María C. Rojas, presidenta del Consejo de Estado (Colombia): «El acuerdo de paz se les debe consultar a los colombianos»
Por María Isabel Rueda
Termina su presidencia del Consejo de Estado. ¿Períodos tan cortos como un año no contaminan a la justicia de politización?
Bueno, ha sido como una costumbre que ese período a la cabeza de las altas cortes sea de un año, entre otras cosas porque muchos de sus miembros quieren ser presidentes. De no ser así, pocos de los 31 magistrados que integran la corporación podrían acceder a esa dignidad.
Como presidenta ha sido franca, clara, les ha garantizado accesibilidad a los medios, sin pasarse al espectáculo. Le ha traído un aire fresco a esa entidad, que hasta hace poco figuraba entre las más corruptas, en opinión de los colombianos…
El juez no puede estar encerrado en su oficina simplemente produciendo sentencias. Tiene que orientar a la opinión pública, sin romper con las reservas inevitables de su labor.
¿Qué le deja al Consejo de Estado su presidencia?
La satisfacción de que el país sintió que había Consejo de Estado, y de que el concepto que tenía sobre la institución cambió para bien. Eso lo logramos trabajando mucho. Es más, este año, el Consejo de Estado prácticamente duplicó las sesiones en sus salas contenciosas, y se hicieron muchos programas, entre estos a través de internet, para llegarle a la comunidad jurídica.
¿No es frustrante de todas maneras para usted, como presidente del Consejo de Estado, este descrédito general de la justicia? ¿Le duele? Porque parecería que no le doliera a nadie…
Desde que estudié derecho, ser magistrado de una alta corte era lo más honorífico, lo máximo a lo que uno podía aspirar. Ver hoy en día desde mi posición esa postración, esa falta de credibilidad, esa desconfianza, me duele muchísimo.
¿Qué hacer con una justicia sindicalizada? ¿Eso es sano?
Creo que los trabajadores tienen derecho, por supuesto, a hacer sus exigencias laborales, pero sin descuidar la misión de administrar justicia y seguir trabajando.
¿Tres meses en paro no es descuidar sino más bien olvidar la misión?
Sí, por supuesto que sí. No estoy de acuerdo con eso. Ellos pueden hacer sus reclamaciones laborales, pero no suspendiendo sus actividades.
Repasemos unos temas que en estos momentos esperan una decisión del Consejo de Estado y de los que está pendiente la opinión pública. ¿En qué va, por ejemplo, el caso Petro?
Ese es un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que sigue su curso. Está pendiente de resolverse un recurso frente a la suspensión provisional, que se encuentra en discusión. Pero independientemente de la decisión acerca de esa suspensión provisional, el proceso principal sigue su curso, en cuanto a la nulidad y restablecimiento del derecho.
Pero ahí empezamos con los problemas. ¿Cómo podemos esperar pronta justicia si el Consejo de Estado se toma más de un año en resolver un recurso?
No nos olvidemos que Petro lo primero que hizo fue introducir innumerables acciones de tutela, que el Consejo de Estado le negó indicándole que la vía era la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Él la interpuso en mayo y pidió la suspensión provisional de la destitución del Procurador, que se le concedió. Contra esa decisión, el Procurador interpuso un recurso, que es el que estamos resolviendo primero. ¿Qué pasó allí? Que el despacho en el que estaba esa decisión quedó con un magistrado encargado, que era Gustavo Gómez, porque el titular salió. Ahí salió…
Demandas, recursos, contrarrecursos, vacantes… ¿Eso no hace inoperable a la justicia? ¿Por qué se demoran tanto en llenar las vacantes?
Esa vacante se acaba de llenar, y de hecho ya la nueva magistrada presentó el proyecto a la Sala Plena porque se decidió que lo ameritaba por su importancia jurídica. No le puedo hablar del proyecto de ponencia, porque es reservado.
¿En qué va lo de la nulidad de la elección del Procurador?
Esa es una decisión bastante compleja, no por el Consejo de Estado sino porque se interpusieron muchísimas recusaciones contra magistrados y varios también nos declaramos impedidos, entre ellos yo, porque en ese momento mi hijo abogado trabajaba en la Procuraduría. Resolver esos impedimentos ha enredado mucho llegar a la decisión de fondo, sobre la nulidad de la elección.
¿En que va lo de la pérdida de investidura de los 12 congresistas que metieron mano para llenar de micos la reforma de la justicia, razón por la cual se cayó? Usted es la ponente…
Le cuento hasta donde puedo, por esa misma razón. La ponencia la presenté dentro del término oportuno ante la Sala Plena; se generó un gran debate, y la mayoría consideró que se deberían solicitar una serie de pruebas, incluyendo testimonios de congresistas, el del Presidente por supuesto, y el de su exministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra. Lógicamente, tomar todos estos testimonios lleva tiempo. Viene la evaluación de este material probatorio, y yo llego con mi proyecto a la Sala Plena. Ya está radicado, y se inicia la discusión. Estaba listo para fallo a finales del año pasado, pero dos magistrados pidieron ver directamente las pruebas. Eso retrasó todo, pero aspiro a que la semana entrante la Sala Contenciosa produzca su decisión.
