«Guatemala: El tutelaje de Estados Unidos y el juicio por genocidio». Artículo escrito por Gusta Illescas y Rodrigo Véliz sobre el derrotero judicial del juicio al genocida Ríos Montt y el papel jugado por EEUU tanto en al actualidad como durante la dictadura guatemalteca
El resultado del juicio por genocidio puede desembocar en una paradoja para el futuro del país. Para miles de personas (especialmente víctimas y sobrevivientes) una sentencia condenatoria significaría demostrar nuevamente ante los tribunales la verdad histórica sobre uno de los episodios más sangrientos de la historia reciente del continente. Pero llama la atención que con una Corte Suprema de Justicia, Salas de Apelación, Corte de Constitucionalidad, y Ministerio Público copados por fuerzas paralelas, el juicio pretenda ser entorpecido por la defensa de Ríos Montt. Preocupa también el apoyo de Estados Unidos, no sólo por el rol que jugaron, sino por el actual proceso de militarización regional que impulsa. Un levantamiento del embargo de armas, dado por el visto bueno del Senado norteamericano ante una condena a Efraín Ríos Montt, y una legitimidad a la militarización, tienen consecuencias previsibles en un momento de alta inestabilidad política y social. Este es el nudo de la paradoja del juicio por genocidio.
¿Cómo es posible un juicio por genocidio en Guatemala?
Cuando el juicio comenzó en marzo de 2013, hubo una pregunta guía para interpretarlo: ¿Cómo era posible que se juzgara a pasadas figuras del Alto Mando Militar por un cargo como genocidio, estando un ex-militar (vinculado a los hechos) al frente del Ejecutivo?
La respuesta no es sencilla. Algo que no ha cambiado desde que el caso comenzó a inicios de la década pasada es la persistencia de organizaciones de víctimas y de derechos humanos para exigir justicia. Una y otra vez se toparon con un bloqueo por el Ministerio Público (MP) y la Corte de Constitucionalidad (CC) a cualquier tipo de avance. En la forma que opera el sistema de justicia, la voluntad de las organizaciones y el agotamiento de procedimientos legales no fueron suficientes.
Fue hasta que la correlación de fuerzas cambió inesperadamente que las demandas tuvieron eco.
Ayudó el deterioro de las redes políticas que el general Ríos Montt fue construyendo desde fines de los ochenta. Con su partido en el poder (FRG) del 2000 al 2004 el caso no tuvo otra salida que plantearse en España . Su fuerza era muy grande: logró en 1999 62 diputaciones y 153 alcaldías. Lo que siguió fue un deterioro al punto que para 2011 sólo consiguieron 14 diputaciones y 2 alcaldías. Ahora el partido ya no existe como tal. Otras partes de esta red, como la que tenía dentro de la CC, también cayeron.
Esto debilitó la posición del patriarca eferregista, y cuando finalmente dejó de tener inmunidad al salir del Congreso, pasó a entregarse inevitablemente a los tribunales en enero de 2012.
Un tercer elemento importante fueron las pugnas que se dieron entre líneas castrenses durante los años de Colom, que terminaron en la desclasificación de más de 11 mil archivos militares. Las pugnas eran entre los militares que apoyaban a Colom y la intención premeditada de éste por desbaratar a Otto Pérez Molina, el principal adversario de la UNE en las elecciones de 2011. Eso permitió que el documento Plan de Operaciones Sofía (POS) fuera desclasificado y entregado a una activista estadounidense, luego de las duras tensiones que esclareció Wikileaks.
El documento es vital porque con él es posible vincular la parte operativa de las masacres con los planes y órdenes que se emitían desde la cúpula militar. Sin este elemento el caso no caminaba. (Esto demostró su importancia en abril del 2013, cuando el mismo General (r) José Luis Quilo Ayuso (ahora presidente de la asociación de militares retirados, Avemilgua) aceptó en el juicio que había línea de comunicación.
Un cuarto elemento para que el juicio comenzara fueron las presiones internacionales con la presencia de la Comisión de la ONU (CICIG). Fue bajo ese tutelaje que se crearon espacios de independencia judicial en el sistema de justicia del país. De ahí viene la Cámara Penal dirigida por César Crisóstomo Barrientos Pellecer (+), que recibió el apoyo de la CICIG para la creación de los Juzgados y Tribunales de Mayor Riesgo.
También la destitución de Conrado Reyes como jefe del MP, luego que el entonces Comisionado Carlos Castresana renunciara en protesta, y la llegada de Claudia Paz y Paz, con un perfil penalista, formada en derechos humanos y sin vínculos con el crimen organizado.
Y por último, un elemento crucial ha sido la presión de Estados Unidos (EEUU). La razón principal es el levantamiento del embargo de armas que pesa sobre el señalado ejército de Guatemala desde 1976, durante el gobierno del demócrata Jimmy Carter. En la misma línea, otra razón de peso para EEUU es que buscan depurar al segmento militar de la línea dura que se involucró en negocios de contrabando desde la transición.
