Chile: Fiscalía detalló vinculación entre políticos opositores y la empresa Penta
Las frases del fiscal Carlos Gajardo cayeron pesadas en la sala 103 del edificio C del Centro de Justicia. Al cierre de su petición de prisión preventiva para tres imputados del Caso Penta, sentado en primera fila, flanqueado por el Fiscal Nacional Sabas Chahuán y mirando al magistrado Juan Manuel Escobar, que encabezaba la audiencia, lanzó: “Lo que ha habido acá, su señoría, es una cultura de la evasión en este grupo económico, y desde el más alto ejecutivo, desde su controlador, hasta el último junior, todos daban boletas falsas, una cultura de la evasión. Lo que se ha constituido (en) el grupo Penta, su señoría, es una máquina para defraudar al fisco”.
En los asientos contiguos, solo separados por un metro de distancia, estaban los imputados en la causa, los controladores de Penta. Carlos Eugenio Lavín dibujaba nervioso figuras con lápiz pasta sobre una hoja en blanco, mientras tomaba agua mineral sin gas. Carlos Alberto Délano miraba hacia abajo en un silencio que sólo fue roto por los empresarios cuando debieron identificarse ante el magistrado Juan Manuel Escobar. Nombre, Rut, dirección personal y título profesional; como cualquier ciudadano que se enfrenta a la justicia.
Minutos antes habían entrado en la sala sin cruzar miradas con el ex gerente general de Penta, Hugo Bravo; una frialdad que también se extendería con el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner.
No solo esas palabras de Gajardo sobre los controladores de Penta causaron impacto en la sala, sino que también la presentación de los correos y facturas que involucran a políticos en el caso. Estos ya se conocían, sin embargo, la misma fuerza que usaría después para hablar de “los Carlos” fueron utilizadas por Gajardo para mencionar a políticos que habrían recibido platas irregulares para financiar sus campañas. Los mencionados por el persecutor fueron Felipe de Mussy, Pablo Zalaquett, Iván Moreira, Laurence Golborne, Alberto Cardemil, Fernando Herman, Jovino Novoa, Ena von Baer y Andrés Velasco.
Para algunos de los involucrados, esto no pasó inadvertido y el hecho de que la Fiscalía presentara a los políticos en una audiencia que no trataba su situación judicial, está lejos de ser casual. “Es una señal potente de que la próxima formalización es a todos los parlamentarios; sino no tiene explicación que el fiscal les haya dedicado tanto tiempo a los no formalizados”, señala un abogado.
“Yo creo que la arista política necesariamente debiera ser el paso siguiente”, suma su opinión el abogado Pedro Orthusteguy, quien coincide en que es por esta razón que Gajardo dedicó tanto tiempo para explicar el uso de boletas de terceros para financiamiento político, también los forwards y los bonos.
El aporte de Penta a la política
En septiembre del 2014 comenzaron a conocerse los antecedentes que vinieron a remecer la política en Chile. Declaraciones del ex gerente general de Penta, Hugo Bravo, ante la Fiscalía –en el marco del caso Fraude al FUT–, dieron cuenta de la utilización de boletas falsas para allegar recursos a campañas políticas. Tal como reveló El Mostrador el 26 de septiembre, los nombres mencionados por Bravo en un inicio fueron los de Ena von Baer, Iván Moreira, Laurence Golborne, Pablo Zalaquett y Andrés Velasco.
En la UDI, donde militan cuatro de los cinco primeros políticos relacionados al caso, reaccionaron imponiendo la tesis de que solo se trataba de rumores y que no había antecedentes certeros para asegurar irregularidades en sus campañas parlamentarias. Reclamaron contra el fiscal Gajardo y los medios. Se juntaron con Sabas Chahuán y forzaron una investigación paralela respecto a las “filtraciones de la investigación”, y sus parlamentarios negaron una y otra vez estar involucrados.
El liberal Andrés Velasco se fue por días a Estados Unidos arguyendo compromisos académicos. Evitó referirse públicamente al caso, y sus cercanos en Fuerza Pública se encargaron de acercarse a los medios para asegurar que el ex ministro de Hacienda tenía comprometidas clases en el extranjero, y que en ningún caso estaba involucrado en el vendaval de irregularidades. Eso funcionó hasta que, el 9 de octubre de 2014, la Policía de Investigaciones allanó el hogar que el también ex candidato presidencial comparte con la periodista de TVN, Consuelo Saavedra.
Las diligencias de la PDI incluyeron además incautación de material en sociedades relacionadas con Laurence Golborne, Pablo Zalaquett y Jovino Novoa, que a esa altura aparecía como el principal recaudador de dineros para la campaña senatorial de Ena von Baer, quien en una entrevista concedida a CNN Chile volvía a reiterar que jamás había solicitado dineros a Penta.
Pero luego que –a la medianoche del 31 de diciembre– se levantara el secreto de la investigación, las carpetas del caso terminaron de hacerse públicas y, con eso, nuevos datos que volvían a apuntar a dirigentes políticos. Ahora eran las secretarias personales de los involucrados las que confirmaban las sospechas y entregaban información detallada al Ministerio Público sobre las movidas de los candidatos para solicitar recursos a la “billetera Penta”.
Cada uno de los datos publicados por los medios fue ratificado este miércoles por el equipo de la Fiscalía liderado por su máxima autoridad, Sabas Chahuán, el que detalló cómo los dirigentes mencionados solicitaron recursos, cuáles fueron los mecanismos para obtenerlos e, incluso, hizo públicos los correos electrónicos en que algunos de ellos agradecieron a los controladores de Penta los aportes realizados. “Mi eterna gratitud”, le escribió el senador Moreira a Hugo Bravo como respuesta a los varios millones que le pasaron por fuera de la legalidad.
