México: advierten sobre el incremento de la explotación de mujeres con fines reproductivos
Se sancionará con multa de cinco a 50 mil días de salario mínimo y prisión de 15 a 30 años a toda persona que participe este delito
En el país crece una nueva modalidad de trata de personas, se trata de la explotación de mujeres con fines reproductivos o renta de vientres, que está perjudicando sobre todo a las mujeres pobres, de baja escolaridad en situación de vulnerabilidad, advirtió la presidenta de la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas de la Cámara de Diputados, Leticia López Landero.
Por ello, la aprobación para convertir en delito federal la trata de personas con fines reproductivos generó consenso de todos los partidos políticos y fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados, explicó la legisladora.
“Tenemos que proteger a las mujeres mexicanas y si la renta de vientres o úteros no se permite en países como Francia y Alemania, e incluso España, México no puede dejar en la indefensión a sus mujeres, sobre todo si son pobres que viven en zonas rurales, pues eso las hace más vulnerables”.
Subrayó el caso de España donde la ley no permítela renta de útero, per tolera que españoles renten vientres de mujeres de otros países.
La diputada López Pandero mencionó que la Ley General de Trata contempla como delito federal la explotación de mujeres con fines reproductivos y a partir de esta aprobación se sancionará con multa de cinco a 50 mil días de salario mínimo y prisión de 15 a 30 años a toda la cadena de personas (promotores, médicos, abogados, laboratorios y particulares) que participen y obtengan ganancias por este delito.
La trata de personas señala en entrevista la Diputada Federal, es uno de los delitos más lacerantes que reducen a las personas a mercancía, productos de consumo u objetos dejando de lado que todos los seres humanos somos igualmente valiosos, estableció.
Por ello, la presidenta de la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas de la Cámara de Diputados, Leticia López Landero, alertó sobre el crecimiento de la Explotación de Mujeres con Fines Reproductivos a través de la renta de vientres, renta de útero o maternidad subrogada.
En Sinaloa y Tabasco, donde esta práctica es legal es la mejor prueba de que no se hace con fines altruistas, sino de explotación sexual, agregó. “Hay un crecimiento en la afluencia de mujeres que rentan su vientre, pero también de grupos del crimen organizado que comercializan a mujeres y bebés con ganancias millonarias, a tal grado que el Congreso de Tabasco está pensando en limitarla sólo a casos en donde la mujer renta su vientre para casos altruistas, lo que provocará mayor explotación”, advirtió.
Estos Congresos, dijo López Landeros, deberán homologar sus leyes a la ley federal. En tanto, llamó al Congreso de Coahuila y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en donde se analizan iniciativas de maternidad subrogada a que actúen con mayor respeto y compromiso hacia las mujeres mexicanas, quienes merecen un trato digno, de personas, no de mercancía, de seres humanos con sentimientos y dignidad, no como máquinas reproductoras.
La presidenta de la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas de la Cámara de Diputados dio a conocer el caso de un matrimonio colombiano que vivía en Estados Unidos el cual rentó el vientre de una mujer colombiana que se dedicaba a fabricar ladrillo en su país.
Sin embargo, en el primer tratamiento donde le introdujeron el óvulo y el espermatozoide de los padres solicitantes, no se logró el embarazo. Entonces deciden utilizar uno de los óvulos de la madre que rentaba su útero y espermatozoides del colombiano. Como le introducen tres óvulos fecundados se logra un embarazo gemelar.
La mujer solicitante comienza a tener celos de la madre gestante y con ello se generan problemas entre la pareja por lo que a los cinco meses de embarazo le dejan de pagar dinero a la ladrillera colombiana incluso hasta que nacen los bebes y en vez de resolver su situación económica se ve en mayores problemas por su embarazo el cual logra llegar a buen término, pero sin recursos y sin un compromiso claro de parte de la pareja que le solicitó la renta de su útero.
Los bebés enferman por vivir en una ladrillera y el padre solicitante se entera y reclama a un juez la entrega de los bebés. Después de un juicio corto los niños son entregados al colombiano y sacados del país, ante lo cual la mujer que rentó su vientre y puso su óvulo se queda sin defensa, pues en su pobreza era difícil que iniciara una lucha contra alguien en otro país.