Esta alineación de fuerzas y encuadre de circunstancias permitió que el juicio se abriera. Lo que lo terminó cerrando fue una reconfiguración alrededor de Ríos Montt de las fuerzas con legado contrainsurgente: los empresarios que se vincularon a las fuerzas aéreas y financiaron la Tesis de Estabilidad Nacional, que serían objeto de investigación según se interpreta en la sentencia por genocidio del Tribunal A de Mayor Riesgo; y las presiones de Otto Pérez Molina (OPM) desde el Ejecutivo, luego que un testigo protegido lo incriminara como operativo en Nebaj.
Estas fuerzas pasaron de la defensiva a una ofensiva coordinada que derribó el tercer elemento que señalamos: la independencia judicial y de investigación. Luego de la anulación de la sentencia por la CC, fueron tomados el MP y las cortes del Organismo Judicial.
Eso cerró la posibilidad por meses.
Pero ahora, con esas nuevas condiciones, el caso parece avanzar de nuevo. ¿A qué se puede deber esto? Creemos que tanto la favorable posición de las fuerzas contrainsurgentes como la presión por el embargo resultan fundamentales para entender las tensiones que se avecinan.
La política exterior norteamericana hacia Guatemala
En 2009 se dieron las discusiones más serias sobre el embargo de armas. Según dijo en su momento el ex presidente Álvaro Colom, fueron seis los requisitos que presentó el Departamento de Estado para comenzar un cabildeo en el Senado estadounidense que diera fin al embargo. Entre ellos se mencionó el avance en la justicia transicional, donde el juicio por genocidio es el caso estrella.
Sino fuera por esto, el apoyo de EEUU al caso por genocidio resultaría sorprendente: es fácil ubicar al país del norte como el principal soporte de las dictaduras militares. Ese apoyo no sólo fue político y moral: la dotación de armas (directas o trianguladas por Israel), de equipamiento y de capacitación fue continua, lo que ha quedado claro en sus documentos desclasificados y los del Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN).
Que apoyen un proceso en el que estuvieron involucrados ha molestado a las fuerzas nacionales (empresarios, funcionarios y militares) que mancharon sus manos de sangre, y no lograron mantenerlo en secreto. Lo obvio sería pensar que EEUU lo hace para quitarse responsabilidad.
Esto es importante, pero ya que ninguna corte nacional o internacional tiene entre sus posibilidades el juzgar a algún funcionario estadounidense, esta opción debe verse como secundaria. Más importante es la política regional que ese país tiene, y cómo eso interactúa con lo que en Guatemala va aconteciendo.
Lo importante es aceptar que el Estado de Guatemala está tutelado por el país del norte. Y que esta tutela se da por ciertas condiciones. Guatemala es parte de un proceso más amplio de integración regional: en el aumento acelerado de la Inversión Extranjera Directa (IED) que tanto resalta la prensa, el 70% viene de los tres países del norte y de Colombia. La IED es liderada por EEUU y complementada por la dependencia financiera y comercial que tiene Guatemala.
Los proyectos de infraestructura que se construyen en el marco del Proyecto Mesoamérica tienen que ver con estos flujos de capital (en donde también cabe ubicar el capital y comercio narco, que cubre los mismos países) y sus alianzas con grupos nacionales.
Guatemala juega un papel económico subordinado en este proceso, y EEUU intenta continuamente moldear a la fuerza a la economía guatemalteca según esos intereses (con todo y las fricciones que esto genera con las élites nacionales).
Estados Unidos busca desde hace varios años que el carácter oligárquico de la economía tome una forma más liberal, de mercado, que permita no sólo mejorar el papel de sus inversiones en el país, sino hacer que la economía guatemalteca crezca con distribución de riqueza, evitando más migraciones (de personas hacia allá y de empresas para acá).
En esa línea deben verse las presiones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para que Guatemala deje de proteger a los grandes oligopolios, la demanda laboral en el marco del Tratado de Libre Comercio (DR-CAFTA), que señala a grandes empresarios de explotar ilegalmente para poder acumular riqueza, y las presiones por planes económicos que cierren el grifo de las migraciones.
Este tutelaje se complementa con la militarización y cooperación que se impulsa desde Washington. Pese al embargo militar, se han utilizado otros mecanismos para que las fuerzas de seguridad guatemalteca estén coordinadas con EEUU. Sólo en el año 2011, US$16 millones fueron donados con fines de seguridad y combate contra el narcotráfico al gobierno de Colom. De 1999 al 2013 se entrenaron alrededor de 5 mil agentes miembros del Ejército y de la Policía Nacional Civil (PNC). En los mismos años, la venta de artículos militares, sin mediación de parte del gobierno de Estados Unidos, fue de más de US$73 millones (Q584 millones aprox).
