Chile: ante los casos de corrupción, el presidente de la Corte propone crear sistema de control social a la clase política
En el marco del comienzo del año judicial y los polémicos casos Caval y Penta que han involucrado a actores políticos de distintos sectores, el presidente de la Corte Suprema Sergio Muñoz sugirió crear un sistema democrático de sanción de autoridades y la eliminación del fuero parlamentario.
“Llegará un momento en nuestro país y en el Poder Judicial que expresiones tales como “Excelentísima” o “Ilustrísima” serán historia. Tales distinciones en el lenguaje dan cuenta del estancamiento de los patrones culturales, trato que no se condice con nuestra sociedad contemporánea. La forma en que se ejercen las funciones y no el cargo, es lo que debe generar el reconocimiento social”.
Con estas palabras, el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz dio inicio al año judicial 2015, y plasmó los principales objetivos y propuestas que coparán su mandato, siendo una de las principales, lograr la igualdad plena entre los ciudadanos, la cual se verá expresada en los procesos judiciales, de acuerdo a las palabras de Muñoz.
Sin embargo, una de los planteamientos del jurista que más llamó la atención, y que tiene directa relación con los procesos judiciales que se están llevando a cabo en el marco del caso Penta-SQM, tiene que ver con eliminar el fuero parlamentario, el que obliga a realizar un juicio preliminar para desaforar a los congresistas que deben enfrentar procesos judiciales.
Para Muñoz, no se justifica en los tiempos que corren que se mantenga esta atribución a senadores y diputados, ya que entre otras cosas, puede derivar en que si no se aprueba el desafuero, esto equivale a una absolución del parlamentario, sin que exista posibilidad de investigar si efectivamente se verificó el delito por el que se encauzó al congresista. De ahí la necesidad de derogar esta disposición.
“Por su parte, acceder al desafuero trae como consecuencia, no solamente que el parlamentario debe concurrir a responder la imputación, sino también que por la decisión de los tribunales se suspende de su cargo a los mandatarios de la ciudadanía, alterando la composición de fuerzas políticas al interior de las cámaras. Por lo anterior debiera pensarse que los parlamentarios imputados de un cargo criminal, asuman la realidad del proceso en igualdad de condiciones, como cualquier ciudadano de la República, sin mayores cargas, pero también sin mayores privilegios”.
Quien se mostró contrario a la propuesta realizada por el presidente del máximo tribunal fue el presidente del Partido por la Democracia (PPD), Jaime Quintana, quien justificó la existencia del beneficio por cuanto se establece juicio sobre un acto en que haya incurrido una persona con fuero, se eleva el nivel de decisión y se da garantías a la sociedad civil.
El abogado y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Enrique Navarro se mostró de acuerdo con la idea planteada por Muñoz en relación con eliminar el fuero parlamentario explicó ya que, entre otras consecuencias negativas de este beneficio es que el implicado queda suspendido del ejercicio de su cargo mientras se revisa el desafuero, con lo que se altera la composición de ambas cámaras en el Congreso.
“Eliminar esa institución y esperar entonces que haya una presentación como tal y el tribunal resuelva, y eso, en definitiva, produzca consecuencias una vez que adopta la decisión final por parte de los tribunales, porque un proceso puede perfectamente iniciarse y sin embargo ser sobreseído, y sin embargo durante todo ese período el parlamentario va a estar suspendido de su cargo. Puede también iniciarse un proceso y luego ser absuelta la persona, y también durante un período largo puede haber estado suspendido del ejercicio de su cargo a veces por meses o por años”.
El abogado ejemplificó lo sucedido con el caso del ex senador Francisco Javier Errázuriz, quien por diversos delitos en los años 90 tuvo una condena de 541 días, lo que a su juicio no significaba la suspensión de su cargo, no obstante la tuvo por más de un año.
En conclusión, Navarro expuso que hay dos caminos: o se establece un desafuero de responsabilidad del órgano político como era antes de la Constitución de 1925, o se entrega a los tribunales como ha ocurrido posteriormente, pero en virtud de la presunción de inocencia, y en la medida en que se den ciertos supuestos dentro de un proceso penal, se suspenda al parlamentario y se le dé sentencia.
Sergio Muñoz hizo hincapié en la necesidad de que exista mayor control por parte de la ciudadanía de las acciones de las distintas instituciones del Estado, y que se contemple la posibilidad de que las autoridades puedan ser revocadas de sus mandatos, de ser necesario.
“El sistema democrático ha de contemplar mecanismos de supervigilancia de la actuación de sus instituciones, mediante los cuales ninguna autoridad esté exenta del control social. Pero, al mismo tiempo, el pueblo debe contar con instrumentos efectivos que le permitan expresar su voluntad, la que ciertamente debe llegar a contemplar, en casos graves y calificados, la posibilidad de poner término a las designaciones de sus autoridades si fuere necesario”.
Finalmente, otra de las preocupaciones que manifestó Muñoz tiene que ver con la necesidad de implementar un examen único para habilitar a los futuros abogados para ejercer la profesión -al igual que ocurre en la actualidad con los estudiantes de medicina-, ante las “diferencias sustanciales” entre los profesionales egresados de las distintas universidades lo que ha “derivado en acusaciones criminales, demandas civiles y denuncias de faltas a la ética profesional”, según sostuvo Sergio Muñoz.
“La situación descrita me hace proponer formalmente la posibilidad de instaurar en nuestro país un Examen Único Habilitante para el Ejercicio de la Profesión de Abogado, al que se sujeten todos los licenciados en derecho que egresen de las facultades del país y del extranjero por igual, supervisado por el Poder Judicial, con la colaboración de las Facultades de Derecho de las universidades del Consejo de Rectores, de la Asociación de Universidades Privadas y los colegios de abogados”.
