Paraguay: senadores de distintas bancadas rechazan juicio político a miembros de la Corte
Los senadores que se oponen al proceso de juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sindulfo Blanco, Óscar Miguel Bajac y César Garay Zuccolillo, ratificaron ayer, en un comunicado dado a conocer en conferencia de prensa, que no cambiarán de postura, dando así el más duro golpe político al presidente Horacio Cartes y a su principal aliado en el Congreso, el senador Blas Llano, impulsores de los cambios en la máxima instancia judicial del país.
Son 18 los senadores, 11 de la multibancada progresista, dos liberales y 5 colorados de la bancada B, los que se oponen al proceso.
De estos 18, 16 estuvieron ayer en la conferencia de prensa donde ratificaron su postura. Los colorados Gustavo Pipo Alfonso y Mirta Gusinky se encontraban de viaje. El primero autorizó su firma en el comunicado y Gusinky se adhirió al escrito, según explicaron los firmantes.
Los legisladores señalaron que no avalarán la destitución de los tres magistrados porque se trata de un pacto entre Cartes y Llano para continuar con el cuoteo político.
Con este panorama, el juicio no podrá realizarse este año ya que no se reúnen los 30 votos necesarios. Hasta ahora se llega a 27 votos.
De seguir así, el proceso estará varado hasta marzo, luego del receso parlamentario.
En su comunicado, los legisladores afirman que el juicio se promueve de «forma irresponsable y autoritaria» y «no busca más que seguir poniendo de rodillas a nuevos ministros ante el poder político de turno».
En lugar de realizar el juicio político, los senadores proponen iniciar un acuerdo entre los sectores políticos y representantes de los principales estamentos organizados para concretar las reformas estructurales del Poder Judicial.
Proponen «impulsar la inmediata puesta en marcha de la Comisión Nacional para el Estudio de las Leyes que Regulan el Funcionamiento del Poder Judicial», con el objeto de sugerir en un plazo de 6 meses los cambios necesarios.
«Hacemos un llamado a la ciudadanía y a las dirigencias políticas, sociales y económicas del país a sumarse a esta iniciativa y a reclamar las garantías necesarias para que la reforma del Poder Judicial no se convierta en una retorcida maniobra para preservar el poder de los oscuros intereses del crimen organizado sobre la justicia y fortalecer, una vez más, el cuoteo puro y duro en la designación de ministros de la Corte», indica el escrito.
Los legisladores aclaran que están de acuerdo con enjuiciar a los ministros «que se hayan hecho merecedores de ello, uno a uno y con pleno respeto a las garantías procesales», pero que se debe «acordar un mecanismo de transición para el nombramiento de nuevos ministros, apuntando a un nuevo sistema constitucional para el efecto».
Hugo Richer, del Frente Guasu, señaló que las versiones de ofrecimiento de dinero en Diputados ya de por sí «deslegitima totalmente el proceso».
