Grupo de expertos de la CIDH investigará la desaparición de los normalistas
Expertos internacionales comenzarán el primero de marzo en México sus investigaciones sobre el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, sin asumir la tesis oficial sobre una masacre, se informó este jueves en Washington.
«Hasta que no tengamos las pruebas fehacientes del destino de los desaparecidos el caso está en términos de que son desaparecidos», dijo el español Carlos Martín Beristain, el único médico del grupo.
El equipo multidisciplinario designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ofreció una conferencia de prensa, tras reunirse por primera vez, miércoles y jueves, en la sede de ese órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la capital estadunidense.
Además de Beristain, el grupo lo integran la ex fiscal general de Guatemala, Claudia Paz y Paz; los colombianos Ángela Buitrago y Alejandro Valencia, y el chileno Francisco Cox.
La Procuraduría General de la República (PGR) en México ha dicho que los jóvenes fueron masacrados por sicarios de narcotraficantes y, posteriormente, sus cuerpos incinerados en un basurero de Cocula, localidad vecina de Iguala, donde fueron secuestrados. El gobierno alega que su conclusión se basa en 487 peritajes y declaraciones de más de casi un centenar de detenidos.
Pero Beristain dijo que «no podemos determinar cuál es la certeza sobre los alcances o la convicción que ha mostrado la PGR sobre el destino de los desaparecidos».
Por su parte, Buitrago señaló que el grupo llegará a «su propia conclusión desde el tema concreto de nuestra autonomía e independencia», tras una evaluación de las evidencias recogidas por autoridades mexicanas o por los mismos expertos.
A partir del primero de marzo, la comisión de expertos permanecerá en México tres semanas al mes durante los seis meses iniciales de su mandato, acordado en noviembre entre la CIDH, el gobierno mexicano y los familiares de las víctimas.
En México, los peritos planean reunirse con sobrevivientes y familiares de las víctimas, autoridades y grupos defensores de derechos humanos. Parte de sus labores será «sugerir y aportar una nueva serie de elementos para que se hagan verificaciones de acuerdo con los estándares internacionales», añadió Buitrago. Además, irán a Ayotzinapa.
El equipo prevé redactar un informe sobre la investigación en mayo, y otro en agosto al término de su periodo de seis meses, que podría ser prorrogado por acuerdo entre las partes.
El clima de la investigación ya está caldeado en México. Familiares de las víctimas denunciaron que la «verdad oficial» se cae a «pedazos», luego que forenses argentinos señalaran una serie de fallas e irregularidades de la PGR en la investigación.
