Las primeras consecuencias del Caso Penta – Diario La Tercera, Chile
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
El daño que estas irregularidades han supuesto para la actividad política merece el máximo cuidado al momento de diseñar cambios al financiamiento electoral.
Lo que comenzó como un fraude organizado por funcionarios del Servicio de Impuestos Internos para ofrecer devoluciones ilegales a contribuyentes, ha derivado en un complejo caso de irregularidades tributarias y financiamiento electoral al margen de la legislación vigente. Más allá de la gravedad de los delitos expuestos, asunto que corresponderá decidir a los Tribunales, las encuestas de opinión pública dan cuenta del profundo impacto en la ciudadanía de los hechos conocidos en torno al denominado Caso Penta.
La demanda por mayor transparencia en el financiamiento de la política resulta evidente y así lo han entendido los dirigentes de partidos involucrados de una u otra forma en el caso, al convocar a una revisión mayor del sistema imperante. Cabe recordar que la actual legislación sobre financiamiento electoral tuvo su origen, precisamente, en un acuerdo político en el marco de una polémica situación que involucraba el pago de dineros a los integrantes del entonces gabinete ministerial.
En este contexto, aunque todo avance en la legislación que promueva la transparencia y la competencia al interior del sistema político pueda ser bienvenido, resulta poco presentable que estos cambios aparezcan ante el electorado, reiteradamente, como una consecuencia de situaciones irregulares generadas por los propios actores implicados en esas eventuales reformas.
De igual forma, sería óptimo que las autoridades velen por evitar que las irregularidades asociadas al Caso Penta terminen por condicionar una discusión sobre legislación del financiamiento electoral que, más que enfrentar situaciones específicas, debe enfocarse en promover transparencia y reducir los privilegios con que hoy cuentan los actores incumbentes en los procesos eleccionarios. En esa línea, es un retroceso el reiterado interés del gobierno por prohibir el aporte de personas jurídicas a la política, incrementando el poder monopólico del Estado en esta función.
Aunque el proceso judicial en torno al Caso Penta se encuentra aún en sus etapas iniciales, los eventuales ilícitos planteados por el Ministerio Público obedecen a operaciones que los propios imputados han reconocido como irregulares, pero que en ningún caso deberían motivar un juicio generalizado sobre el rol del sector privado en el financiamiento de la actividad pública como tampoco respecto al actuar de todo el mundo político. Pero de la misma forma en que las posibles ilegalidades dicen relación con actuaciones individuales, es fundamental para la confianza ciudadana que esas responsabilidades sean asumidas y debidamente investigadas por los organismos competentes.
Mientras la fiscalía apunta a eventuales delitos tributarios, soborno, cohecho y lavado de activos, los imputados se defienden calificando los hechos como “errores”. Por cierto, la reiteración de las irregularidades observadas en los pagos sustentados con boletas o facturas a terceros, sin una evidente contraprestación de servicios, juega en contra de estos últimos. Y si bien se trata de un asunto que deberá resolver la Justicia, el daño que todo este proceso ha generado a la actividad política resulta evidente.
Por lo mismo, es fundamental que todos los organismos involucrados, incluyendo por cierto al Servicio de Impuestos Internos, demuestren las máximas garantías de ecuanimidad y transparencia en el ejercicio de sus funciones. Lo que está en juego no se limita al futuro de algunos empresarios o políticos involucrados en el caso, sino la confianza de toda la ciudadanía en un sistema que está en la base de nuestra democracia.