Este aumento en la ayuda militar se ha visto acompañado por la Iniciativa para la Seguridad Regional de Centroamérica (CARSI, por siglas en inglés), que sólo en el año 2008 donó una cantidad de US$496 millones a la región. En su Presupuesto para el año fiscal 2014, la ayuda para el CARSI recibió un total de US$162 millones, 26 más que los recibidos en el año fiscal 2012.
Para el 2015 se espera otro aumento, aunque los señalamientos y los condicionamientos han crecido. Para octubre, antes de las elecciones legislativas de medio término, el Senado y el Congreso recalcaron su apoyo al CARSI para solucionar la violencia y la corrupción, pero se mostraron preocupados por la corrupción (sic) y los abusos de las fuerzas militares, la impunidad y la falta de voluntad política.
Según el reconocido Wilson Center, el CARSI no se ha formado como un programa con una estrategia cohesiva, sino que termina funcionando como una serie de proyectos sin articulación. Esto no justifica los más de US$1.2 miles de millones desembolsados a la región desde el 2008.
Pero pese a las críticas, el CARSI, según un nuevo Senado republicano, no tendrá restricciones ni condicionamientos, como sí lo tendrán los préstamos que otorguen las principales instituciones bancarias presentes en la región (BCIE, BM, FMI), según se dijo en la última semana.
El CARSI muestra un leve desvío de la política regional de EEUU: por primera vez se invierte en programas de prevención, siendo el caso de Villa Nueva el principal beneficiado. Pero esto no se aleja aun de una política histórica de militarización, en aumento desde que muchos de los países en Sur América se alejaron de la hegemonía político-militar estadounidense.
Guatemala no es el caso y siempre se ha mantenido cerca, pese a los roces. Por eso ha aceptado la presencia del Comando Sur con su Operación Martillo, y no se pronunció en contra del avance de la IV Flota y de las nuevas bases militares en Honduras y Colombia. Eso es parte del plan.
El alegato de Pérez Molina por despenalizar el consumo, producción y comercio de drogas era solo eso, un alegato vacío, como se evidenció en su único resultado concreto. Mientras lo hacía, OPM ha buscado desde un inicio (Julio Ligorría Carbadillo está para eso y más) que el embargo fuera levantado. Algo que comparte todo el gremio militar, sin importar sus tendencias o afiliaciones. El problema para OPM es que hizo poco de lo que el Senado exigía: las violaciones a derechos humanos aumentaron, los avances en justicia se han visto cerrados y su papel en estos procesos ha sido muchas veces señalado.
En este escenario, un levantamiento del embargo de armas que permita unificar esfuerzos regionales de persecución bajo la égida norteamericana, sin que eso implique una mayor conflictividad social (la cual teme EEUU), no es posible. Otras cosas tienen que cambiar, como el juicio por genocidio.
Posibles escenarios
El juicio por genocidio sigue siendo toral en la coyuntura actual. Su resultado puede implicar varios escenarios de trascendencia para el país dentro de la dinámica regional que nos envuelve. Los escenarios son varios, comenzando por los más desalentadores.
La enfermedad de Ríos Montt hace pensar que está cercano a su muerte. En caso que su defensa logre persuadir al Tribunal para que no asista al debate y este quede en suspenso, podría llegar a su lecho de muerte procesado, bajo arresto domiciliar y pese al fallo de la CC, condenado.
Mediáticamente se está fraguando un discurso que victimiza a Ríos Montt por su salud y le resta importancia a las miles de víctimas que sufrieron durante su gobierno. Esto forma parte de la estrategia que prepara la línea dura para desviar el tema de fondo y desvirtuar al Tribunal en caso el debate continúe.
Uno de los mayores riesgos que la Cámara Penal esté a cargo de Blanca Stalling, colmada de relaciones de parentesco militares y señalada de vínculos con el oficialismo, es que puede llegar a hacer que los Juzgados y Tribunales de Mayor Riesgo pierdan efectividad. Parte se ha logrado al integrar a la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo que conocerá estos casos con gente próxima al oficialismo, como Anabella Cardona.
Se rumora que una posibilidad, la más remota, es que los tribunales de Mayor Riesgo se destruyan. Otra opción es que se cambie a los jueces y se ponga a gente afín. Y una última es que se cree un tercer Juzgado y Tribunal con jueces moldeables. En los tres casos se lograría el mismo objetivo: minar la independencia judicial.
En este sentido, el Tribunal B de Mayor Riesgo, a cargo de Jeannette Valdéz, está ante una primera prueba, que incluye resolver en lo inmediato la recusación planteada por la defensa de Ríos Montt por los comentarios vertidos en su tesis de maestría en derecho penal.
