Colombia: la CIDH condena el asesinato del defensor de derechos humanos Carlos A. Pedraza Salcedo
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del defensor de derechos humanos Carlos Alberto Pedraza Salcedo en Colombia, y expresa su profunda preocupación ante las continuas amenazas en contra de organizaciones que defienden los derechos humanos y de periodistas en ese país.
Según información de público conocimiento, el 21 de enero de 2015 funcionarios de la policía encontraron el cuerpo sin vida de Carlos Alberto Pedraza Salcedo, presuntamente con un impacto de bala en la cabeza. La información disponible indica que el defensor, que estaba desaparecido desde el 19 de enero, era integrante del Proyecto Colombia Nunca Más, del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), de la Coordinación Regional del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia y del Congreso de los Pueblos, que hace parte de la Cumbre Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular.
Adicionalmente, la Comisión recibió información que indica que el 11 de enero de 2015, defensores y defensoras de derechos humanos del Atlántico, Sucre, Magdalena y Bolívar recibieron amenazas escritas en sus viviendas y lugares de trabajo, firmadas por el “Bloque Norte Costa-Atlántica de las Águilas Negras”, en los que declara a las y los defensores como objetivo militar. La información recibida indica que entre las y los defensores amenazados hay beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la CIDH: José Humberto Torres, vice presidente de la Fundación Comité de Solidaridad con Presos (FCSPP); Ingrid Vergara, secretaria en Sucre del Movimiento de Victimas y Crímenes de Estado (MOVICE); y Martha Díaz, representante de las víctimas de los falsos positivos.
Por otra parte, la Defensoría del Pueblo de Colombia denunció que 38 personas habrían sido amenazadas el 21 de enero de 2015 mediante un panfleto presuntamente remitido por las “Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC”. Entre las personas amenazadas habría periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y funcionarios y funcionarias de las administraciones departamentales de Atlántico y Magdalena. Según información de público conocimiento, la Defensoría del Pueblo solicitó un aumento en la seguridad para garantizarles la vida a las personas amenazadas. Asimismo, la Defensoría del Pueblo señaló que de las personas mencionadas con nombre propio en el panfleto, 12 tendrían medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección, dos estarían en evaluación de riesgo, y la situación de otras 24 personas estaría por establecerse. Varias de las defensoras y defensores amenazados también cuentan con medidas cautelares otorgadas por la CIDH.
A través de sus distintos mecanismos de monitoreo la CIDH ha venido constatando la persistencia de asesinatos, amenazas y hostigamientos en contra de defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia. Las agresiones en su contra tendrían por finalidad acallar sus denuncias, relacionadas principalmente con violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto del conflicto armado. La persistencia de estas agresiones, sumado a la falta de avances sustanciales en cuanto al esclarecimiento, investigación y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos perpetradas en contra de defensoras y defensores, constituyen un obstáculo para el libre ejercicio del derecho a defender los derechos humanos, alimentando la impunidad e impidiendo la plena realización del Estado de Derecho y la democracia. Asimismo, la CIDH ha establecido que dada la importancia de la labor de información social que cumplen los periodistas que cubren situaciones de conflicto armado, la prensa que opera en estas circunstancias debe ser objeto de protecciones especiales y facilidades por parte del Estado.
La CIDH recuerda que es obligación del Estado conducir una investigación oportuna, de oficio, orientada al esclarecimiento de las circunstancias en que ocurrió la muerte de Carlos Alberto Pedraza Salcedo y, de ser el caso, identificar y sancionar a los responsables. Asimismo, se llama al Estado a investigar las amenazas de las cuales vienen siendo sujetos los y las defensoras de derechos humanos con el objeto de evitar la repetición de las mismas. Dichas investigaciones deben ser emprendidas con debida diligencia de manera exhaustiva, seria e imparcial. La Comisión recuerda el rol esencial que han tenido y continúan teniendo las defensoras y defensores en la denuncia de violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado, así como sus valiosos aportes en el proceso de búsqueda y consolidación de la paz en Colombia. En este sentido, los actos de violencia, ataques y amenazas en su contra afectan el rol fundamental que tienen en la sociedad y sumen en la indefensión a todas aquellas para quienes trabajan.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
