Ante la ONU, el Gobierno promete una ley sobre desapariciones forzadas
El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, anunció en esta ciudad que espera que para junio México cuente con una ley general de desaparición forzada.
«Es un reto inmediato» que hay que lograr antes de junio, cuando concluye la actual legislatura, dijo Gómez Robledo al término del examen sobre la situación de los desaparecidos en México ante el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés), organismo que vela por el cumplimiento de la convención en la materia.
El trámite legislativo
Antes de que se apruebe la ley, «de acuerdo con la fórmula constitucional de distribución de competencias que rige en México, se requiere que la Constitución habilite al Congreso para expedir una ley general en esta materia», explicaron por escrito hace unas semanas autoridades mexicanas al comité.
Es un trámite necesario para «homologar en todo el país el tipo penal de desaparición forzada», según el escrito.
Gómez Robledo aseguró que México acatará las recomendaciones que formule el CED, que llegarán «en poquito menos que dos semanas».
El Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas concluyó hoy la revisión del reporte inicial sobre México, en una sesión en la que el relator Luciano Hazan advirtió que las discrepancias entre palabras y hechos son importantes.
Según señaló Hazan, es necesario identificar las modalidades para garantizar un futuro sin desapariciones forzadas.
Asimismo, destacó que si bien el caso Ayotzinapa atrajo la atención internacional sobre este problema en México, el comité analiza este tema desde antes en términos generales.
El relator agradeció a las familias de las personas desaparecidas y a las organizaciones no gubernamentales que acudieron a Ginebra por la valiosa información que proporcionaron al comité.
El encuentro generó un interés sin precedentes, señaló por su parte el relator Rainer Huhle en su declaración de cierre de la sesión, y se mostró esperanzado en que persista el interés en este grave problema en México.
El CED elaborará sus conclusiones sobre el caso y formulará recomendaciones a México el próximo día 13.
El gobierno de México reconoció ayer la necesidad de superar los retos en materia de desapariciones forzadas, como el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre pasado y supuestamente asesinados e incinerados.
En cuanto a la guerra sucia –los desaparecidos por la represión política secreta contra opositores en los años 60 y 70 del siglo pasado–, la delegación del gobierno no respondió a la pregunta del CED de si hay mil 300 desaparecidos, según los datos que tiene su poder, o son 500, como indica el informe de México.
Exigen ONG en Ginebra un relator especial para el caso Ayotzinapa
Al término de dos jornadas de evaluación a México, organizaciones de derechos humanos pidieron hoy en Ginebra, Suiza, que el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) de la ONU designe a un relator especial para dar seguimiento al caso Ayotzinapa.
En rueda de prensa, representantes de ONG, padres de los 43 normalistas y de desaparecidos en los estados de Chihuahua y Coahuila señalaron que Ayotzinapa representa un desafío para el Estado mexicano, pero también es muestra de una problemática más amplia y estructural que se ha mantenido debido a la impunidad.
También cuestionaron fuertemente las razones del cierre hace un año de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), instancia encargada de la investigación de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la “guerra sucia”.
Este lunes y martes el Comité de ONU evaluó por primera vez el cumplimiento de México respecto de sus obligaciones contraídas en virtud de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada, por lo que el viernes 13 emitirá sus conclusiones al respecto.
Stephanie Brewer, integrante del Centro Miguel Agustín Pro que acompañó a una delegación de familiares de las víctimas, resaltó que las ONG han solicitado que haya “una estrategia de seguimiento por parte del comité”.
Es por ello que la designación de un relator “no tendría que ser un nombramiento muy formal”, pero sí servir para garantizar que se cumplan las recomendaciones, aclaró Brewer.
El examen de la ONU a México estuvo enmarcado por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero, aunque el Comité abordó el tema de las desapariciones en nuestro país en general.
Cabe destacar que los integrantes del CED hicieron numerosas preguntas a México sobre la manera en que aborda y sanciona el problema de las desapariciones.
Sin embargo, una de las preguntas que quedó sin respuestas fue el número de víctimas de desapariciones forzadas que hay en México.
Es más, la delegación del gobierno mexicano admitió que carece de información específica, debido a que su base de datos es un instrumento que “todavía debe ser perfeccionado” y requiere de actualización.
“En el estado actual de nuestros registros no podemos decir que hay un registro exclusivo de desapariciones forzadas. No lo hay”, reconoció Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario de Asuntos Multilaterales de la SRE.
“Hay un registro que mezcla personas no localizadas y, eventualmente, personas desaparecidas forzadamente”, acotó. “Es algo que hay que corregir sin duda alguna”, concedió.
Vidulfo Rosales, asesor legal de los padres de familia de Ayotzinapa, sostuvo desde la Ciudad de México, durante la rueda de prensa en la que se hizo un enlace telefónico con Ginebra, que el Estado mexicano “se niega de manera reiterada a aceptar la desaparición forzada”.
Las autoridades mexicanas, acusó, están “diluyendo su responsabilidad”. Las desapariciones forzadas, agregó, son una “situación estructural”, debido a que se mantiene el “ciclo de impunidad”.
Hilda Legideño –madre de Jorge Tipaza, uno de los desaparecidos de Ayotzinapa–, quien viajó a Ginebra junto con Bernabé Abraham en representación de los padres de familia, dijo que tiene “la esperanza de que el Comité de Desapariciones Forzadas esté de observador a distancia”.
En la sesión del Comité de la ONU, el relator Luciano Hazan señaló que es necesario identificar modalidades para garantizar un futuro sin desapariciones forzadas en México y agradeció a las familias y a las ONG por la valiosa información proporcionada al CED.
El encuentro generó un interés sin precedente, destacó por su parte el relator Rainer Huhle en sus declaraciones de cierre, para luego exteriorizar su esperanza de que el interés en este “grave problema” en México persista.
En las sesiones, el gobierno de México reconoció la necesidad de superar retos en materia de desapariciones forzadas, pero aseguró que está trabajando en ese sentido.
Asimismo, anunció que para junio espera lograr la aprobación de una ley general de desaparición forzada con vigencia para todo el país.
En rueda de prensa al cierre de las sesiones, el embajador Gómez Robledo subrayó que “México se toma muy en serio estos ejercicios” de evaluación de la ONU. Para México, acotó, fue “una muy buena sesión en un contexto especialmente doloroso del acontecer nacional”.
También indicó que en unas dos semanas el comité enviará a México su informe de recomendaciones, “y evidentemente habrá luego que dar seguimiento y cumplimiento” a lo que emita el Comité de ONU.
