CIDH advierte que opositores presos corren riesgo y pide dictar medidas cautelares
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares o de protección a favor del alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, y del líder de la oposición Leopoldo López al considerar que sus vidas e integridad personal se encontrarían «en riesgo».
Ceballos y López se encuentran actualmente encarcelados en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil) conocido como «Ramo Verde», en Los Teques, reseña DPA.
La Comisión considera que la información que ha recibido demuestra que Leopoldo López y Daniel Ceballos «se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que su vida e integridad personal se encontraría en riesgo», explicó la CIDH a través de un comunicado.
Por ello, la Comisión solicitó al estado de Venezuela que adopte las medidas necesarias para «preservar la vida e integridad personal de Leopoldo López y Daniel Ceballos, que asegure que las condiciones de detención de los beneficiarios se adecuen a estándares internacionales, y que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes».
La CIDH recibió en agosto de 2014 una solicitud de medidas cautelares para cuatro líderes opositores presentada por el «Observatorio Venezolano de Prisiones». Esta ONG había solicitado la adopción de medidas de protección para Vicencio Scarano, alcalde de San Diego, y Salvatore Lucchese, director de la policía municipal de dicha localidad, además de para López y Ceballos.
La Comisión decidió finalmente otorgar las medidas cautelares a López y Ceballos, ya que, según la información pública de la que dispone, Scarano y Lucchese, detenidos en marzo de 2014, ya habrían sido liberados.
Esta es la cuarta medida cautelar que otorga la CIDH en los dos últimos meses para proteger a ciudadanos venezolanos.
En marzo dictó medidas de protección para cuatro defensores de derechos humanos venezolanos -Alfredo Romero, Luis Betancourt, Yoseth Colmenares y Marco Antonio Ponce- y dos estudiantes -Lorent Saleh y Gerardo Carrero- presos en una celda del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela (Sebin).
Luego de liderar en febrero de 2014 las protestas contra el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, la Fiscalía General de la República emitió ese mes una orden en contra de Leopoldo López.
El dirigente del partido Voluntad Popular decidió entregarse voluntariamente el 18 de febrero del año pasado a la Guardia Nacional Bolivariana, tras lo que fue detenido e imputado por un presunto delito de «instigación pública».
Por su parte, Ceballos fue detenido el 19 de marzo de 2014 por un presunto delito de «rebelión pública y agavillamiento», según recuerda la Comisión.
La CIDH puede, a iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar en situaciones de gravedad y urgencia que un Estado adopte medidas cautelares para prevenir daños irreparables a las personas o al objeto del proceso en conexión con una petición o caso pendiente, según explica la web de la Comisión.
