Costa Rica: magistrados dan curso a inconstitucionalidad contra la Reforma Procesal Laboral
Los magistrados de la Sala Constitucional dieron curso este lunes a una de las acciones de inconstitucionalidad que varios legisladores de oposición le interpusieron a la decisión del presidente, Luis Guillermo Solís, de levantar el veto a la Reforma Procesal Laboral.
La acción busca echar atrás en la decisión del gobierno y así archivar el proyecto ya que varios diputados de fracciones como el Movimiento Libertario, Acción Demócrata Cristiana y Liberación Nacional (PLN), señalaron desde incluso antes de que el veto fuera levantado, que esta no era competencia de la Presidencia de la República.
El conflicto surge a raíz de que existe un vacío legal en el que aunque la ley dice que el veto debe ser presentado por el Presidente de la República, en ningún lugar se menciona quién o cómo debe levantarse y tampoco se prohíbe expresamente, así que lo que se busca además, es que los magistrados definan el procedimiento de asuntos similares a este en el futuro.
Ahora el ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, el de Trabajo, Víctor Morales, la de Justicia, Cristina Ramírez, el presidente del Directorio Legislativo, Henry Mora, el mandatario Solís y representantes de la Procuraduría General de la República (PGR) están convocados a audiencia para exponer sus razones sobre el tema.
El veto a la Reforma Procesal Laboral fue levantado el viernes 12 de diciembre anterior, un día antes de que se cumplieran los 4 años que se da la ley para que se archiven los proyectos vetados.
El levantamiento del veto se une al que realizó el presidente nada más entrando a Casa Presidencial, cuando eliminó el veto a la ley que expulsaba a los artesanos de la calle 19 bis de San José centro.
El veto recibió oposición de los sectores económicos y de las cámaras empresariales, que fueron los primeros en levantar la voz ante la decisión del presidente.
Inicialmente, el anterior gobierno liberacionista, encabezado por Laura Chinchilla, junto con empresarios y sindicatos habían firmado el apoyo al proyecto de ley, ante una posible condena por parte de la Organización Internacional del Trabajo, debido a violaciones a los derechos de los trabajadores.
