Argentina 24 de marzo: una Memoria Histórica permanente – Por Héctor Löbbe, Raúl Nudel y Abel Bohoslavsky

* La dictadura impuesta el 24 de marzo de 1976 en Argentina fue una decisión largamente preparada por los principales ejecutivos de la clase empresaria para liquidar por las armas el auge del movimiento obrero iniciado en 1969. El terrorismo estatal que había iniciado el régimen de la Triple A montado desde el gobierno constitucional que en mayo de 1973 sucedió a otra larga dictadura (1966-73) – y a la proscripción del peronismo desde 1955 – era insuficiente para contener ese auge de masas y las dos vertientes políticas revolucionarias que florecieron: el sindicalismo clasista y la insurgencia guerrillera. Las jefaturas de las Fuerzas Armadas – con la asesoría directa de los ejércitos de EE. UU. y Francia expertos en contrainsurgencia – fueron las ejecutoras militares del plan genocida. La Iglesia Católica fue su cobertura «espiritual», los medios de comunicación masiva, su aparato de propaganda. El Poder Judicial su cobertura legal, las «dirigencias» de los partidos políticos tradicionales y las burocracias sindicales, sus cómplices y colaboradores directos, sobre todo en identificar a los «elementos subversivos». En 1983, la retirada de la dictadura no fue por un derrocamiento revolucionario, sino un retorno a la democracia constitucional. Esta es una de las razones por las que la impunidad del terrorismo de Estado aún la padecemos hoy. El juicio a las tres primeras Juntas Militares que dispuso el presidente Alfonsín, tuvo repercusión histórica nacional e internacional, aunque dejó impune a los jefes militares de la «transición». La magnitud de los crímenes develados, opacó el hecho que el mismo gobierno inició la persecución penal de algunos dirigentes de las organizaciones insurgentes. La continuidad de otros juicios a mandos militares intermedios, desató la resistencia de la mayoría de los uniformados, que realizaron sucesivos motines armados – levantamientos «carapintadas» – desde la semana santa de abril de 1987. Alfonsín y su partido, la Unión Cívica Radical, retrocedieron frente al golpismo y así parieron las leyes de impunidad Punto Final y Obediencia Debida. En 1989 fue electo presidente Carlos Menem. Su Partido Justicialista en 1983 había prometido garantizar la autoamnistía a los militares. Menem la concretó en indultos a todos los ya condenados e incluso – en forma ilegal – a los procesados. Todo eso fue amparado por el Poder Judicial. La década justicialista (1989-99) y su continuidad en el gobierno de la UCR-FREPASO (1999-2001), pareció haber sepultado todos los esfuerzos de condena a los genocidas.

* Pero a rebelión popular de diciembre 2001 que derribó al gobierno y forzó la renuncia del presidente De la Rúa – una rebelión democrática contra la propia institucionalidad democrática – dio nuevo impulso para que tiempo después, el clamor de juicio y castigo a todos los culpables, recuperase terreno político y legal. La rebelión no concluyó en la consigna ¡Que se vayan todos! porque no tenía un programa para el día después, sino en una recomposición institucional. La Masacre del Puente Pueyrredón el 26 de junio de 2002 ejecutada bajo la presidencia interina del justicialista Duhalde, precipitó una salida electoral. La intensidad de este proceso de movilizaciones condicionó el funcionamiento de las instituciones como tales. Y el nuevo gobierno posterior a la rebelión que inició la era del peronismo kirchnerista, tuvo que realizar concesiones políticas, económicas y en el terreno de los Derechos Humanos. La bandera del «Juicio y castigo a todos los culpables» sostenida por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares, HIJOS y otros organismos humanitarios, recobró fuerza y el mismo Parlamento que había consagrado la impunidad, tuvo que anular todas las leyes de impunidad y los indultos. La iniciativa legislativa de una solitaria diputada de izquierda (Patricia Walsh) que antes había sido ninguneada por el PJ y la UCR, fue por fin sancionada. El gobierno justicialista iniciado por Kirchner en mayo de 2003 dio curso a ese clamor humanitario. Y el mismo Poder Judicial que había cancelado toda posibilidad de enjuiciamientos, catalogó tardíamente como crímenes de lesa humanidad – imprescriptibles – a las acciones del terrorismo de Estado. Lentamente se reiniciaron nuevos juicios y las investigaciones y testimonios pusieron de relieve que la verdad histórica que denunciaban los organismos humanitarios y sobrevivientes era tan cierta como desgarradora. No son juicios populares, ni siquiera juicios por jurados. Son procesos con la misma legislación del sistema, que fragmenta las causas, las hace interminables y obliga a muchos testigos a reiterar declaraciones. Los acusados que son portavoces de la ideología y la propaganda antigarantistas, gozan de todas las garantías de defensa en juicio. No obstante, todo su aparato de propaganda y ellos mismos, se quejan de ser «presos políticos». Entre las múltiples quejas de los enjuiciados, sus abogados y sus propagandistas, una es que sus acciones criminales fueron cometidas en el transcurso de una guerra. ¡Como si no existiesen los crímenes de guerra! ¡Como si el juicio de Nuremberg no hubiese sido un proceso contra criminales de guerra! Los mismos militares y políticos que en 1975 rechazaron propuestas de armisticio hechas por las organizaciones insurgentes porque no les daban entidad de fuerza armada ni admitían aplicar las Convenciones de Guerra de Ginebra, ahora que son llevados a tribunales civiles, pretenden justificar sus crímenes por la situación bélica que antes negaban. ¡Como si las acciones desatadas contra la «guerrilla fabril» – frase premonitoria en 1975 del caudillo civilista radical Ricardo Balbín para demonizar los movimientos sindicales clasistas – no hubiesen sido métodos de guerra civil! Como si la Orden Reservada del teniente general Juan D. Perón del 1° de octubre de 1973, ya siendo presidente electo, no hubiese existido y no hubiese sido clara: «En las manifestaciones o actos públicos, los peronistas impedirán por todos los medios que las facciones vinculadas al marxismo tomen participación […] Se utilizarán en la guerra contra el marxismo todos los medios de lucha que se consideren eficientes, en cada lugar y oportunidad».