Precisamente, el exministro Esguerra, en entrevista con Cecilia Orozco, da por hecho que su ponencia será a favor de los congresistas y la califica de “contraevidente”.
Por ahí hasta afirma que yo digo en mi ponencia que no hubo ninguna irregularidad. Respeto por supuesto al exministro Esguerra, pero no comparto sus afirmaciones. Lo que pasa es que no puedo referirme a ellas porque estaría entrando en el fondo del asunto que está a conocimiento de la Sala Plena. Cuando haya una decisión en cualquier sentido le explicaré al país mi ponencia, que dista mucho de lo que aparece en esa entrevista.
Hablemos del Contralor. A través de un fallo de tutela, el Consejo de Estado lo autorizó para prorrogar el contrato de arrendamiento del nuevo edificio. ¿Por qué cree que Maya no usó ese salvavidas?
Me parece muy importante esta pregunta. El Contralor interpuso una tutela que me correspondió a mí como ponente decidirla. Se le negó porque definitivamente no reunía las condiciones para acceder a ella, pero se le dijo en la parte motiva que no había ningún inconveniente en prorrogar el contrato. Entre otras cosas, porque cuando el doctor Maya reemplazó a la contralora Morelli ya encontró el contrato en ejecución.
Y si no le gustaba alguna cláusula, podía renegociarla…
De hecho, el arbitraje –porque estaba prevista la cláusula arbitral– ya se inició. Había que ponderar entre el cumplimiento de la función constitucional de la Contraloría y una acción penal en su contra, para la cual no veo yo que se dieran los elementos. Por lo tanto, no entiendo cómo se produce ese caos en el que está en este momento la Contraloría, dispersos en no sé cuántas edificaciones sus dos mil y pico de funcionarios y su correspondiente función del control fiscal. La verdad, no creo que eso esté marchando. Gravísimo que él haya optado por esa decisión cuando el Consejo de Estado realmente le dio ese salvavidas.
El Contralor le tuvo más miedo al Fiscal, que cazó una pelea a muerte con la excontralora, que respeto al Consejo de Estado por el visto bueno jurídico que le dio… Maya, increíblemente, no usó esa salida jurídica… ¡Por miedo, prefirió desmantelar la entidad!
Además, con otro aspecto: el contrato contemplaba una multa de 34.000 millones en caso de romperlo antes de un determinado plazo, porque el arrendador había adecuado el edificio para la Contraloría, y estaba previsto que esos gastos se amortizaran en 10 años. Y lógicamente, si la Contraloría se queda allí, pues no habría necesidad de pagarle al arrendador lo que ahora sí hay que pagarle.
¿Y a quién le vamos a cobrar la millonaria multa?
Interesante pregunta.
Otro tema. Como su nombre lo indica, ¿el Consejo de Estado actúa como consejero del Gobierno?
El Consejo de Estado, cuando lo creó Simón Bolívar en 1817, era un organismo consultivo del Gobierno. Por lo tanto, lo primero que existió fue la Sala de Consulta, y de allí deriva su nombre: Consejo de Estado. Después se creó la Sala Contencioso Administrativa, y acabamos de cumplir 100 años ejerciendo esas dos funciones.
Pero una de ellas es, evidentemente, y con ese propósito lo creó Simón Bolívar, que el Gobierno tenga un organismo consultor, un ‘consejero de Estado’. El Fiscal acaba de decir que la consulta a los colombianos sobre el proceso de paz no es obligatoria jurídicamente, ni conveniente políticamente, lo cual constituye una evidente intromisión política del Fiscal en el manejo del proceso de paz. ¿Usted, como presidente del Consejo de Estado, qué dice?
Yo diría que los acuerdos de La Habana sí se les deben consultar a los colombianos. Porque van a implicar unas reformas profundas de nuestro sistema constitucional, y democrático, y es el pueblo el que tiene el poder de reformar la Constitución. Me parece no solo necesaria, sino imprescindible esa consulta.
¿Y cuál sería el vehículo? Varios constitucionalistas insisten en que el referendo no es apropiado, porque su contenido debe ser necesariamente normativo…
La Constitución tiene mecanismos de reforma constitucional, entre ellos el referendo y la asamblea constituyente. Como va a haber cambios de la Constitución, hay que utilizar uno de esos mecanismos. Aquí no podemos actuar de facto, porque tenemos una Constitución vigente. Todos queremos la paz; no hay un colombiano que no la quiera, pero no podemos actuar por fuera del derecho, y como tenemos que avalar esos acuerdos constitucionalmente, para mí el mecanismo que más se adapta de los que actualmente trae la Constitución es el referendo.
¿Y normativamente, que sería lo que nos consultarían por medio de él a los colombianos?
Habría que buscar la forma de elaborar las preguntas que sinteticen todos los acuerdos de La Habana, en los puntos en que toque realmente modificar la Constitución. Pero no podemos salirnos de la institucionalidad.
