Colombia: los turbulentos caminos hacia la paz – Por Agustín Lewit

Otra vez el proceso de paz en Colombia entra en zona de turbulencias. Al igual que lo sucedido en noviembre pasado, cuando tras el secuestro de las Farc de un general del Ejército el gobierno levantó su delegación de la mesa de negociaciones en La Habana, generando con ello la mayor crisis de los diálogos desde que se iniciaron en noviembre de 2012, una nueva acción trágica parece enturbiar -al menos por ahora- la tan ansiada solución definitiva al conflicto armado que lleva más de cinco décadas abierto.

En la región del Cauca -una de las zonas más calientes del territorio colombiano- donde numerosas columnas de las Farc y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) conviven junto con importantes y combativas organizaciones indígenas y campesinas, además de varias células militares norteamericanas, once miembros del Ejército colombiano fueron asesinados en la madrugada del miércoles pasado. Como ya es costumbre, las partes esquivaron la responsabilidad: la versión oficial habla de un ataque premeditado de la insurgencia; las Farc, por su parte, encuadraron el trágico saldo dentro de una acción defensiva, derivada de los enfrentamientos que -pese a lo que el Gobierno manifiesta públicamente- jamás han cesado.

Como sea, y más allá de las responsabilidades que será necesario determinar tan pronto como sea posible, la gravedad de lo ocurrido la semana pasada radica en que se rompió el histórico cese al fuego unilateral anunciado en diciembre pasado por la guerrilla y replicado luego por el Gobierno en marzo último, el cual ha sido constatado por distintos organismos internacionales. Aunque ambiguo y sin las precisiones necesarias, el palpable desescalamiento del conflicto de los últimos meses había logrado tornar el escenario francamente alentador. Sin embargo, duro poco: una de las primeras repercusiones de lo sucedido la semana pasada fue el previsible anuncio del presidente Juan Manuel Santos de levantar la suspensión de los ataques –medida que había prorrogado hace apenas cinco días atrás- ordenando reanudar inmediatamente los bombardeos en todo el territorio colombiano. La medida no tardó en volverse efectiva y el sábado, en el departamento del Meta, ya se constataron los primeros ataques de las fuerzas armadas, dejando como saldo dos guerrilleros muertos.

Si bien parece poco probable que se interrumpa el proceso de diálogo de manera definitiva, puesto que una de las cláusulas centrales de los mismos es el compromiso asumido por las partes de mantener las negociaciones aún en medio de eventuales enfrentamientos bélicos, es indudable que este nuevo episodio tendrá efectos en lo que ocurre en la capital cubana. En un momento, además, donde las delegaciones allí presentes se encuentran empantanadas hace varios meses en el complejo cuarto punto de la agenda, referido a la forma y los alcances de la reparación a las cientos de miles de víctimas que han dejado más cincuenta años de beligerancia, lo cual ha ralentizado el inédito avance que hasta aquí mostraban las negociaciones. La situación se torna incluso más compleja al contemplar otra de las condiciones establecidas en los diálogos, aquella que reza que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, la cual supedita los tres preacuerdos ya logrados a lo largo de estos dos años -referidos a la ocupación de tierras, a la participación política de los insurgentes y a las drogas ilícitas- a un resultado exitoso del proceso en su conjunto. De esa manera, cualquier cimbronazo en las negociaciones, hace peligrar el proceso en su totalidad, exacerbando su ya de por sí fragilidad.

Como era de suponer, los sectores de la derecha colombiana -con el expresidente Álvaro Uribe a la cabeza, pero incluyendo también a grandes empresarios y sectores del propio Ejército-, gozando de la bocanada de aire que les da cada recrudecimiento de la violencia, no tardaron ni un segundo en responsabilizar al propio presidente por lo sucedido, reclamando un aumento de las hostilidades y denostando los acercamientos con la guerrilla. Se ha repetido hasta el cansancio: no son pocos –en Colombia y fuera de ella- lo que hacen de la guerra un negocio. En relación a ello, EEUU –quien en febrero pasado designó a un delegado especial para participar oficialmente de los diálogos de paz- celebró con un comunicado del Departamento de Estado, la decisión del presidente colombiano de levantar la suspensión de los bombardeos.

Si bien aún es temprano para avizorar los alcances que este nuevo episodio tendrá tanto en suelo colombiano como en La Habana, lo cierto es que una vez más -y del modo más trágico- vuelve a tornarse evidente la imperiosa necesidad de un cese al fuego completo, real y definitivo, algo que, pese a ser reclamado por diversos sectores políticos y sociales –incluyendo el insistente pedido de las propias FARC- el gobierno se ha negado a implementar hasta el momento. Allí, en la interrupción definitiva y bilateral de las hostilidades, se cifra la verdadera condición de posibilidad de que los diálogos arriben a un triunfo definitivo y la paz deje de ser un anhelo para convertirse en realidad.

Cierto es también que en ese paso tan difícil como decisivo, máxime si se toma en cuenta el estado de definición en el que parecen haber entrado las negociaciones, se torna crucial el apoyo que la región pueda brindar a Colombia, especialmente el acompañamiento que pueda dar Unasur. Al respecto, el secretario general de dicho organismo, Ernesto Samper, ha propuesto recientemente que la fuerza de paz Cruz del Sur, integrada por militares chilenos y argentinos, participe en el proceso de desmovilización, lo cual es un buen indicio. Será necesario pensar además otras vinculaciones que ayuden a “regionalizar” el proceso.

La sensación mayoritaria en Colombia es que, más allá del reciente altercado, el país se ha acercado como nunca antes a una solución definitiva del conflicto armado. A pesar de algunas altisonantes voces militaristas, el clamor de las mayorías colombianas es que ello finalmente ocurra, lo cual se pudo constatar de sobra en las multitudinarias marchas a favor de la paz del pasado 9 de abril. Está claro: la paz verdadera ayudará a cerrar una herida tan dolorosa como vieja. Y en un mismo orden de importancia, permitirá empezar a atender una larguísima lista de asuntos sociales pendientes.

*Periodista de Nodal, investigador del Centro Cultural de la Cooperación