Ayotzinapa: cuatro meses sin los 43 – Diario SinEmbargo, México
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
A cuatro meses del asesinato de 3 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, y la desaparición forzada de otros 43 alumnos de esa institución, entre la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, el Estado mexicano sigue sin dar respuestas contundentes y creíbles a la sociedad mexicana, que mantiene su interés en el caso echando por tierra la expectativa de muchos funcionarios que pensaron que el tiempo podía dejar este asunto en el olvido.
La situación no es esa, al contrario, Ayotzinapa mantiene el reclamo de justicia para los jóvenes normalistas y sus familias, además de la presentación con vida de los 43 que siguen desaparecidos.
En más de 120 días, este caso que adquirió trascendencia internacional, ante la incompetencia del Estado para responder de forma expedita a los familiares y a la sociedad, ha dañado la imagen de la administración de Enrique Peña Nieto más, incluso, que las crisis sexenales que han provocado los gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Los 43 simbolizan a los miles y miles de mexicanos desaparecidos en este sexenio y en el del panista Felipe Calderón Hinojosa. Representan el hartazgo de una ciudadanía indefensa ante la corrupción y la impunidad; esa descomposición y deterioro de las instituciones la alimentan los propios funcionarios públicos y las fuerzas de la seguridad, que debieran ser los primeros en salvaguardar los derechos civiles de los mexicanos.
La Procuraduría General de la República (PGR), a cargo del priista Jesús Murillo Karam, está sumamente desacreditada. Sus versiones en torno a cómo, dónde, cuándo y quién cometió el crimen contra los normalistas no convencen incluso a quienes contrataron ex profeso para investigar estos hechos: los expertos argentinos en antropología forense, que trabajan en la zona de Iguala, Guerrero, desde principios de octubre de 2014.
Primero fueron los especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes con datos científicos corroboraron que los 43 cuerpos no pudieron ser cremados en el basurero de Cocula, Guerrero, como explicó Murillo Karam.
Ahora el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) también duda que los restos hallados en ese basurero municipal sean los de los jóvenes violentados y secuestrados por la policía de Iguala.
Ayer se reveló que los expertos argentinos sospechan que el fragmento de hueso con el que supuestamente se identificó a Alexander Mora Venancio, uno de los normalistas de 21 años, originario de Tecuanapa, no coincide con ningún otro hallado en ese basurero.
Los científicos argentinos afirmaron que a ellos no les consta la procedencia del huesito y la muela que supuestamente sirvieron para identificar a ese joven. El EAAF dijo a la Agencia Internacional Associated Press (AP) que todavía “no hay evidencias suficientes” para vincular los restos encontrados por las autoridades con el normalista Mora Venancio. Es decir, estamos como al principio.
Aunque la PGR ha detenido a 98 personas por estos hechos, incluido el Alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y su esposa, ligados ambos al cartel Guerreros Unidos, las versiones oficiales son cada vez más confusas. Tienen a policías, sicarios, autores supuestamente intelectuales, pero nadie puede explicar dónde están los muchachos ni cuál fue el verdadero motivo por el que los atacaron.
En este contexto, los mexicanos de aquí y los que están en el extranjero, además de grupos civiles en diversas partes del mundo volverán hoy a mostrar su rechazo contra un gobierno que no ha hecho lo suficiente en esta investigación que, como dijimos ya, simboliza también la omisión en otros miles de casos que por desgracia han enlutado a las familias de nuestro país desde hace ocho años.
El caso Ayotzinapa está más vivo que nunca como lo está también la ineficiencia del Estado mexicano frente al crimen y la corrupción, ejercida por funcionarios y autoridades que, supuestamente, son quienes debieran estar del lado de la gente.