* Los juicios por crímenes de lesa humanidad del terrorismo estatal, son una conquista democrática que el sistema no termina de digerir. Lo conseguido es significativo, pero insuficiente ante la magnitud de los crímenes. Unos 600 campos de concentración detectados, cerca de 2.000 genocidas procesados por unos 3.000 casos; 70 absueltos, 587 genocidas condenados y solo la mitad de ellos en la cárcel; 116 nietos recuperados entre 500 bebés robados. Un testigo, Jorge Julio López, nuevamente desaparecido en La Plata cuando se iba a dictar condena al comisario Etchecolatz que había denunciado. Y otra testigo, Silvia Suppo, asesinada en Rafaela, Santa Fe, luego de haber acusado al juez Brusa, finalmente condenado.

En la actualidad, formalmente, las FFAA y de Seguridad han sido marginadas de «la política». Pero nuevas formas de represión se entronizaron en la institucionalidad democrática: 6000 luchadores sociales procesados, ley antiterrorista sancionada por el Congreso, proyecto X de espionaje y hasta un militar con iguales antecedentes de genocidio que otros ya condenados, ungido como Jefe del Ejército: el general Milani. Cientos de ejecutivos empresarios y altos funcionarios judiciales y eclesiásticos… impunes. En este marzo de 2015, fueron declarados impunes en distintas sedes judiciales, el empresario periodístico y dueño de La Nueva Provincia de Bahía Blanca, Vicente Massot (ex viceministro de Defensa del presidente Menem, cargo que tuvo que dejar luego de justificar la tortura como método de interrogatorio), responsable del asesinato de los gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, el dueño del ingenio Ledesma Carlos Blaquier, co-responsable de asesinatos masivos de obreros azucareros y del intendente Aredez de esa ciudad jujeña de Libertador Gral. San Martín, y los dueños de Clarín y La Nación por el robo de Papel Prensa, empresa de la que siguen como copropietarios y socios del Estado nacional.

* En estos 32 años de institucionalidad democrática,
la criminalización de la protesta social y la pobreza se ha cobrado ya numerosas víctimas: los caídos cuando los levantamientos carapintadas (diciembre 1988 y diciembre 1990), Carlos Burgos, Roberto Sánchez Nadal, Iván Ruiz Sánchez, José Alejandro Díaz, Carlos Samojedny, Francisco Provenzano, Berta Calvo, Ricardo Veiga, Pablo Martín Ramos , Caña Murúa, Lucho Segovia y otros (desaparecidos en La Tablada, 1989); Víctor Choque y Teresa Rodríguez (durante el menemato), Federico Ojeda y Mauro Gomez (puente Chaco-Corrientes, 1999), Aníbal Verón (2000); Petete Almirón, Pocho Lepratti, Gastón Riva y los otros 40 caídos el 19 y 20 de diciembre de 2001; Maximiliano Kosteky y Darío Santillán (Masacre del Puente Pueyrredón, 2002); Marcelo Cuellar y Cristian Ibáñez (Jujuy), Carlos Fuentealba y Lázaro Duarte (Neuquén), Javier Chocobar (Tucumán), Diego Bonefoi, Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas (Bariloche), Roberto López y Mario López (Formosa), Bernardo Salgueiro, Rosemary Chura Puña y Emilio Canaviri Álvarez (Parque Indoamericano de Buenos Aires), Juan Velázquez, Félix Reyes y Ariel Farfán (Jujuy), Mártires López e Imer Flores (Chaco), Cristian Ferreyra y Miguel Galván (Santiago del Estero), Diego Jáuregui (Avellaneda), Jeremías Trasante, Claudio Damián Suárez y Adrián Leonel Rodríguez (Rosario), Noemí Condorí (Escobar), Celestina Jara, su nieta de ocho meses y Juan Manuel Asijak (Formosa), Mariano Ferreira (en la lucha de los precarizados ferroviarios) y el maquinista ferroviario Leonardo Andrada (Castelar) y sigue la lista luctuosa.

