Costa Rica ganó millonario juicio a petrolera multinacional
El Tribunal Contencioso Administrativo rechazó una demanda interpuesta por la empresa petrolera Harken que procuraba el pago de $13 millones por parte del Estado costarricense por la suspensión de un contrato para la búsqueda de hidrocarburos en las costas caribeñas del país.
Este caso se remonta a abril de 2005 cuando la empresa de origen estadounidense interpuso la demanda en los tribunales. Sin embargo, es necesario retroceder al año 2000, cuando la compañía entregó a la Secretaría Nacional Técnica Ambiental (Setena) los estudios ambientales para construir una planta marina en las afueras de Moín, en Limón.
En marzo de 2002 la Setena rechazó el estudio de impacto ambiental, determinando que una exploración petrolera de esa magnitud podría dañar el ambiente. Para marzo del año entrante, Harken Energy aseguró que demandaría el pago de $57 millones en un arbitraje internacional, pero siete meses después dio marcha atrás. Finalmente, en marzo de 2005 la administración de Abel Pacheco (2002-2006) decidió rescindir el contrato con Harken.
“Se rechaza la excepción de prescripción planteada por la representación del ente accionado. Se acoge la excepción de falta de derecho interpuesta por el Estado, y por consiguiente, se rechaza en todos sus extremos la demanda interpuesta por Harken Costa Rica Holdings L.L.C., representada por Claude Bary Chandler, en contra del Estado”, cita el por tanto de la sentencia 1754-2014, con fecha del 10 de setiembre de este año.
Harken pretendía que el Estado pagara ese monto de dinero incluyendo los costos y gastos asumidos entre 1999 y 2005; el costo de oportunidad, pérdida de chance, pérdida de oportunidad de negocios en otros países, el acceso a nuevos negocios, entre otros. Además de los ingresos y utilidades que la empresa dejó de percibir durante ese lapso, tomando en cuenta la rentabilidad del negocio esperada.
En enero de 2005, el entonces presidente Pacheco y su ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, firmaron un decreto con el cual rescindieron el contrato con Harken, acusando incumplimientos con todos los informes trimestrales sobre el área de concesión en el caribe costarricense que debían entregar y enfatizaron en que no hicieron los estudios de impacto ambiental requeridos.
Harken tampoco renovó una garantía de cumplimiento por 300 mil dólares que debía mantener vigente, mientras se realizaba la etapa exploratoria.
Fue en 1998 cuando Harken Costa Rica Holdings LLC, subsidiaria de Harken Energy, ganó un contrato de concesión por 20 años para explorar petróleo en la provincia limonense. Previamente la concesión había sido ganada por la empresa MJK para explorar cuatro bloques marítimos, esta entidad cedió parte de sus derechos a Harken.
“Este es un precedente para el caso Crucitas, para el de APM Terminals y para un montón de casos donde la información técnica manejada por la gente puede sanar muchos de estos procesos administrativos que tienen muchas fallas”, recordó Mauricio Álvarez, presidente de la Federación Ecologista (Fecon), quien fue parte del proceso.