Es probable que el Tribunal mantenga su independencia y ratifique lo actuado por el anterior y que bajo esas condiciones cualesquiera de las instancias apelables y amparables detenga o suspenda nuevamente el proceso. No obstante el desgaste que implica podría perjudicar a los partidos conservadores o candidatas como Zury Ríos Sosa en pleno año electoral.
La amnistía tampoco parece desenvolver los nudos de la coyuntura, aunque al momento que la Sala I de la Corte de Apelaciones del ramo Penal favorezca a Ríos Montt, otros personajes vinculados al terror estatal alegarían el “principio de igualdad” para correr la misma suerte. No es casualidad que hace unos días OPM, en su discurso del 18 aniversario de la paz, se haya pronunciado a favor de una amnistía.
El costo político de declarar amnistía es elevado, sobre todo por la presiones de EEUU y porque en septiembre de 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya declaró en desacato al Estado guatemalteco por entorpecer el avance de 11 casos de alto impacto, la mayoría de justicia transicional.
El nudo se desatará cuando la amnistía sea resuelta a favor o en contra de Ríos Montt. En la justicia guatemalteca es costumbre utilizar recursos legales como armas políticas y mediáticas, como quedó claro con los múltiples amparos propuestos por la defensa de los militares. El objetivo es que en cortes afines se resuelva lo que dentro del juicio no se pueda: por eso es vital saber cuándo se resuelve, ya que usualmente se hace en momentos de peligro. La CC, por ejemplo, anuló la sentencia con un amparo que llevaba dos meses empolvado.
Otra posibilidad es que el Congreso derogue o reforme la Ley de Reconciliación Nacional y en particular el artículo 8 que reza:
La extinción de la responsabilidad penal a que se refiere esta ley, no será aplicable a los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada, así como aquellos delitos que sean imprescriptibles o que no admitan la extinción de 12 responsabilidad penal, de conformidad con el derecho interno o los tratados internacionales ratificados por Guatemala.
La aprobación del punto resolutivo el 13 de mayo de 2014 cuando 87 diputados niegan que hubo genocidio en Guatemala representaría una medición de fuerzas para esta salida. Cabe resaltar que la actual Junta Directiva del Congreso está conformada en su mayoría por ex miembros del FRG que conservan su afinidad riosmonttista.
La aplicación de la amnistía vía juzgado de segunda instancia o vía el Congreso sería coherente con la ofensiva conservadora impulsada veladamente por la línea dura militar desde su desplazamiento en las negociaciones de Paz, y apoyada en los dos últimos años por una amplia gama de fuerzas.
La amnistía sería vista como bochornosa para EEUU y para la Unión Europea que tanto invirtió para el proceso de negociaciones de paz. El juicio también puede seguir su marcha. Una sentencia que absuelva a Ríos Montt y a Rodríguez Sánchez daría legitimidad a la tesis conservadora de que en Guatemala no existió genocidio ni terror estatal.
En ese escenario continuarían las riñas a nivel internacional porque se estaría demostrando que no hay certeza jurídica en el país y lo que sucede en este caso puede suceder cuando se vulneren los derechos de una empresa transnacional que opera en Guatemala. Varias fuerzas políticas desaprovecharían la opción de llegar a buenos términos de cara a las elecciones, donde todos buscarán consensos de mediano plazo.
Una sentencia condenatoria por genocidio es políticamente inviable, como lo demostró la CC en mayo del 2013.
Finalmente una sentencia condenatoria pero no por genocidio, sino por crímenes contra los deberes de la humanidad, sería la mejor opción para los grandes poderes. Por un lado silenciaría a buena parte de la izquierda y los progresistas, ya que legitimaría parcialmente su objetivo: los militares fueron juzgados y se les condenó por terror estatal (pero no por genocidio). Se reconocería parcialmente la verdad de las organizaciones de víctimas y sobrevivientes que representan a las miles de voces que guardan silencio por el miedo infringido durante décadas. Una sentencia condenatoria podría generar mayor confianza en los segmentos de la población más marginados por la justicia guatemalteca.
La legitimidad también sería bien vista por Estados Unidos, que no presiona por una sentencia por genocidio, sino por una sentencia al Alto Mando; por una sentencia que sea lo suficiente como para cabildear con el Senado el siguiente año un levantamiento del embargo. Estados Unidos lo que pide es un requisito, y una sentencia así lo lograría.
La sentencia condenatoria lograría un consenso amplio entre los grandes poderes nacionales e imperiales, y daría legitimidad a un sistema de justicia a punto de colapsar.
Y según hemos tratado de proponer en este documento, eso podría traer pésimas consecuencias en un momento de conflictividad social y un generalizado descontento por el rumbo caótico del país. Por eso la paradoja del juicio por genocidio continúa siendo vigente.
