Después de cuatro meses paralizado, el Normal de Ayotzinapa retoma actividades
El director de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, José Luis Hernández Rivera, informó que por acuerdo de estudiantes, padres de familia y directivos de la institución se reiniciarán las actividades vía Internet, después de más de cuatro meses de estar suspendidas.
Entrevistado en el exterior del plantel dijo que ‘‘se va a trabajar con base en las condiciones de la escuela, a fin de que los estudiantes que luchan por la presentación de los 43 alumnos desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre no pierdan el año escolar’’.
Explicó que el método acordado con alumnos, paterfamilias y directivos de la institución ‘‘es un modelo que permite que los estudiantes no se desliguen del movimiento. Se va a tratar de salvar el año escolar y se está diseñando cómo deben realizarse las actividades académicas para no perderlo; trabajamos a partir de las propuestas que se han hecho, primero vía Internet y, si es necesario, con la presencia de los estudiantes’’, subrayó.
Sobre el tema de la convocatoria para alumnos de nuevo ingreso, Hernández Rivera mencionó que ‘‘hasta el momento no se ha revisado esta situación debido a que se analiza cómo recuperar el año’’. Insistió en que la propuesta escolar de cursos vía Internet fue consensuada con todos los sectores involucrados.
Acerca del planteamiento de algunos profesores de la normal y de la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG), para la refundación de la escuela, aseguró que ‘‘en estos momentos no se ha analizado, porque lo urgente es recuperar el año escolar y la presentación de los estudiantes desaparecidos’’.
En tanto, Felipe de la Cruz, vocero de los padres y madres de los normalistas desaparecidos, informó que este martes se reunirán en Chilpancingo con funcionarios del gobierno federal para tratar diversos puntos. Reiteró que la exigencia de los padres de familia es que tiene que continuar la búsqueda, ‘‘porque no creemos en la verdad histórica del procurador (Jesús Murillo Karam); insistimos en que nuestros hijos están vivos’’.
Enfatizó que los paterfamilias continúan con su línea de investigación, la cual ‘‘es una sola y es buscar con vida a los 43 estudiantes; no podemos tener otra línea, a pesar de que quieren hacer creer que nosotros violentamos a la sociedad y que estamos provocando inestabilidad, lo cual es falso’’.
Sobre la propuesta de los familiares de los alumnos ausentes de ingresar a las instalaciones militares, dijo que esto está pendiente. ‘‘Ayer nos reunimos para preparar la agenda, determinar los cuarteles que se van a visitar y los días en que estaremos ahí; necesariamente será antes de que finalice este mes’’, adelantó.
Finalmente, De la Cruz anunció que el primero de marzo acudirán a las instalaciones de la Normal de Ayotzinapa especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ‘‘Creíamos que a partir de la tesis de la verdad histórica del procurador (Murillo Karam) se iba a dejar la búsqueda, pero, como nadie cree lo que dice la procuraduría, ésta continuará. De hecho, hay una segunda etapa para la búsqueda ciudadana, la cual se está diseñando’’.
Peña Nieto exculpa a militares en caso Ayotzinapa
El presidente Enrique Peña Nieto eximió de toda culpa a elementos de la Marina, Ejército y Policía Federal en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, e insistió que se trató de un hecho cometido por “el crimen organizado en colusión con autoridades locales”.
En respuesta a las preguntas sobre el tema que enviaron diputados federales al Ejecutivo el pasado 6 de noviembre, como parte de su segundo informe, el mexiquense aclaró que las fuerzas federales actuaron 10 días después de los hechos, cuando el gobierno de Guerrero solicitó su ayuda.
“La Procuraduría General de la República (PGR) no pudo atraer la investigación hasta que así lo solicitó el gobierno del estado”, respondió Peña a través de la Secretaría de Gobernación.
En el segundo párrafo del texto sostiene que los hechos “realizados por el crimen organizado en colusión con autoridades locales” han generado indignación entre los mexicanos, y “en respuesta el gobierno ha redoblado sus esfuerzos para garantizar la plena vigencia del estado de derecho”.
Una de las medidas, recuerda, es crear policías estatales únicas, “lo que permitiría pasar de más de mil 800 policías municipales débiles a 32 sólidas corporaciones de seguridad estatal”.
En el documento, Peña Nieto también destaca que envió una iniciativa “para facultar” al Congreso a expedir una “ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales”. Lo que se busca con ella es actuar “de manera oportuna y temporal” cuando existan indicios sólidos de que existen autoridades locales involucradas con el crimen, apunta.
Luego destaca la inexistencia de una ley sobre la desaparición forzada: “Debido a que no existen protocolos internacionales respecto a la desaparición forzada de personas, dentro de las investigaciones que lleva a cabo la PGR, relacionadas no sólo con el asunto de Iguala, sino con otros asuntos similares en proceso de investigación, se están aplicando los protocolos internacionales en cuanto a la exhumación, registro de cadena de custodia, selección de peritos y atención a las víctimas”.
Con esas declaraciones el Ejecutivo federal pretende convencer a los legisladores de que su gobierno no ha tenido descuidos en cuanto a la falta de protocolos aplicados sobre desaparición forzada, “por lo tanto no se considera que exista omisión alguna”.
A la vez que llegó la respuesta de Peña Nieto a los legisladores, el pleno de la Cámara exhortó a la Comisión de Justicia para que inicie el análisis y discusión de diversas iniciativas que en materia de desaparición forzada se han presentado en la actual legislatura.
Niegan información Tlatlaya
En el segundo caso más grave de violaciones a los derechos humanos ocurrido en 2014, la PGR rechazó informar sobre ese tema a la comisión especial que indaga la ejecución sumaria de al menos ocho personas en Tlatlaya, Estado de México, el pasado 30 de junio.
El director de Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la dependencia, Jorge Nader, se negó a proporcionarle información a Margarita Tapa Fonllenm, presidenta de la comisión e integrante del PRD, quien solicitó información sobre los militares que participaron en los hechos.
El funcionario estableció que las investigaciones sobre el caso Tlatlaya “son de carácter no sólo confidencial, sino reservado”.
