiscalizar todo el gasto público, que actualmente tenía esa salvedad.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, impondrá las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados.
Se propone ampliar el plazo de prescripción siete años por las faltas administrativas graves, con lo que se pretende que la prescripción sea transexenal.
Contra el conflicto de interés, los senadores proponen que los servidores públicos presenten de manera obligatoria, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes.
El nombramiento del secretario de la Función Pública será ratificado por el Senado, con la intención de que quien ostente el cargo obedezca a intereses generales con absoluta imparcialidad.
