Caso Dávalos: empiezan las investigaciones y allanan el Ministerio de Vivienda
En el marco de la investigación por el llamado «nueragate», esta tarde el OS-9 de Carabineros recabó antecedentes y material informático del Minvu, en Santiago, y de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de O’Higgins, con el fin de recopilar información sobre las transacciones de los terrenos en Machalí, realizadas por la empresa Caval. El vocero de la Fiscalía, Octavio Rocco, señaló que se están «recabando todos los antecedentes que nos parezcan útiles» y añadió que no descartan «ninguna línea investigativa».
El lunes se abrió la arista judicial del denominado “nueragate”, que estalló cuando se conoció que la empresa Caval, de cual es social la nuera de la Presidenta Bachelet, Natalia Compagnon, había recibido un crédito otorgado por el Banco de Chile, de $6.500 millones, a pocos días de que fuera electa la actual Mandataria. Dicho monto superaba con creces los 6 millones de capital que tenía la empresa.
Pero todo pasó de gris a negro cuando se conoció que uno de los dueños del banco, Andrónico Lucsik, se había reunido con Compagnon y con Sebastián Dávalos, hijo de Michelle Bachelet, para que le expusieran el proyecto, que tenía como objetivo comprar unos terrenos en Machalí. Hecho que, luego de las presiones desde personeros del oficialismo, terminó con la salida de Dávalos de la Dirección Sociocultural de la Presidencia.
Luego dio a conocer que los terrenos adquiridos por Caval habían sido vendidos, dejando un diferencial de cerca de 3 mil millones de pesos en favor de la señalada empresa. La duda aparece cuando se sabe que habría un cambio de uso de suelo de las 44 hectáreas rurales que adquirió la empresa Caval Limitada.
Para investigar si existiría uso de información privilegiada, el lunes se determinó que el Fiscal Regional de O’Higgins, Luis Toledo, será quien investigará los posibles delitos de negociación incompatible y violación de secretos en relación a la inminente modificación del plan regulador de la comuna de Machalí, en el marco del denominado “nueragate”. Denuncia que fue establecida “en contra de todos los funcionarios públicos que están interviniendo en la modificación en el plan regulador intercomunal en las comunas de Rancagua y Machalí”.
En el marco de esta investigación, funcionarios del OS-9 llegaron hoy hasta las oficinas de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de O’Higgins para recopilar la mayor cantidad de evidencias acerca de la compra y venta de los terrenos en Machalí. Los funcionarios se llevaron computadores y los informes de análisis que se hicieron para establecer la factibilidad del cambio de plan regulador de los terrenos.
En Santiago también se recabó información, en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Por otra parte, el vocero de la Fiscalía, Octavio Rocco, señaló que se están “recabando todos los antecedentes que nos parezcan útiles” y añadió que no descartan “ninguna línea investigativa”.
“Queremos levantar la mayor cantidad de antecedentes para llevar la teoría correcta: documentos, CDs, todo aquello que aporte a la investigación, que permita esclarecer qué fue lo que sucedió”, añadió el vocero.
Según una publicación de El Mercurio, el seremi de Vivienda de la Sexta Región, Wilfredo Valdés, fue quien en 2013 realizó la tasación de los terrenos adquiridos por la empresa Caval, mientras trabajaba en el sector privado.
Valdés trabajó en Madrid, Peña y Cía., que realizó la tasación al Banco Santander. En el respectivo informe se determina que fueron tasadas las 44,3 hectáreas del terreno en 67.807 UF. El Seremi de Vivienda de la Región de O’Higgins aseguró que él no tuvo contacto con Caval y que “el informe en cuestión lo realicé en base a la información disponible, en especial aquella emanada de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Machalí”.
Además, durante esta tarde, Wladimir Román, ex Seremi de Vivienda de la Sexta Región durante el gobierno de Sebastián Piñera, dijo a CNN que el cambio al plan regulador de la zona comenzó a discutirse en 2012. Agregó que la empresa Caval suscribió la promesa de compraventa de los predios el 5 de septiembre de 2013. Un día después, se publicaba la idea al cambio del plan regulador. “Por tanto, antes de eso no podía ser de conocimiento público y la empresa Caval gestionó un crédito seis meses antes, lo que indicaría uso de información privilegiada”, concluyó.
