Comisión Nacional de DDHH crea oficina especial para caso de Ayotzinapa
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) creó una Oficina Especial para el caso Iguala y nombró como titular a José Trinidad Larrieta, quien debe atender las violaciones a derechos humanos ocurridas el 26 y 27 de septiembre pasados en esa ciudad de Guerrero.
De acuerdo con el titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, el encargado de la Oficina Especial debe mantener comunicación directa con los padres de los normalistas desaparecidos, así como con las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales y grupos defensores de derechos humanos que los acompañan.
Otras de sus funciones serán determinar conductas u omisiones que violen los derechos humanos por parte de autoridades, impulsar la integración del expediente de queja y analizar las constancias de las averiguaciones previas de los fueros federal y local.
La CNDH detalló que Larrieta Carrasco se ha desempeñado como coordinador del Programa de Presuntos Desaparecidos de esa Comisión, así como en diversas dependencias federales y locales del ámbito de procuración de justicia.
Además fue asesor interregional externo del Centro para la Prevención del Crimen Internacional de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y ha impartido clases de Derecho Penal, Procesal Penal, Garantías Constitucionales, Amparo Penal y Derechos Humanos en diversas universidades en niveles de maestría y doctorado.
Padres de normalistas protestaron frente a cuartel militar
Los padres de los 42 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre pasado en Iguala, Guerrero, efectuaron una protesta frente a las instalaciones del 27 batallón de infantería, ubicado en esa ciudad, y exigieron la presentación con vida de sus vástagos.
Los contingentes de padres llegaron ayer a las instalaciones militares procedentes de la Normal de Ayotzinapa después del mediodía y gritaron consignas hasta las 16 horas, cuando concluyó la protesta.
Nerviosos, decenas de soldados corrían de un lado hacia otro y finalmente se colocaron en fila para impedir el acceso de los manifestantes al cuartel, quienes lograron ingresar unos cinco metros en las instalaciones.
Una madre clamó: «Ayúdanos, Señor; muéveles el corazón para que entreguen a nuestros hijos». Frente a los militares –unos guardaban silencio mientras otros reían–, gritó entre sollozos: «¿Qué haría su madre o su padre si a ustedes los hubieran desaparecido los policías y los soldados? Moverían cielo, mar y tierra, ¿no?»
«Queremos a nuestros hijos en sus hogares»
Una anciana dijo a los uniformados: «Somos muchísimas madres llorando por nuestros hijos; los queremos en nuestros hogares, en las escuelas, en esta Navidad. ¿Les gustaría que alguno de sus hijos fuera el 44?»
A unos 50 metros de los padres estaban apostados casi cien elementos de la División de Gendarmería de la Policía Federal, equipados con escudos y toletes. Una mujer gritó a los soldados: «Aquí estamos, sin armas, venimos a morir; ustedes están armados, ustedes nos matarían, pero si me matan de todos modos ya me mataron, ya no tengo corazón».
Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, dijo que con la protesta frente al 27 batallón de infantería en Iguala se reclamó la postura omisa del Ejército Mexicano el pasado 26 de septiembre. «Es la primera de una serie de movilizaciones que llevarán a cabo los padres de familia en la entidad y diversas partes del país, incluso en Estados Unidos».
Además, exigió al presidente Enrique Peña Nieto que se abran nuevas líneas de investigación que incluyan al Ejército Mexicano y en general a las fuerzas federales, porque «estuvieron en los hechos y tienen importantes datos. Deben explicar qué hicieron durante las cinco horas que duró la represión contra los estudiantes de Ayotzinapa y por qué no intervinieron».
Rosales Sierra lamentó la postura de los empresarios de Acapulco, que culpan de la baja en la afluencia turística al movimiento social. «Ayer hubo 11 muertos en el puerto y los empresarios no dijeron nada. En esta lógica pareciera que hay que meter a la cárcel a los que protestan y a los que matan no. La clase patronal asume una actitud hipócrita y no dice nada al respecto».
Destacó que «la imagen de Guerrero y las afectaciones que padece obedecen a diversas causas, como la pobreza y el desempleo, pero el crimen organizado está intacto, los empresarios debieran tener una estrategia clara para estos casos y no culpar al movimiento».
En tanto, unos 35 integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, del Movimiento Popular Guerrerense y del Frente Único de Normales Públicas del estado de Guerrero tomaron casi cinco horas la caseta La Venta, donde empieza la Autopista del Sol, y cobraron 50 pesos a los automovilistas para permitirles circular. Argumentaron que la cooperación es «para mantener vivo el movimiento y para ayudar a nuestros hermanos de Ayotzinapa».