Carlos Gajardo fue el encargado de leer cada uno de los correos electrónicos. Uno a uno desfilaron por su relato los UDI Felipe de Mussy, Pablo Zalaquett, Iván Moreira, Laurence Golborne, Fernando Hermán, Jovino Novoa y Ena von Baer, el independiente Andrés Velasco y el RN Alberto Cardemil.
“El poder decisorio es del señor Délano, las fechas en que se efectúan no son fechas en que sea legal efectuar aportes. La única posibilidad es un aporte ilícito, un aporte ilegal”, remató Gajardo, cimentando la tesis de que cada uno de los aportes fue visado por el controlador de Penta más cercano a la UDI. Porque, eso sí, Gajardo se encargó de dejar en claro en todo momento que era imposible que los controladores del holding no supieran lo que se hacía en sus empresas. “La defensa ha querido circunscribir que toda esta operatoria tiene que ver con Hugo Bravo y aquí hay este mismo esquema en instituciones donde Hugo Bravo no tiene nada que ver, como es el Banco Penta (…). El conjunto de imputaciones que estamos conociendo respecto de las cuales se están presentando los antecedentes son de extrema gravedad. Acá hay un peligro para la seguridad de la sociedad con la libertad de estos sujetos. Hay un peligro porque en los términos del artículo 140 tenemos gravedad de las penas, de los hechos, actuación en grupo o pandilla, casi todos los elementos del artículo 140”.
Al término de la formalización el día de ayer, el presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Juan Ignacio Piña, también reafirmó esta tesis a El Mostrador: “Las estructuras jerárquicas que tienen las empresas implican que no todos los estamentos tienen el mismo nivel de información. Que no todos tengan el mismo nivel de información no significa que las esferas altas de las empresas no tengan información y creo que eso ha quedado bastante claro en la exposición del fiscal hoy día”. Es por esta razón que, según fuentes del CDE, este organismo también pedirá prisión preventiva para los controladores del holding en la segunda ronda de la audiencia de formalización.
Relación con la UDI
Las hebras encontradas por la Fiscalía en su investigación llevaron a Gajardo y compañía a otras empresas y a otros políticos. Pero hasta ahora un punto en común de los hallazgos ha sido la relación privilegiada de la UDI con el mecanismo de aporte irregular de campañas.
Según los últimos antecedentes conocidos, un rol central en la repartición de las platas lo jugó Ernesto Silva Bafalluy, padre del actual timonel gremialista. Según declaró la secretaria de Joaquín Lavín, Lorena Espinoza, Silva Bafalluy la guió para recibir dineros provenientes de cheques de Carolina de la Cerda, cuñada de Pablo Wagner, ex subsecretario de Minería del Gobierno de Sebastián Piñera, quien emitió cientos de boletas falsas a Penta. Pero también lo hizo a Soquimich (SQM), la minera de Julio Ponce Lerou, el ex yerno de Augusto Pinochet.
El caso Penta develó una enredada madeja de nombres que comprometen a la elite gremialista, la misma que los últimos 25 años ha liderado la defensa del modelo instaurado por la Constitución de 1980, y que incluye el agonizante sistema binominal, las AFP, las isapres y una fortalecida educación privada.
En el caso de la empresa de Lavín y Délano, la cercanía es también familiar. El “Choclo” es tío de Ernesto Silva, y fue un íntimo de su padre, fallecido el 2011. La carpeta del caso develó además las asiduas reuniones que mantenían los hombres de Penta con Jovino Novoa y otros emblemáticos del gremialismo.
Los últimos antecedentes conocidos apuntan con fuerza al rol jugado por SQM, la que –según boletas emitidas que constan en la carpeta investigativa– podría también haber entregado recursos por fuera de la legalidad a dirigentes de la Nueva Mayoría, además del UDI Joaquín Lavín, y otros dirigentes sectoriales de ese partido.
A pesar de los datos mencionados –y que fueron refrendados uno a uno por la Fiscalía durante el inicio de la formalización de los imputados en el caso–, Ena von Baer y, en menor medida, Iván Moreira, dijeron sentirse tranquilos y llamaron a que no se los juzgue antes de tiempo. “Este es el momento de los Tribunales, dejemos que las instituciones en nuestro país funcionen (…) estoy sumamente tranquila”, manifestó la senadora.
Las palabras de Iván Moreira fueron en la misma línea: “No he hecho nada distinto a lo que hace la mayoría de los candidatos para financiarse”, y afirmó que seguirá en sus cargos, tanto en la UDI como en el Congreso.
Quien tuvo palabras más duras fue Carlos Eugenio Lavín, para quien la Fiscalía pidió prisión preventiva. A la salida de la audiencia y seguido por una masa de periodistas, fue enfático. “No conoce Penta el fiscal (Carlos Gajardo). Se formó una novela propia que no corresponde a la realidad”, dijo a la salida del Centro de Justicia. “Para ser un defraudador profesional yo creo que he sido un empresario bastante notable, modestia aparte, entonces oír este tipo de cosas es algo realmente desagradable, fuera de lugar. Nos presenta como una mafia, como si nosotros fuéramos Al Capone o algo parecido y es lamentable escuchar eso. Yo no soy ningún mafioso”, agregó.
En el caso de que el juez decida conceder la prisión preventiva, Carlos Eugenio Lavín y Délano saldrán esposados de la sala en la jornada que concluye hoy.