Las víctimas del gatillo fácil y la barbarie policial: Miguel Bru, Walter Bulacio, Luciano Arruga, Rubén Carballo, Giuliana Jiménez, Miguel Portugal y Lucas Rotella (Baradero), Franco Almirón, Mauricio Ramos (José León Suárez), Daniel Solano (Río Negro), John Camafreita, Fernando Sepúlveda, Facundo Reyes, Bruno Pappa, Diego Duarte y tantas/os otras/os.

Nuestra Memoria Histórica es eso, tener presentes que nuestros 30 mil desaparecidos de la última dictadura son parte de Nuestra Historia que arranca desde nuestros mártires de Plaza Lorea (1909), de la Semana Trágica (Buenos Aires, 1919, cientos de asesinados cremados sin identificación fehaciente en el Cementerio de la Chacarita), de la Patagonia Rebelde (Santa Cruz, 1922, más de 1.500, o quizás, 2.000 trabajadores fusilados, la inmensa mayoría, sin identificación posterior ni certificados de defunción); los de la tenebrosa década infame de 1930: ese año, el albañil anarquista Joaquín Penina, en Rosario, Severino Di Giovanni fusilado en 1931, los anarquistas Miguel Arcángel Roscigna, Andrés Vázquez Paredes y Fernando Malvicini, «chupados» en Argentina (1936-37), luego de ser expulsados de Uruguay, después de su condena por participar de una fuga del penal de Punta Carretas; el médico comunista rosarino Juan Ingallinella, en junio de 1955; los cientos de caídos en Plaza de Mayo (bombardeos a ciudad abierta en junio y septiembre de 1955), los fusilados en los basurales de José León Suárez y en la penitenciaria de calle Las Heras en Buenos Aires (junio 1956) y los cientos de la Resistencia Peronista (1955-63, incluyendo al metalúrgico peronista Felipe Vallese y al militante marxista y guerrillero Ángel Bengochea); los cientos de las dictaduras de Onganía-Levingston-Lanusse (1966-73, desde Santiago Pampillón en Córdoba, Hilda Guerrero de Molina en Tucumán, Mirta Misetich, Juan P. Maestre, Carlos Verd, Luis Pujals hasta los 16 fusilados en la base aeronaval de Trelew); los de la Masacre de Ezeiza (20 de junio 1973). Las miles de víctimas de crímenes «selectivos» perpetrados por la Triple A que comenzaron con los asesinatos del abogado y militante del peronismo revolucionario Antonio Tito Deleroni y su compañera, Nélida Chiche Arana, el 27 de noviembre de 1973. Y siguieron con el sacerdote Carlos Mugica (11/05/74), el diputado peronista revolucionario del Bloque de Base, Rodolfo Ortega Peña (31/07/74), los abogados marxistas del Partido Revolucionario de los Trabajadores Alfredo Cuqui Curutchet (10/09/74) y Silvio Frondizi (24/09/74) y el dirigente sindical peronista Atilio López (16/09/74), la muerte del dirigente obrero marxista, símbolo de la rebeldía proletaria, Agustín Tosco (05/11/75), enfermo forzado a la clandestinidad por ese régimen criminal, y ya no se detendrían en aplicación de la siniestra Orden Reservada, hasta alcanzar miles, antes de la llegada del 24 de marzo de 1976. Y los 30 mil nombres y apellidos que la desmemoria deliberada de la propaganda dictatorial persiste en cuestionar y minimizar. Y llega a la actualidad, con esa triste y seguramente incompleta lista que mencionamos.

Verdad y Justicia: verdad histórica que evocamos en los nombres que se pretende ocultar; y justicia que, como queda evidente, no se alcanza en el Poder Judicial. Y un alerta imprescindible: los negadores del genocidio que propalan hipócritamente una supuesta «reconciliación», intentan revertir la conquista democrática de proyección universal que son los juicios por crímenes de lesa humanidad. Los negadores del genocidio presentan a las acciones judiciales como «revanchistas». Esos nostálgicos del terrorismo estatal intentan volver, legitimándose electoralmente detrás de esas fórmulas de apariencia benévola como «perdón» y «olvido». Mantener esa conquista, reclama alerta y movilización permanente.

Argentina, marzo de 2015
* Héctor Löbbe, historiador, docente, autor de La guerrilla fabril, Ed. RyR, Bs. As. 2009 ;Raúl Nudel, docente de Educación Física, ex preso político 1974/83; Abel Bohoslavsky, médico en Salud Ocupacional, autor de Biografías y relatos insurgentes, Ed. CESS-Sitosplad, Bs. As. 2010