La “verdad histórica” de Murillo… y las dudas – Diario SinEmbargo, México
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), planteó ayer, una vez más, lo que denominó como “la verdad histórica” sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa, víctimas de desaparición forzada entre la noche del viernes 26 y la madrugada del sábado 27 de septiembre pasados, en Iguala, Guerrero.
En una conferencia de prensa, ofrecida un día después de cumplirse cuatro meses del secuestro de los estudiantes, que fueron conmemorados con marchas de protesta y en exigencia de su presentación con vida en distintas ciudades del país y también en diversas urbes del extranjero, el Procurador confirmó lo que había sugerido el 7 de noviembre de 2014: que tenían pruebas del homicidio de “un amplio número de personas” en la barranca del basurero de Cocula, Guerrero, donde se había realizado una incineración tumultuaria.
Esta vez, Murillo Karam tuvo cuidado de no pronunciar frases como la de “Ya me canse”, con la que coronó su presentación del 7 de noviembre, y que le mereció una fuerte protesta social por lo que se consideró una muestra de irresponsabilidad e indiferencia ante el dolor de las familias y los reclamos de la ciudadanía para hacer justicia en éste y otros miles de casos de desapariciones forzadas.
Acompañado de Tomás Zerón de Lucio, titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Murillo reveló decenas y decenas de datos para confirmar que sí, que los 43 fueron asesinados y luego quemados en el basurero de Cocula; puso especial énfasis en este hecho, luego de que versiones de científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) pusieran en duda las declaraciones oficiales de que un grupo tan numeroso de personas haya sido incinerado en ese sitio sin dejar huellas suficientes y, entre otros argumentos, sin el traslado y uso de combustibles suficientes para provocar un incendio capaz de extinguir cualquier rastro de ADN.
Hace tres días, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), contratado por la propia PGR, planteó a la agencia Associated Press que aún no tenía “evidencias suficientes” para vincular los restos calcinados encontrados por las autoridades junto a un río en el municipio de Cocula, Guerrero, lo que levantó aún más sospechas sobre la teoría del gobierno federal presentada hace más de dos meses.
Según el vocero de los padres de los normalistas desaparecidos, Felipe de la Cruz, los especialistas les confirmaron que “cuando ellos llegaron [al basurero de Cocula] ya estaba muy manoseado, se habla de llantas, de un incendio que pudo ser antes, pero no pueden asegurar que el incendio sea el mismo que el de los normalistas”.
Jesús Murillo y Zerón de Lucio citaron ayer, nuevamente, las versiones de los testigos detenidos y participantes de la supuesta matanza y cremación, mismas que usaron en noviembre, y reforzaron su teoría con la de Felipe Rodríguez Salgado, alias “El Terco” o “El Cepillo”, detenido el pasado 15 de enero e identificado como el jefe de sicarios de la organización Guerreros Unidos en el área de Iguala, y quien confesó ser el responsable del secuestro, la muerte e incineración de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Lo que ayer informó la PGR es lo mismo publicado en medios, entre otros la agencia alemana DPA, desde hace varios días, y que son extractos de la declaración ministerial de Rodríguez Salgado, quien confesó haber actuado por órdenes de Gildardo López, alias “El Cabo Gil”, lugarteniente del líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias.
Para el Procurador Murillo Karam, todas las dudas están despejadas: “Los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad. Privados de la vida, incinerados, y arrojados al Río San Juan, en ese orden. Es la verdad histórica, basada en las pruebas aportadas por la ciencia como se muestra en el expediente, y que ha permitido ejercitar acción penal en contra de los 99 involucrados que han sido detenidos hasta hoy por el Ministerio Público de la Nación que ha solicitado imposición de las penas más altas que la legislación propone”.
Esa es la “verdad histórica” del titular de la PGR. El problema es que, desde el principio de las investigaciones de este caso se dieron una serie de irregularidades por la ineficiente y dudosa intervención de las autoridades locales, entonces a cargo del ahora Gobernador con licencia Ángel Aguirre Rivero, y luego por la lentitud de las autoridades federales: la PGR no atrajo el caso sino hasta el 4 de octubre de 2014; además, ante la indignación nacional e internacional provocada por estos hechos, el Presidente Enrique Peña Nieto apenas se refirió al tema dos días después, el 6 de octubre, cuando dirigió un breve mensaje –de menos de tres minutos– donde expresó su consternación y ofreció aplicar la justicia contra todos los responsables.
El 17 de octubre, el sacerdote y activista defensor de los derechos humanos, Alejandro Solalinde Guerra, hizo una declaración a la agencia de noticias Novosti que, luego, fue negada por el propio Murillo Karam: dijo que los estudiantes estaban muertos y que incluso algunos habían sido quemados vivos, de acuerdo con testimonios de dos personas. “Estaban heridos, y así como estaban heridos, los quemaron vivos, les pusieron diésel. Eso se va a saber. Dicen que hasta les pusieron madera, algunos de ellos estaban vivos, otros muertos”, expuso.
El padre Solalinde también afirmó que el gobierno no lo reconocía porque estaba evaluando la verdad que comunicaría a la sociedad, la del menor costo político: “¿Qué es menos penoso para el sistema?, ¿decir que están calcinados con todo lo que implicó eso?, o decir que están desaparecidos y que no saben lo que les pasó, porque es menos impactante decir lo segundo, y además menos comprometedor, pero es más doloroso para los familiares tenerlos con la esperanza. El gobierno sabe muchas cosas, si está reteniendo la verdad es su responsabilidad, hay que decirlo, este manejo ya se contaminó y su manejo no es de justicia, es político”
Ahora, la “verdad histórica” de Jesús Murillo Karam se acerca mucho a la declaración del sacerdote. Pero ante tantas contradicciones, pocos creen que esté completa.
La tardanza en la investigación, el hecho de no tocar a las autoridades de mayor estatura en Guerrero –como es el caso de Ángel Aguirre y quienes integraban la Procuraduría y la policía local–, responsables de estos hechos por omisión, pues pudieron evitar la tragedia ejerciendo en tiempo y forma la justicia contra los criminales, también es otro asegún de un caso que arroja más duda que certidumbre.
El papel del Ejército y de las fuerzas federales en la trágica noche de Iguala es otra línea de investigación que tampoco se ha agotado, alimentando así más incredulidad.
En fin, que si para la PGR el caso está resuelto, los familiares y la sociedad no están convencidos del todo. Las autoridades apuestan a que el tiempo y la infiltración de intereses políticos en esta lucha de los padres desactive el movimiento social que señala al Estado como el gran culpable de este crimen irracional. Esto pondrá a prueba la fortaleza del reclamo. Sin embargo, pase lo que pase en las siguientes semanas, este capítulo queda ya como uno de los más negros en la historia del país, y destaca con letras mayúsculas en la parte negativa de la herencia que dejará el sexenio peñista.
